Un año después de la desaparición de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, el Tribunal Cuarto de Garantías Penales emitió este lunes 22 de diciembre una condena contra los militares implicados en este delito.
El Tribunal, encabezado por el juez José Suárez, impuso una pena de 34 años y ocho meses de prisión a once militares por desaparición forzada. Entre los condenados está el jefe de la patrulla.
Fijó una multa de 800 salarios básicos unificados, la reparación integral de $ 10.000 que deben pagar cada procesado a las víctimas, disculpas públicas por medio de comunicación y ceremonia de desagravio en la base de Taura, incluyendo una placa.
Publicidad
Otros cinco militares que estuvieron en la patrulla, pero decidieron colaborar con datos ante la Fiscalía, recibieron una condena de 30 meses de prisión.
El teniente coronel Juan Francisco I. M., procesado en calidad de cómplice del delito de desaparición forzada, fue declarado inocente.
En este caso, diecisiete militares fueron procesados por el delito de desaparición forzada.
Publicidad
El juez ponente puso este lunes los detalles de la retención de los cuatro menores. Citó que, según la reconstrucción de los hechos, John Z. y el resto de uniformados retuvieron a los menores, pero contraviniendo los manuales de derechos y legislación se omitió el deber ineludible de comunicar la aprehensión inmediata al ECU911, de entregar a los ciudadanos a la Policía para su judicialización, de ser el caso de presentar conducta delictiva y garantizar su integridad física.
Al dar detalles de la retención, el juez dijo que en el trayecto ninguno de los miembros se disoció de la acción delictiva.
Publicidad
Además, el tribunal consideró que en la acción militar hubo pacto de silencio y se evitó reportar la verdadera naturaleza del hecho, por lo que se lo vincula con el dolo, según Suárez.
El juez dijo que ha quedado demostrado que la decisión de mover a las víctimas fue una disposición directa del mando.
Según Suárez, hubo coordinación de traslado ilegal. Aquello, citó, se configura en relatos que mencionaron que hubo comunicación con un jefe al mando, vía radio de comunicación, además de órdenes de ejecución en una parte del trayecto hacia Taura, testimonios que dan cuenta de detalles de la escena del árbol caído, y el posterior abandono de los menores en una guardarraya de Taura. Además, citó, en el retorno a Taura no se dieron mayores detalles de la detención y destino final de los cuatro menores.
El juez indicó que existe certeza del delito y participación de los procesados. Primero, que los 16 son militares en servicio activo y forman parte de la patrulla Tango Charly y estuvieron presentes en el lugar de los hechos; que dicha patrulla aprehendió a los menores; que fueron trasladados y abandonados en un camino de segundo orden y que como resultado fue la muerte de los menores.
Publicidad
La investigación se inició el 9 de diciembre de 2024 tras recibirse la denuncia de secuestro presentada por el padre de una de las víctimas.
Al principio, la causa fue conocida por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) y posteriormente, el 22 de diciembre de 2024, fue transferida a la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza.
Los menores Josué, Ismael, Nehemías y Steven, de entre 11 y 15 años, habrían sido detenidos por personal militar en las cercanías de un mall y trasladados en vehículos de las Fuerzas Armadas. Los uniformados de la FAE los detuvieron tras la alerta de un presunto robo.
Días después de la desaparición, los menores fueron hallados carbonizados en una zona de Taura. El 31 de diciembre de 2024, la Fiscalía determinó —mediante pericias de genética forense— que los cuerpos encontrados en Taura pertenecían a las cuatro personas menores de edad desaparecidas. (I)
