¿Qué pasa si se registra un caso de conmoción nacional o una crisis de seguridad? ¿Quién tiene que tomar las decisiones en la Policía Nacional? Esas preguntas surgen después del pedido del presidente de la República, Guillermo Lasso, para que los generales del mando institucional pongan a disponibilidad sus cargos, algo que está previsto para este lunes 26 de septiembre.
La decisión del Ejecutivo se adoptó en el contexto de la desaparición y femicidio de la abogada quiteña María Belén Bernal, quien ingresó a la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo el 11 de septiembre y desde entonces no se supo más de ella hasta que hallaron su cadáver el miércoles 21 en el cerro Casitagua.
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Germán Cáceres, instructor de dicho centro y cónyuge de la ahora occisa, es el principal sospechoso en este caso por el que la atención de la opinión pública está centrada en la institución policial.
La noche del 23 de septiembre, el presidente Lasso, en cadena nacional, pidió la renuncia del ministro del Interior, Patricio Carrillo, y le dio una semana al comandante de Policía, Fausto Salinas, para que entregue alguna información respecto a Cáceres, quien está prófugo. Y el sábado, el Ejecutivo designó a Juan Zapata como nuevo titular de la cartera del Interior.
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Según el investigador y docente en temas de seguridad Lautaro Ojeda, el hecho de que los generales del alto mando policial pongan a disposición sus cargos no implica que ya hayan sido removidos, por tanto, “todavía se encuentran en funciones operativas”.
Él cree que los generales mantienen la capacidad de tomar decisiones, pues recién se iniciará un proceso de revisión en el que el Ejecutivo decidirá a quiénes remover del cargo o ratificar, pero recalcó que ellos tienen las facultades y obligaciones para continuar en funciones.
“Para mí es muy apresurada, yo diría ofuscada, la decisión del presidente, porque cuando él va a Nueva York ratifica la confianza en el ministro del Interior (Patricio Carrillo) y al regreso, bajándose del avión, primero le pide la renuncia, después le sustituye (…), lo mismo con esa amenaza al comandante de darle una semana para encontrar al teniente, me parece que es aventurado. ¿Basado en qué? ¿Por qué no cuatro u ocho días? No tienen fundamento estas decisiones”, comentó el académico.
En el caso, añadió Ojeda, de que el presidente decida la salida de todos los generales, la situación sería más compleja, y una de las alternativas sería buscar a los coroneles más antiguos para ascenderlos y ejecutar así la reestructuración institucional.
Según el abogado constitucionalista y penalista Stalin Raza, que los generales pongan sus puestos a disposición del jefe de Estado es “un acto de decencia, de reconocimiento de los errores”.
Por 177 días, Patricio Carrillo estuvo al frente del Ministerio del Interior
Sin embargo, en la línea de Lautaro Ojeda, recalcó que no significa que la Policía se quedará sin alto mando.
“Aquí procede la continuidad en el mando, existen jerarquías, niveles, promociones, antigüedades. El comandante de Policía debería articular cuáles son las promociones que siguen después de los generales para poder encargar las diferentes funciones, independientemente de que estén en el grado de coroneles. El problema radica en que el presidente también les ha pedido la renuncia a 300 oficiales, dentro de estos también coroneles, entonces ahí sí se viene un problema serio, si descabezamos un número tan elevado de oficiales de la Policía, ahí sí vamos a tener un problema”, explicó él.
A su criterio, el presidente debería designar un nuevo comandante general, “porque evidentemente el actual comandante no podría permanecer sabiendo que el resto de sus compañeros subordinados en el mando se retiran”.
Sostuvo que luego de designar el nuevo comandante deben asignarse las funciones en los grados y jerarquías que le siguen.
A más de la reestructuración, Raza señaló que se debe determinar el nivel de responsabilidad que tuvieron, de ser el caso, los oficiales en la desaparición y femicidio de María Belén Bernal.
“Entendemos que una crisis de esta naturaleza podría ser aprovechada por los grupos delincuenciales para sacar ventaja de las faltas de mando o faltas de coordinación, eso es principal y no se debe descuidar”, agregó.
A criterio del abogado, a todos los generales se les debería aceptar la disponibilidad del cargo, pero cuidando que los relevos sean inmediatos y que no queden vacíos que puedan complicar las operaciones y la seguridad pública.
“No es tan sencillo como decir simplemente sale alguien y el vacío queda ahí y nadie lo llena, no, tienen que irse llenando los espacios institucionales”, enfatizó Raza.
Los expertos consideran que hasta que se designen los nuevos mandos los generales continúan en funciones, según los reglamentos de la Policía, no podría quedar en acefalía.
El artículo 17 de la Ley Orgánica de La Policía Nacional establece: “El comandante general será designado por el presidente de la República, a pedido del ministro de Gobierno, de entre los tres generales más antiguos en servicio activo. En caso de ausencia o impedimento temporal, le subrogará el jefe de Estado Mayor”.
Además, el comandante será el que presida el consejo de generales, que se completará con los cuatro generales más antiguos. Este consejo es el que define los ascensos, bajas, nombramientos y estructura de la institución. (I)