El decreto de estado de excepción para las cárceles suma críticas entre especialistas y defensores de derechos humanos que no ven un real ataque al problema de fondo.
El Gobierno declaró el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad del país.
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La decisión consta en el Decreto Ejecutivo 823, firmado el 24 de julio. El estado de excepción será por 60 días. Dispone la movilización y participación de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
Declaran estado de excepción en las cárceles de Ecuador por 60 días
Para Luis Córdova, director del programa de investigación sobre orden, conflicto y violencia de la Universidad Central, hay tres errores gubernamentales: no reconocer que hay una complicidad de agentes de seguridad, además de otras instancias que permiten, por ejemplo, que ingresen armas, municiones y otros objetos como machetes, pensar que la inseguridad en las cárceles o fuera de ellas se resuelven con medidas de fuerza o de coerción sin atender a la economía de mercados ilícitos.
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La tercera falencia para el analista, es considerar que el problema de la violencia criminal está exclusivamente vinculado al narcotráfico cuando, a su criterio, ha crecido la criminalidad como secuestros, asesinatos selectivos, que ha desbordado la capacidad policial y militar.
“Estos estados de excepción intentan poner presencia militar y policial, meter más bala, pero muy poco hemos visto o prácticamente nada de un control en los circuitos económicos”, dijo.
Según Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el decreto es tardío e insuficiente porque los actos de violencia se iniciaron el pasado sábado, 22 de julio al mediodía y luego de 72 horas de enfrentamientos continuos recién se lo emitió.
Agregó que hay una restricción de libertad de reunión y ello les preocupa porque hay una obligación de dar información a los familiares de los detenidos.
“Son medidas reaccionarias (...) no hay un control efectivo de lo que se ingresa (...) puede tener fines efectivos en cuanto a la contención de la violencia; no es una garantía de que (en) los centros penitenciarios en el futuro no vuelvan a ocurrir los mismo hechos”, opinó Bastias.
Córdova sugirió mecanismos de supervisión para sacar de las filas a malos elementos e identificar patrones de conducta perniciosos dentro de organismos de seguridad, de lo contrario el ingreso de armas y municiones seguirá con lo que las masacres continuarán.
La Fiscalía, pasadas las 11:00 de este martes, ha confirmado el fallecimiento de 18 reos tras los enfrentamientos registrados desde el sábado en la Penitenciaría del Litoral.
La entidad indicó que además hay 11 personas (incluido un policía) que resultaron heridas.
“Una vez que la Policía y Fuerzas Armadas tomaron el control de las instalaciones de la Penitenciaria”, la Fiscalía indicó que procede con el levantamiento de cadáveres y recolección de indicios.
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Para resolver el problema, Bastias -indicó- que se debe asegurar de que no se ingresen objetos prohibidos, que haya un control de las cárceles por el Gobierno, depurar a efectivos de la fuerza pública para evitar que las bandas criminales sigan apoderadas de los centros penitenciarios, separar a privados de la libertad por el tipo de delitos con enfoque de derechos humanos.
Córdova -expresó- que si el próximo Gobierno no enfrenta el problema de otra manera, la escalada de violencia seguirá. (I)