‘Tenemos evidencia de lo que el crimen organizado puede hacer en contra de los funcionarios judiciales cuando no están conformes con una decisión’. Magistrados presentan nueve pedidos para continuar sus labores

Representantes de los jueces en Guayas detallaron nueve puntos que serán compartidos con el Consejo de la Judicatura para tener condiciones “mínimas de seguridad” y expresaron su preocupación por la escalada de violencia que incluso afecta a los funcionarios públicos, como el fiscal Édgar Escobar, quien murió en un atentado criminal la semana pasada.Heidy Borja, jueza de Garantías Penales y presidenta de Asociación Ecuatoriana de Magistrados-núcleo Guayas, manifestó su temor por el alto índice de criminalidad, que en los recientes días ha llegado a afectar a colegas de Esmeraldas y Sucumbíos.Además de imponer sentencias, ella mencionó que hasta “ponen de su bolsillo” para cubrir ciertas carencias en insumos y están expuestos a sufrir atentados mientras laboran en unidades judiciales donde se sienten “inseguros” y “desprotegidos”. “Hoy tenemos ya evidencia de lo que el crimen organizado puede hacer en contra de los funcionarios judiciales cuando no están conformes con una decisión judicial. Esa es la gran diferencia entre el pasado y hoy”, dijo, y expuso que no se aplica de “forma” eficaz el reglamento para ofrecer protección a jueces que se sientan amenazados.Borja cuestionó que en Guayaquil, con la mayor población penitenciaria, solo uno de doce jueces con sede en esta ciudad, según informes de perfil y análisis de riesgo, reporta un nivel alto mientras el resto se categoriza con un nivel bajo.Con ese preámbulo, Borja pidió en nombre de sus colegas que se implementen anillos de seguridad en el perímetro de las unidades judiciales, incluyendo restricción de circulación vehicular, principalmente en convocatorias a audiencias relacionadas al crimen organizado; circuito de videovigilancia con conexión directa al ECU911; resguardo policial en unidades judiciales con la revisión y registro de los usuarios; instalación de detectores de metales y tecnología para detección de artefactos explosivos,Además, solicitó que las puertas y salidas de unidades judiciales deben tener salida y entrada diferenciadas entre usuarios y funcionarios judiciales y que los relojes biométricos deben ser colocados en sitios que estén fuera del alcance de usuarios. “Esto genera más riesgo para que sean víctimas del crimen organizado”, añadió Borja.Asimismo sugirió que los funcionarios judiciales deben tener instrucción sobre situaciones de riesgos con el apoyo de un equipo especial para conocer cómo actuar en eventos de amenazas.Al respecto del trabajo de los jueces de Garantías Penales que deben realizar turnos de flagrancia en horarios de la madrugada, expresó que se debe hacerlo de manera telemática por los riesgos que corren movilizándose hacia unidades judiciales ubicadas en zonas catalogadas como “peligrosas”. Para ello se deben implementar los instrumentos y plataformas tecnológicas, afirmó.“Posiblemente un día no vamos a retornar a nuestros hogares porque el crimen organizado está matando jueces, fiscales y abogados, solo en Guayaquil cinco jueces deben movilizarse en la noche para cumplir de manera presencial el turno de 00:00 a 08:00 sin algún tipo de resguardo”, dijo la jueza.Además, ella agregó la importancia de tratamiento psicológico para velar por la salud mental de los jueces que tramitan delitos de narcotráfico, delincuencia organizada, sicariatos, delitos sexuales y violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar.Entre los puntos más vitales, ella propuso que se debe tramitar con mayor celeridad el informe de perfil y análisis de riesgo en un plazo de 24 horas y no de semanas para sugerir las medidas de seguridad idóneas para precautelar la vida del funcionario judicial.“Con estas propuestas nosotros queremos mejorar la seguridad de la función judicial, el hecho de ser jueces y emitir decisiones que afectan a miembros del crimen organizado no debe ser una justificación para que nos quiten la vida, en la actualidad no existen condiciones mínimas de seguridad para el sistema de la función judicial; exigimos de manera inmediata condiciones mínimas de seguridad”, dijo la representante del gremio.Jessica Cañadas, miembro del equipo jurídico de la asociación, dio detalles de la serie de protocolos que deben seguir los magistrados cuando solicitan medida de protección de seguridad. Por ejemplo, citó que como primer paso el formulario otorgado por el Consejo de Judicatura para posteriormente comunicar al Ministerio del Interior, que a su vez dispone a la Subdirección Operativa de Seguridad y Protección de la Dirección General de análisis de inteligencia de la Policía para realizar un estudio de riesgo personal.Explicó que los encargados emiten la debida clasificación de riesgo y hasta determinar un dispositivo de seguridad se debe disponer de uno temporal con la coordinación directa con el solicitante y la subdirección a cargo.“No se les ha proveído de un dispositivo temporal hasta la obtención de un dispositivo permanente y tampoco han tenido una comunicación directa con la subdirección a cargo para solucionar las acciones respectivas de seguridad; se les ha dejado en completa indefensión y vulnerabilidad a los funcionarios judiciales a nivel nacional que han solicitado mediante este formulario su seguridad”, dijo. Cañadas sostuvo que los protocolos se deben adaptar a la situación de inseguridad que azota al país. (I)

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