La reunión entre el Gobierno, alcaldes, prefectos y gobernadores para tratar la inseguridad en el país dejó insatisfechos a muchos de quienes asistieron y también a algunas autoridades locales que no participaron en la cita, pero escucharon los ecos.
Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas, quien fue a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en el norte de Quito, donde se desarrolló el denominado Encuentro por la Seguridad, espera que el Gobierno actúe. Adujo que han apoyado a combatir ese problema.
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“La violencia es tan grande, la amenaza, la extorsión, el robo, esto ya no lo podemos permitir”, señaló Sosa. Ello mencionó que ha afectado al turismo.
Esmeraldas es una de las provincias en las que rige un estado de excepción desde abril pasado. Las otras son Guayas y Manabí.
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En su jurisdicción, añadió, hay una ordenanza que regula la venta de una motocicleta que debe tener una placa y solamente puede circular un hombre o una mujer durante el día.
Sostuvo que han aportado con cámaras de seguridad, tecnología y con coordinación con el ECU911.
Atribuyó los problemas internos, entre otros aspectos, al ingreso libre de extranjeros a través de las fronteras.
Recordó que Esmeraldas es una zona de seguridad, por lo que espera que esa medida abone al descenso del nivel de violencia, pues mencionó que las muertes continuaban.
El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, quien también estuvo en la escuela militar, solicitó que la Policía haga un patrullaje nocturno en instituciones educativas y transporte público.
Recordó que la semana pasada, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una ordenanza para el control del porte de armas blancas, y también han colaborado en la reapertura de Unidades de Policía Comunitarias (UPC), brigadas barriales, iluminación de parques.
Guarderas anunció que contribuirán con presupuesto para equipar a la Policía con motos, camionetas, scooters, mantenimiento de las unidades policiales y ha exigido que haya un patrullaje completo y permanente en unidades educativas, universidades, transporte público.
En la reunión con el primer mandatario, los alcaldes y prefectos instaron a la necesidad de que el Gobierno cumpla con los rubros que debe a los gobiernos seccionales si se quiere que apoyen en materia de seguridad. Según las autoridades, a las prefecturas les deberían $ 450 millones y a los municipios $ 300 millones.
Para el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, todo proceso de diálogo es positivo, sin embargo fue insuficiente y la reunión fue un primer paso, de muchos que hay que dar, añadió.
Para él, no se establecieron tiempos por el Gobierno para el fortalecimiento de instalaciones relacionadas a la seguridad del Estado como Policía o Fuerzas Armadas, ni se dio plazo para que los gobiernos locales, que no tienen creado un Consejo de Seguridad Ciudadana lo hagan.
La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, sostuvo que cuando entraron a la reunión esperaban que les dijeran para qué fueron citados, qué iban a pedir y cuánto darían para cumplir con esas responsabilidades, pero ninguna de las preguntas fue respondida.
“El Municipio no es la mamá de todo Guayaquil. El Municipio hace todo lo que puede y más, aun así somos vistos como enemigos del Gobierno central”, sostuvo Viteri, quien recordó que la ciudad ha destinado unos $ 27 millones para el tema de seguridad.
Viteri explicó que en la cita el Gobierno reconoció que el tema de seguridad le compete a ellos y reconoció también que la única función como prefecturas y alcaldías era coordinar con la Policía.
La alcaldesa indicó que pese a tener críticas del gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, ella espera que sigan conversando en temas de seguridad.
“En peleas no voy a entrar, sé que soy blanco de críticas pero estoy abierta a hablar con cualquier funcionario sobre seguridad. No le voy a responder al gobernador, si él desea conversar conmigo personalmente, no tengo problema, estoy dispuesta para seguir trabajando y apoyando a la Policía”, afirmó.
Para quienes no pudieron asistir, la impresión es que la cita fue un saludo protocolario y una pérdida de tiempo. Ese es el caso de Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi, provincia en la cual está la cárcel regional.
Guamán mencionó que fue una socialización de las preocupaciones que tiene el presidente Guillermo Lasso y el pedido de asumir tareas vinculadas a la seguridad, según le han comentado colegas con los que dialogó sobre el encuentro.
En lo de fondo, Guamán consideró que no hay una política pública clara. Aclaró que las prefecturas no tienen competencia directa en esa tarea.
Aseveró que hace seis meses presentaron una petición -a través de la Asamblea Provincial- sobre cómo debería manejarse ese centro carcelario sin que hasta la fecha haya una respuesta gubernamental.
Señaló que en esa cárcel no hay servicios básicos, hace falta una política ambiental, se debe reducir el hacinamiento. Esos son algunos de los aspectos que han planteado.
En el norte del país, en la ciudad de Tulcán, destacaron que hay aportes para reducir la inseguridad.
Su alcalde, Cristian Benavides, tampoco fue a la cita con el Ejecutivo, pero asistió el vicealcalde, quien les comentará la conclusión del evento en una sesión que habrá este miércoles en el Concejo Municipal.
Benavides indicó que están trabajando en una ordenanza municipal que establezca temas de seguridad y sanciones, instalación de cámaras de videovigilancia, alarmas comunitarias, insumos para el personal del cabildo, pero aclaró que la responsabilidad es de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, en la frontera.
“No podríamos extralimitarnos o mucho peor, bajo la propuesta del Gobierno, endeudarnos para construir UPC u otra cosa, que es competencia exclusiva del Gobierno Nacional”, mencionó el alcalde. (I)