Ni siquiera se conocen bien los resultados finales de las elecciones del 23F, ni contamos con una evaluación de esos resultados por parte de los sujetos políticos involucrados, los cientistas políticos y los ciudadanos, y el eje de discusión política ya cambió; todos de una u otra manera nos pusimos a discutir de la conveniencia o no de la reelección, luego de que un asambleísta y después el presidente mismo lo insinuaran. Debo reconocer esa enorme capacidad que tiene el Gobierno de establecer el contenido y la forma de la discusión política en cada coyuntura, de determinar la agenda del país y de crear un fenómeno comunicacional en torno a ella; propone un tema y todos nos ponemos a discutir sobre su conveniencia o no, nos marca el paso y el ritmo. Lamentablemente, ni el Gobierno ni la oposición son capaces de leer adecuadamente los factores subyacentes al resultado electoral y establecer una agenda de discusión pública. Nos movemos enseguida a otros temas en que la ciudadanía no está necesariamente interesada.

Es indudable que los resultados electorales plantearon al menos tres cuestionamientos al régimen y su evolución reciente: derechos humanos y régimen republicano de pesos y contrapesos, la cuestión del centralismo como forma de acción estatal y los efectos de la regulación estatal sobre las clases medias, justamente el sector que más se ha beneficiado de la Revolución Ciudadana. Fueron de tanta importancia estos temas, que la ciudadanía modificó el mapa político del país. Y, sin embargo, qué poca discusión hay en torno a ellos, nadie en este momento discute sobre la necesidad de modificar el Cootad o al menos de acelerar la entrega de las competencias establecidas en la Constitución y la ley a los gobiernos descentralizados autónomos; de modificar ese mamotreto jurídico que es la Ley de Comunicación; o, de modificar radicalmente el sistema de regulación sobre las pequeñas empresas y los emprendimientos económicos, especialmente su carácter de control, por uno más centrado en incentivos y apoyos.

Me da la impresión que son esos los temas centrales del momento y los que deben discutirse. De hecho, de una u otra manera el Gobierno se dio cuenta y ha comenzado a hacer algunos cambios: la salida de Carlos Marx Carrasco del SRI puede ser leída como una hábil jugada, en la medida que él encarna el Estado regulador; igual, el retroceso en el tema de aseguramiento obligatorio de profesionales y trabajadores autónomos que el IESS adelantó como cosa juzgada. También fue significativo el almuerzo y brindis ofrecido a los alcaldes o la autorización de que al menos algunos ministros acudan a entrevistas con la prensa independiente. Cabe, sin embargo, preguntarse si estos son solo movimientos de superficie y si estos temas deberían ser materia de discusión pública amplia y profunda.

Me parece que sí. Hay necesidad de que esta discusión se inicie lo antes posible. Dirigentes sociales y del sector privado, el liderazgo político, la academia y quienes escribimos en los medios debemos tomar esto como un gran reto y necesidad. Las propuestas deben ser construidas colectivamente, y ello puede leerse también como resultado electoral; la sociedad busca que estos grandes temas se construyan sobre la base de múltiples voces, no solo la del Gobierno. El diálogo y eventualmente la concertación entre todos se vuelve necesidad urgente.