Más de mil quinientas personas han sido detenidas en la última semana a nivel nacional por el delito de terrorismo tras el decreto de estado de conflicto armado interno, emitido el 9 de enero por el presidente Daniel Noboa, luego de la incursión de hombres armados en TC Televisión.
A través de dicho decreto se reconoce como grupos terroristas a 22 organizaciones delictivas. El Gobierno dispuso a las Fuerzas Armadas neutralizar a estas agrupaciones.
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Pero ¿cómo se llevan los procesos penales contra estos supuestos terroristas y qué penas pueden enfrentar al ser hallados culpables?
Primero hay que aclarar que, para ser considerada terrorista, la persona capturada debe haber estado involucrada en un evento que cause terror y pánico en la población, dice uno de los fiscales a cargo. Esto va en consonancia con lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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El fiscal, que pidió la reserva de su nombre por seguridad, menciona que en este grupo entran los extorsionadores, también conocidos como ‘vacunadores’, que colocan explosivos y atentan contra pequeños negocios, pero también están las estructuras bien organizadas que se dedican a la extorsión, a los secuestros extorsivos, a asesinatos y tráfico de drogas.
El funcionario también indica que, de los más de 40 detenidos en Guayaquil por su supuesta participación en delitos de terrorismo, se ha identificado que la mayoría de ellos pertenece a ocho grupos delictivos que están siendo procesados por una unidad especial de la Fiscalía que investiga delitos transnacionales.
Hay catorce fiscales en tres provincias del país que ya están recopilando las pruebas para llevar ante los tribunales a los grupos delictivos bien organizados atrapados esta semana.
El primer grupo considerado terrorista en caer fue el de los trece tiguerones que tomaron por asalto el canal de televisión TC y que durante dos horas tuvieron como rehenes a periodistas y otros trabajadores del medio estatal.
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“Eso es un caso de terrorismo por estructura”, explica el agente fiscal, que indica que estos casos de mayor complejidad los ven jueces de la Unidad Anticorrupción y de Crimen Organizado, que están en Quito y que se conectan de forma telemática en las audiencias.
“Las estructuras tienen más de tres integrantes, tienen roles definidos, sus actos tienen cierta trascendencia nacional y los delitos que cometen tienen penas de más de 4 años o penas más graves”, detalla el fiscal, quien señala que a los otros detenidos por terrorismo los procesan en juzgados regulares de cada ciudad, con fiscales y jueces de este territorio.
En este grupo están los ‘vacunadores’ que no pertenecerían a grandes organizaciones.
El terrorismo está tipificado en el artículo 366 del COIP y tiene tres tipos de sanciones con diferentes parámetros. Hay una sanción de 10 a 13 años; pero, si se incurre en nueve causales descritas en la normativa, la pena aumenta de 13 a 16 años; y cuando haya resultado de muerte, la sanción va de 22 a 26 años.
Contra los trece detenidos en TC Televisión el fiscal pedirá una pena de 16 años, porque en el evento hubo disparos, se trató de encender un explosivo y dos personas resultaron heridas: un trabajador baleado en la pierna y otros con una fractura en el brazo.
En cambio, la Fiscalía planea pedir la pena máxima de 26 años contra los hombres que atacaron a tiros a los guardias de un centro comercial del norte de Guayaquil. Esos mismos sujetos, que iban en una camioneta 4x4 negra, dispararon en la avenida del Bombero contra varias personas; dos hombres más murieron y tres estudiantes resultaron heridas.
Estos antisociales aún no son detenidos. Policías y agentes fiscales están trabajando en su identificación. (I)