Hace tres años la Unesco declaró al Macizo de El Cajas como Reserva Mundial de Biósfera, un área de casi un millón de hectáreas localizado al sur de la Cordillera Occidental de los Andes, situado principalmente en la provincia del Azuay, a tan solo 35 km de Cuenca, y que también comparte zonas con Cañar, Guayas y El Oro.

Al interior del Macizo del Cajas está la zona núcleo, que es el Parque Nacional Cajas, el Área Nacional de Recreación Quimsacocha y una zona marina costera, son más de 30.000 hectáreas con sistemas lacustres que albergan 235 lagunas de origen glaciar. Estas áreas protegidas están destinadas a la conservación de ecosistemas y especies de exuberante diversidad biológica, con importantes fuentes de agua y mineral estratégicas para el Ecuador.

El Cajas se sumó al Podocarpus-El Cóndor, Yasuní, Sumaco-Napo Galeras y las islas Galápagos, también reconocidos como reservas de la biósfera. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha podido establecer un plan de manejo efectivo que permita la preservación de este territorio, reserva mundial de agua. De igual manera, la zona se encuentra amenazada por la ejecución de los proyectos mineros Loma Larga de la empresa canadiense INV Metals y Río Blanco de la empresa china Junefield ubicados en el área de amortiguamiento, que es contigua a la zona núcleo de conservación, y que debería ser utilizada para actividades compatibles con prácticas ecológicas adecuadas.

Las comunidades azuayas de Victoria del Portete, Tarqui, Molleturo y Girón, así como técnicos especialistas en explotación minera, ambientalistas y diversos sectores sociales, denuncian que existen grandes e irremediables riesgos ambientales si se permite la minería en estos páramos, no sólo porque peligra el equilibrio del ecosistema en la zona sino porque atenta contra la integridad de las fuentes de agua que provienen de estos humedales y de los cuales depende la vida de las comunidades y de la mayoría de la población que habita en la zona sur del país.

La Constitución de Montecristi ha vivido en Estado de Excepción desde su masiva aprobación popular en el 2008. En la práctica el gobierno la fue modificando hasta vaciar el concepto del “Buen Vivir” y transformarlo paradójicamente en la principal justificación para violar los derechos de la naturaleza. Determinó como enemigo público a todo pensamiento disidente, principalmente a las fuerzas populares que dieron vida a dicha Constitución y criminaliza a quienes denuncian los impactos negativos del extractivismo; al parecer, en nuestro país, el principio de universalidad de la ley está lejos de aplicarse universalmente.

Ecuador es el país de los derechos de la naturaleza, sin embargo estamos cambiando los intereses nacionales por la necesidad de dinero. El gobierno está empeñado en convertirnos en un país minero, en profundizar la dependencia de nuestra economía primario exportadora, incluso pasando por alto los mandatos constitucionales, principalmente aquellos que garantizan el derecho a la consulta previa de las comunidades urbanas y rurales afectadas por las concesiones, entregando licencias ambientales sin análisis exhaustivo de los riesgo de explotación y sin deliberación democrática, como deberían abordarse los temas de interés nacional.

Pareciera que la Constitución del 2008 fue escrita en la arena, mas no en la conciencia de la gente, porque sus conquistas hoy son frágiles y reversibles. Fuimos capaces de demostrar al mundo que los ecuatorianos y ecuatorianas estábamos dispuestos a cambiar nuestro actual modelo de desarrollo y construimos nuevas normas de convivencia basadas en la cosmovisión ancestral del Sumak Kawsay; sin embargo, el escaso involucramiento de la sociedad en el debate público sobre la actual perpetuación del modelo extractivista y la inminente explotación de minería a gran escala en zonas protegidas que alguna vez nos dieron el título de país megadiverso, nos hace pensar sobre el verdadero nivel de responsabilidad y compromiso social que tenemos con el presente y el futuro de las generaciones, así como con el valor que le otorgamos a una naturaleza a la que fuimos capaces de darle derechos constitucionales.

En febrero de este año la Corte Constitucional de Colombia prohibió la minería en los páramos de ese país por ser contraria a sus normas constitucionales, demostrando que es posible hacer que prevalezca el derecho de su población al medio ambiente sano y no el derecho de las empresas adquirido por licencias ambientales. En Ecuador ¿seremos capaces de revertir concesiones, proteger nuestros páramos y defender los derechos conquistados?