En una entrevista de televisión Pamela Aguirre, admiradora del presidente y vocera de la agrupación política Rafael Contigo Siempre (RCS) dijo que “tenemos un pueblo sabio que sabe escoger a sus gobernantes” como argumento para justificar su particular forma de concebir la alternancia del poder, que en la práctica se traduce en la búsqueda de perpetuar al que considera su líder.

A partir de ese individuo abstracto al que le denominan “pueblo”, se construye la idea del “interés general”, que para este caso es el reflejo de los intereses del colectivo RCS o deberíamos decir del movimiento de gobierno, que es lo mismo, porque el discurso oficialista es uno solo, desde Rafael Correa, Jorge Glas o Pamela Aguirre, diversos rostros repitiendo la misma consigna: líder hay uno sólo y es insustituible. Parece que más allá de las firmas, lo que quieren es nuestra resignación de que ante este poder no hay alternativa.

Según Pamela, el pueblo tiene derecho a elegir a quien quiera que lo gobierne, incluido Correa, y es por esto que lidera la campaña a favor de su repostulación. Sin embargo, en la práctica el derecho a “elegir” que tanto predica está restringido al sufragio sobre los temas de interés del gobierno y el “pueblo”, palabra extensamente manoseada en el juego democrático, es interlocutor válido sólo mientras delibera en el estrecho margen de realidad que el poder le impone, nada más allá de eso.

El voto como mecanismo de elección de los gobernantes no constituye una ampliación de derechos ciudadanos, cuando el poder de elegir que nos es otorgado cada cuatro años o en convenientes coyunturas, se convierte en impotencia cotidiana para incidir en la política y sobre los temas que nos competen como sociedad. El poder de decisión de la ciudadanía es efímero, se limita al lapso del sufragio, mientras que el tiempo de la arbitrariedad del gobierno y el Estado se amplía y se absolutiza en nombre del monopolio de la representación.

Como muestra encontramos la reciente inauguración del proyecto de explotación minera Río Blanco en Cuenca, sin debate social, sin consulta previa de las comunidades afectadas y sin contar con estudios ambientales técnicos definitivos de organismos independientes, como lo demandan la sociedad y autoridades cuencanas; así como el desalojo de la comunidad shuar de Nankits en la provincia de Morona Santiago, cuyo territorio ancestral fue concesionado para el proyecto minero a cielo abierto Panantza-San Carlos, bajo similares modalidades de autoritarismo. En estos casos y en muchos otros donde los intereses del gobierno están en juego, no hay pueblo soberano que decida ni ley que los detenga.

De esta manera, el pueblo solo es “sabio” para elegir presidentes como dice Pamela, más no para decidir sobre el manejo de los recursos naturales y la preservación de nuestras fuentes de agua y biodiversidad, en definitiva, nos creen incapaces de decidir sobre nuestro destino y el de las futuras generaciones.

No parece tan sabio entonces un pueblo que considere al poder como una atribución personalizada, sea rey, caudillo o presidente elegido en urnas. Ya nadie habla de la democracia participativa, ni de construcción política colectiva; este gobierno se encargó de burocratizar la acción social y criminalizar toda tradición histórica de auto-representación política que esté fuera de su control.

Desde esta mirada conservadora, delegar el poder es dejar de ejercerlo, el pueblo tiene el derecho de hablar, firmar, votar, elegir, resistir, aceptar, exigir, demandar, incluso derrocar… pero jamás gobernar.