‘Quizás se identificó que uno de los cuerpos llevaba brackets, pero eso no significa que haya ya una confirmación de que es la identidad de uno de los menores’, dice abogado de familias de adolescentes desaparecidos en Taura

Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), reaccionó ante la información difundida en redes sociales en torno a que ya se habría identificado a dos de los cuatro cadáveres hallados en Taura, parroquia rural del cantón Naranjal, donde desaparecieron cuatro menores luego de ser aprehendidos por militares en el sector de las Malvinas, sur de Guayaquil, el pasado 8 de diciembre.

El abogado que ha dado acompañamiento a las familias de los adolescentes desaparecidos señaló que inicialmente la información que les fue proporcionada por el centro forense de Guayaquil fue que el estado de los cuerpos encontrados en Taura imposibilitó que se les practique el reconocimiento por huellas dactilares.

“La primera información que se nos dio fue que era imposible realizar huellas dactilares en los cuerpos”, expuso el jurista.

El abogado de las familias de los menores desaparecidos mencionó que en el proceso de identificación antropológica se solicitó a una de las madres de uno de los adolescentes información odontológica de su hijo, pero este historial nunca fue aportado a Ciencias Forenses, porque el odontólogo se encontraba fuera del país.

“Entonces, no sé de dónde sacan que ya se ha identificado a uno de los cuerpos. Quizás se identificó que uno de los cuerpos llevaba brackets, pero eso no significa que haya ya una confirmación de que es la identidad de uno de los menores”, expresó Bastias.

Y añadió que por eso se hicieron las pruebas de ADN, para confirmar la identidad de los cuerpos hallados en Taura.

“La prueba de ADN se hace cuando las demás pruebas son insuficientes”, mencionó el asesor legal.

Bastias recalcó que de haberse confirmado la identidad de alguno de los cuerpos a través de los procedimientos realizados no se hubiera solicitado el proceso de identificación por ADN.

“Esa información independientemente de cuál sea tiene que pasar primero por el filtro de sus abogados (familia de menores) y de los familiares (...), la filtración de información no es información extraoficial”, expresó el abogado del CDH.

En este caso se investiga a 16 militares que actuaron en la aprehensión de los menores el pasado 8 de diciembre supuestamente porque los chicos habrían participado en un robo. Esa versión fue descartada la semana anterior por el fiscal que investiga la causa, quien señaló que no hay evidencia de aquello.

Por medio de su abogado, uno de los 16 militares busca que el juez que lleva la causa se inhiba.

El militar adujo que la desaparición forzada es un delito contra la humanidad, que es competencia de la Unidad Especializada contra la Corrupción y el Crimen Organizado, que tiene sede en Quito.

El juez rechazó el pedido de inhibición. Pero el militar volvió a solicitar una aclaración al pronunciamiento.

La audiencia de formulación de cargos en contra de los 16 militares investigados será el próximo 31 de diciembre, a las 10:00, en la Unidad Judicial Penal sur, en Guayaquil. (I)