A propósito de las nuevas elecciones a celebrarse en marzo del 2019, comienza a surgir una serie de propuestas por parte de los candidatos a las distintas dignidades de elección popular. En el caso particular de Guayaquil, el debate comienza poco a poco a encenderse en ambas orillas de la parrilla electoral. Los unos defendiendo lo conseguido y logrado en los últimos cuatro lustros y los otros tratando de visibilizar problemas que en su criterio la ciudad aún no ha podido solucionar y que por tanto merecen, cuando menos, otro enfoque, otra perspectiva.

En esta dinámica electoral uno de los temas que más me ha llamado la atención ha sido la propuesta de eliminar las rejas que existen en decenas de parques que tiene esta ciudad.

Tratando de encontrar una explicación a esta decisión que en su día adoptó la administración municipal presidida por León Febres-Cordero y mantenida por el alcalde Nebot, cito las palabras de Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana del Municipio de Buenos Aires, reproducidas por el diario La Nación: “La construcción de cerramientos responde a establecer condiciones de seguridad y protección para espacios que han sido violentados o que presentan problemáticas específicas y motivan denuncias de vecinos. Sin embargo, nuestro objetivo es que las plazas estén abiertas y al servicio del disfrute de todos”.

Sugiero que las nuevas autoridades locales que sean elegidas, propongan y consigan que la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) regrese a colaborar con la Policía Nacional, como se consiguió que se lo haga en el gobierno de Alfredo Palacio y que duró hasta los inicios del correato.

Dicho esto queda claro que proponer sacar las rejas de los parques sin conocer la problemática real del sector en donde se encuentra el parque que se desea intervenir o sin escuchar el deseo de los vecinos, se trataría en mi criterio de un grave error. Es verdad que todos quisiéramos tener parques y plazas abiertas y al servicio de todos los vecinos del cantón, pero no deja de ser cierto también que la inseguridad que desde hace años se vive en la urbe porteña, hace comprensible la medida adoptada hace ya algún tiempo y que se ha venido manteniendo todos estos años.

En todo caso, más allá de esta incontrastable realidad, considero que debería paulatinamente regresarse de forma planificada y escuchando a la ciudadanía, a tener áreas verdes y parques abiertos al público. Para eso sugiero que las nuevas autoridades locales que sean elegidas, propongan y consigan que la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) regrese a colaborar con la Policía Nacional, como se consiguió que se lo haga en el gobierno de Alfredo Palacio y que duró hasta los inicios del correato, quienes, para desgracia de esta ciudad, decidieron terminar el programa de colaboración conjunta que existía con la Policía Nacional, bajo el argumento que se estaba “privatizando” la seguridad y que el éxito de esta colaboración no podía quedarse con el municipio, en una visión egoísta y perversa.

La solución de sacar las rejas de los parques no pasa por lo tanto en poner policías metropolitanos a cuidar estas áreas, ya que no están ni constitucional ni técnicamente habilitados para controlar actos delincuenciales o vandálicos, sino de un compromiso real de solucionar la grave crisis de inseguridad que existe en Guayaquil, lo cual solo se podrá lograr si se produce nuevamente esa gran alianza público privada, entre el Gobierno central, el Municipio y la empresa privada que tan buenos resultados nos dio hace más de una década. (O)

* Catedrático de Ordenamiento Territorial.