“Este fatal hecho debe marcar un punto de inflexión en la forma de conducir la política de seguridad pública”, expone ONU Derechos por caso de menores de Las Malvinas

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció por el caso de los menores de Las Malvinas para pedir que se determinen responsabilidades para todos los culpables y que se indaguen otras denuncias sobre presuntas desapariciones forzadas.El 8 de diciembre anterior, los cuatro menores fueron llevados por un grupo de militares ante la supuesta alerta de un robo en el sur de Guayaquil. Según el Gobierno, el grupo de militares condujo a los menores hacia una zona de Taura, ubicada a unos 60 kilómetros de Guayaquil, en el cantón Naranjal.Ahí fueron abandonados y luego se les perdió el rastro hasta que el 24 de diciembre hallaron los cuerpos calcinados. El 31, mediante exámenes de ADN, se confirmó que se trataba de los cuatro menores.El organismo internacional expuso que el Estado ecuatoriano debe investigar lo ocurrido con los cuatro menores de edad, enjuiciar a todos los responsables y tomar medidas de no repetición de situaciones similares que “representan una grave violación a los derechos humanos”.Según el organismo, la información conocida por este caso coincide con lo dispuesto por la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.“Por tanto, la actuación de los victimarios debe ser perseguida, investigada y sancionada con celeridad por las autoridades correspondientes”, mencionó ONU Derechos, al recordar que el delito de desaparición forzada no se extingue por “haberse encontrado los cuerpos”.El representante en América del Sur de ONU Derechos, Jan Jarab, detalló que la investigación de este delito debe ser “independiente, sin presiones políticas y exhaustiva, abordando las eventuales responsabilidades del mando”.Entre los pedidos, el delegado Jarab resaltó la importancia urgente de abordar otras denuncias de desapariciones forzadas que han surgido en medio de la difusión del caso de Las Malvinas, y además adoptar medidas necesarias para evitar la repetición de estos hechos.“Este fatal hecho debe marcar un punto de inflexión en la forma de conducir la política de seguridad pública en el país”, detalló.Por otra parte, el organismo expuso su disposición para dar cooperación técnica al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de rendición de cuentas por “violaciones de derechos humanos cometidas”, promover la justicia racial en el actuar de los agentes del orden e impulsar la prevención con capacitaciones en derechos humanos.Además, la entidad expresó su consternación por la noticia de la identificación de los cuerpos de los menores de edad, condenó estos hechos ocurridos y extendió su mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas.Asimismo, instó a las autoridades a evitar la revictimización de las familiares de las víctimas y se comprometió a apoyarlos.La embajada de Estados Unidos en Ecuador y la Unicef también han emitido comunicados por este caso. Ambas entidades expresaron sus mensajes de solidaridad hacia familiares de las víctimas.La oficina diplomática norteamericana también expuso que se espera una investigación rápida y transparente por parte de las autoridades competentes.Actualmente, un grupo de militares permanece con prisión preventiva por el delito de desaparición forzada. Los defensores han expuesto que los dejaron a los chicos por la zona de Taura.Este 2025, el Gobierno decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en siete provincias, incluyendo Guayas, y tres cantones de Ecuador. Esta medida se toma por “grave conmoción interna” y “conflicto interno armado”, contemplado en el Decreto Ejecutivo 218 del 7 de abril del 2024, incluyendo los centros penitenciarios.Dentro de esta declaratoria se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, y se dispone que continúe la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. (I)

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