Sara, con 7 años, era una niña alegre, que se animaba al bailar y se mostraba extrovertida. Han pasado tres años y su semblante es distinto. Se muestra temerosa, sufre pesadillas, ansiedad fóbica y estrés postraumático. No puede estar sola y expresa su pánico por situaciones que para otros podrían ser comunes, como la presencia de un insecto.
Hace tres años, en Machala, la madre de ella, Cristina (nombre protegido), denunció el caso de violación de su hija por parte del hijastro de su expareja.
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Sin embargo, ella y su abogado, Carlos Medina, denuncian que el caso no ha avanzando por parte de quienes realizan las investigaciones.
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“No puedo creer que, teniendo toda esa materialidad penal, el caso sigue como que no ha pasado nada”, lamentó Cristina, madre de Sara, al dar detalles del caso de violación que denunció en contra de su hija hace tres años.
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Por temas personales, Cristina no estuvo en la ciudad y tuvo que dejar a su hija con su abuela. Sin embargo, solo estuvo con ella dos meses debido a que falleció a causa del COVID-19. Luego la tenencia quedó a cargo de su padre.
En una visita a la casa de su expareja, donde vivía la menor en ese entonces, la madre descubrió que ella tenía signos de violencia. Posteriormente, por su propio testimonio, conoció que había sido violada por el hijastro de su padre, quien tendría más de 20 años, durante el tiempo que convivieron, aproximadamente un año.
Dentro del proceso investigativo, la niña contó que había sido violada en repetidas ocasiones por el hijastro de su padre y que incluso su progenitor conocía de aquello, expuso su madre.
Por la falta de celeridad en la indagación por este caso de violencia, Cristina hizo una huelga de hambre en los exteriores de la Fiscalía General del Estado, el pasado 14 de noviembre.
En ese lugar, producto de su desesperación, se desangró, se generó autolesiones y pidió a gritos justicia para su hija. En un cartel, con su propia sangre, escribió la frase: “Justicia, ya no más daño”.
La mujer y su abogado cuestionan el accionar de dos fiscales que han tomado el caso de violación en estos tres años entre dependencias de El Oro y Pichincha.
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En noviembre pasado, según Carlos Medina, la última fiscal a cargo de la causa solicitó el archivo de la denuncia por violación y la jueza remitió en consulta al fiscal provincial para definir la situación del caso. Luego de un mes de huelga, el pedido sigue sin respuesta.
“A pesar de tener todo esto, la fiscal, sin haber agotado diligencias, de forma sospechosa ha solicitado el archivo de la causa. Es determinante, con la valoración médica y el testimonio debería solicitar día y hora para formular cargos ante un juez”, remarcó Medina.
Él expuso que hay elementos clave que el fiscal de la causa debe valorar para formular cargos, como la valoración médica de la violación, la entrevista, el testimonio anticipado de la víctima con detalles de las circunstancias de las agresiones sexuales, y la sentencia en la que se otorga al padre la tenencia de la niña, estableciendo que fue entregada en buenas condiciones.
“Toda la materialidad legal está ahí y no han formulando cargos”, lamentó la madre.
En su desesperación, a pesar de haber recibido amenazas, la mujer dijo que insistió en presentar el caso ante las autoridades de justicia y del Gobierno, con el objetivo de que se preste atención al asunto.
Este caso ha sido conocido por la Asamblea y en la Comisión de Justicia en los próximos días se deberán presentar las autoridades y la madre con su defensa para exponer el caso y las labores que se han dado. También se ha pedido a la Judicatura, se hicieron mesas técnicas y se les solicitó el informe del caso y que Fiscalía comparezca para evaluar lo sucedido.
“Mi abogado y yo no descansaremos hasta ver la justicia, no vamos a quedarnos así y sé que se hará justicia”, dijo la madre de familia.
En medio de la pugna por mantener a flote el caso, esta madre lamentó que su hija fue sacada del programa de protección de víctimas y testigos. “Lo único que nos queda es no dejar que este caso se muera, porque, si no, este caso de violación quedará en total impunidad”, insistió el abogado.
Hace un mes, aproximadamente, el Ministerio de Salud dispuso apoyo con tratamientos en un hospital público de Guayaquil, con diversos especialistas, debido a los estragos que padece la menor. A su vez, la cartera de Estado de Inclusión Social les ofreció ayuda para dar una beca, aún se espera que se concrete aquello. (I)