Es la que tuvo lugar en la Asamblea Nacional en el enjuiciamiento político a la excanciller, señora Espinosa; fue fallido en efectos legales, no porque le asistieran razones, sino porque la Constitución de Montecristi estableció un procedimiento que garantizó la impunidad anticipada, de la que necesitarían más adelante los revolucionarios de las manos limpias para cometer sus desafueros. Tradicionalmente, en las Constituciones ecuatorianas, como en las de las repúblicas latinoamericanas que adoptaron el sistema consagrado en la primera Constitución republicana de la era moderna, la de Estados Unidos, constó que para destituir al presidente o al vicepresidente se requería el voto de los dos tercios del Senado o del cuerpo legislativo. Se quiso dar estabilidad al Gobierno. Eso está bien, pero la viveza criolla de nuestros revolucionarios del siglo XXI hizo extensivo este requisito de los dos tercios de los votos al enjuiciamiento a los ministros; por eso, en esta, la primera interpelación real en estos doce años, ha resultado legalmente ilesa la excanciller con dos tristes votos a favor y 87 en contra. Esto, en Asamblea o en básquet, es una paliza, ¡una paliza moral! Conociendo que la votación le iba a ser adversa, es lógico que no haya venido al Ecuador, a pesar de que ha viajado a varios continentes y países. ¡Ah! Para redoblar la garantía de impunidad, la Revolución Ciudadana estableció que sin la aprobación de la Comisión de Fiscalización no hay juicio político, aunque lo reclame la mayoría de la Asamblea. En el juicio a la excanciller, fue por presión ciudadana, porque había cambiado la correlación de fuerzas políticas o el favor presidencial, que la Comisión de Fiscalización desempolvó el juicio propuesto un año antes, y emitió informe favorable, días antes de que caducara la posibilidad de enjuiciamiento.
No se trató en la interpelación de la nacionalidad ecuatoriana de Assange, concedida por disposición de la excanciller; suponemos que no se trató porque la funcionaria manifestó, expresamente, que dispuso tal otorgamiento con anuencia del presidente Moreno; por ese motivo, habrán calculado los interpelantes, que no se contaría con los votos del morenismo; pero un asunto tan grave no puede quedar sin ser juzgado; el contralor del Estado ha establecido formalmente las infracciones cometidas durante el proceso de nacionalización y, cuando sus observaciones se confirmen, deberá requerir se determinen las responsabilidades penales correspondientes. El actual canciller calificó a la concesión de la nacionalidad ecuatoriana como lesiva al interés nacional. Si es lesiva, no puede la Cancillería continuar manteniendo a la excanciller en su personal ni pagando su departamento en Nueva York.
La interpelación tuvo lugar gracias a la perseverancia y coraje de los interpelantes, quienes obtuvieron una abrumadora victoria numérica y ética, que tendrá trascendental efecto nacional e internacional.
Hay que enmendar toda disposición que garantice impunidad. Como Julio César Trujillo no pudo concretar la reorganización judicial por el fracaso del Consejo de la Judicatura transitorio, ya vemos que la Corte Nacional ha favorecido a uno de los jerarcas del correísmo, cuyo hermano fugó en las narices de las autoridades competentes o incompetentes. ¡El grillete sigue en boga!
(O)
