En lo que va del 2023, en Quito se registra un total de 2.670 detenidos, esta cifra se actualiza con el paso de las horas, según el cometimiento de delitos en la capital.
Sin embargo, lo que llamó la atención de la Policía Nacional fue que de esta cifra solo el 43 % de aprehendidos se quedó en detención y el 57 % restante salió con libertad o medidas alternativas a la prisión preventiva, como presentación periódica ante un juez o prohibición de salida del país.
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Este dato lo confirmó el comandante de Policía del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), Víctor Herrera, mientras se refería al enfrentamiento registrado en el Comité del Pueblo la noche del domingo 18 de junio.
Recalcó que este sector llamado El Mirador se ha convertido en un nicho delictivo debido al microtráfico que se da en varios domicilios del lugar.
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Una casa que resultó incendiada por los ciudadanos sería uno de los puntos que se encuentran bajo investigación, pues su dueña, una mujer conocida como “La Pastora”, registra trece antecedentes penales.
Entre los últimos procesos constan que la mujer está vinculada por presunta delincuencia organizada. Ante esto, Herrera criticó la “impunidad” con la que se juzga a los detenidos.
El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que este no es el primer caso, que ya se han encontrado con quienes tienen hasta doce detenciones y que luego de recuperar la libertad siguen cometiendo ilícitos.
“Uno de los principales problemas de la violencia es la impunidad. Del último estado de excepción en Guayaquil un alto porcentaje de los detenidos de mediano valor fueron los mismos que se los detuvo en el estado de excepción de noviembre, enfatizó el funcionario.
Una de las razones del aumento de delitos es que los propios delincuentes ya manejarían una percepción de tranquilidad ante el cometimiento de un delito.
La experta en Perfilación Criminal Ana Minga señaló que no solo saben que cuentan con esta impunidad, sino que se aprovechan de eso.
Puntualizó que, en este sistema de leyes burladas ante un sistema corruptible, los abogados juegan un papel determinante, pues aseguró que existe un grupo de juristas que se han especializado en comprender la manera de encontrar los vacíos legales y liberar a los delincuentes.
El general de Policía Víctor Herrera también lamentó que solo en este sector llamado El Mirador en lo que va del año se han registrado cinco muertes violentas: cuatro por armas de fuego y una por arma blanca. Además, agregó que hubo cuatro tentativas de asesinato, por lo que se confirma la pelea por el microtráfico de droga.
Minga explicó que en este caso confluyen varios factores como la pelea de territorios de las bandas dedicadas al expendio de droga en la capital. Además, porque se refuerzan los brazos armados de las organizaciones criminales, un fenómeno que estaría llegando a ciudades como Quito y que se ha sentido su efecto en Guayaquil y Esmeraldas.
También indicó que se debe a la pandemia del coronavirus, pues las guerras y pandemias se convierten en refuerzo de las necesidades. Es decir, los niveles de pobreza aumentan y la búsqueda por conseguir ingresos económicos de manera fraudulenta prolifera.
Soluciones ante la inseguridad
Los habitantes del Comité del Pueblo reclamaron que la Policía no llega pronto ante los llamados de emergencia o que no hace nada en contra de los presuntos delincuentes.
Sobre esto, Herrera recalcó que de no haber sido por la actuación de 112 agentes de Policía, la cifra de víctimas que lamentar hubiese sido mayor el domingo.
Dijo que un grupo de 30 uniformados se mantendrá en vigilancia de manera permanente en este barrio que fue protagonista de balaceras, artefactos explosivos e incendios.
El ministro Zapata agregó que para que se reduzca la impunidad en el país, y por ende disminuyan estos casos de violencia, se espera que la administración de justicia haga su trabajo, que los jueces anticorrupción ya conozcan los casos sensibles y determinen culpables.
La coordinadora de la iniciativa ciudadana Quito Cómo Vamos, Daniela Chacón, argumentó que una de las medidas para que la Policía Nacional brinde respuesta inmediata a este tipo de actos altamente delictivos es que instituciones municipales se encarguen de temas de convivencia o conflictividad social, para que los uniformados no pierdan tiempo en casos que no tienen la suficiente relevancia.
Entre las entidades que podrían brindar un acompañamiento para tener un trabajo articulado están la Secretaría de Seguridad, Agentes de Control, Agencia Metropolitana de Tránsito, Bomberos, especialistas de Casa Somos, entre otros. (I)