La modalidad de “vacuna”, es decir, pagar por protección, es el delito de extorsión que más ha crecido entre 2022 y 2023 en Ecuador.
Según cifras de la Policía Nacional, pasó de 309 casos a 1.391: 1.082 más.
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Le sigue la extorsión virtual, que se hace por actividades a través de la tecnología, que pasó de 1.712 casos el año pasado a 2.760 hasta septiembre del año en curso, es decir, 1.048 adicionales.
La extorsión común pasó de 1.061 a 1.688, mientras que los casos de extorsión sexual bajaron de 106 a 96.
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La Policía ha hecho 103 operativos por extorsión y ha desarticulado 52 bandas delictivas dedicadas a las vacunas con 124 personas detenidas; de ellas, 105 ecuatorianos, 17 venezolanos y 2 colombianos.
Las provincias donde más se producen las extorsiones son Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, El Oro y Guayas (Quito y Guayaquil).
El ministro del Interior, Juan Zapata, ha manifestado la indignación por decisiones “absurdas de jueces que no apoyan a la lucha contra la inseguridad”.
El operativo Sigilo 25, por ejemplo, permitió la aprehensión de trece personas que presuntamente se dedicaban a delitos como secuestro y extorsión bajo la modalidad conocida como “vacunas” (extorsión), tenencia y porte de armas de fuego, receptación.
“Este es un tema que nace por flagrancia. Es decir, un comerciante quiteño ya fue vacunado (extorsionado) por tres veces; él se cansa de entregar dinero y denuncia a la Unase. Cuando generan las acciones investigativas y luego las operaciones tácticas y se aprehende a trece delincuentes, se les encuentra con todas las evidencias (...). Lastimosamente, pese a que la Fiscalía pide la prisión preventiva, estos jueces a las 02:00 les dejan prácticamente en libertad”, señaló el funcionario.
Para Carlos Blanco, coronel de Policía (SP), especialista en inteligencia, asuntos criminales y abogado, hay un problema más de fondo que de forma, porque, si bien se captura a los responsables, hay jueces y fiscales que cumplen con su trabajo; sin embargo, otros no, pero el inconveniente es que la Constitución es demasiado garantista para los criminales. Además, hay leyes que dan impunidad.
Cuestiona la imposición de medidas sustitutivas, que hace que los delincuentes salgan en libertad para seguir cometiendo delitos.
“Ellos buscan la posibilidad ante una ley que está dejando en la impunidad los delitos. Es el caso de los secuestros extorsivos, extorsiones o vacunas, que son difíciles de probar”, dijo.
Recordó además que muchas de las amenazas se hacen desde celulares que tienen codificaciones de otros países, pero en Ecuador son cobradas por bandas criminales asociadas.
“Mientras tengamos una legislación prodelincuentes, el país irá cada vez más a la deriva”, acotó.
Daniel Pontón, docente universitario y analista en temas de seguridad, cree que el crimen y la violencia se los podría solucionar con una mayor coordinación interinstitucional entre la Policía y la justicia en general, porque —asegura— esa función del Estado aduce, a veces, que la institución policial emite mal los partes policiales, y esos resquicios hacen que abogados saquen ventaja. O hay otras falencias en Fiscalía o en el sistema judicial.
Pontón sostuvo que la extorsión en general viene creciendo de una manera sistemática en los últimos años.
Señaló que no solo está el tema de las víctimas de esos delitos, sino también la capacidad del Estado de ejercer control sobre los territorios.
A su criterio, ha habido muy poca capacidad de las autoridades de poder comprender cuáles son las acciones o estrategias a tomar. Además que no sabe cuál es el modus operandi de la problemática y la naturaleza del delito.
Una alternativa para Blanco es que el nuevo Gobierno impulse reformas que den garantías al ciudadano, mas no a las bandas de criminales. (I)