Más de 50.000 denuncias sobre violencia sexual se han presentado en la Fiscalía General del Estado, según un informe que fue presentado este martes, 26 de diciembre, por la Defensoría del Pueblo.

El documento, de 55 páginas, en la sección de conclusiones generales y específicas menciona que, de las 52.051 denuncias de violencia sexual presentadas en Fiscalía, solamente 2.161 han recibido sentencia, en 870 han sido sobreseídos y en 589 hubo inocencia.

Además que solo 14.734 víctimas han sido atendidas en el sistema de salud pública, lo que da a entender que no reciben atención médica y psicológica.

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Para la Defensoría del Pueblo, las cifras entre la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura no coinciden. Asimismo sostiene que el porcentaje de casos concluidos es mínimo, lo que genera una sensación de impunidad en las víctimas.

El periodo de análisis va desde el 1 de enero del 2018 hasta el 16 de junio del 2023 e incluye varias entidades, como el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, los ministerios de Educación, Salud, Inclusión, de la Mujer y Derechos Humanos, del Interior, del Deporte, de Cultura, Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Consejo de Igualdad, Casa de la Cultura y Defensoría Pública.

La violencia sexual se entiende como las insinuaciones, palabras o gestos sexuales, toqueteos, caricias, manoseos o acercamientos consentidos o no por parte de una persona adulta hacia un niño, niña o adolescente.

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Algunas de las recomendaciones son que tanto Fiscalía como la Judicatura evalúen permanentemente la aplicación del protocolo de atención especializada y priorizar el control disciplinario a jueces que hayan sido denunciados por malas prácticas respecto a delitos sexuales.

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Adicionalmente, que los ministerios, como los de Inclusión y de la Mujer, tengan servicios especializados con horarios que no respondan a los de los profesionales de esas instituciones, sino a los requerimientos ciudadanos.

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También, que se conformen dos mesas técnicas permanentes: de protección y acceso a la justicia para ejecutar acciones coordinadas de prestación de servicios. (I)