Nelsa Curbelo: Ya hay diálogos con líderes de bandas para avanzar al primer objetivo, que es parar los enfrentamientos y las muertes

Nelsa Curbelo (80 años), experta en gestión de conflictos, es la presidenta y vocera de la Comisión de Diálogo Penitenciario creada mediante decreto ejecutivo por el presidente Guillermo Lasso con el fin de iniciar un proceso de pacificación en los centros de rehabilitación social del país, donde este año 335 personas privadas de libertad han sido asesinadas a manos de otros internos.Desde el 16 de diciembre que se conformó el grupo de trabajo que reúne a nueve miembros, expertos en diferentes áreas, Nelsa -a secas, como prefiere que la llamen- ya ha estado tres veces visitando la Regional Guayas y la Penitenciaría del Litoral que forman parte del complejo con mayor hacinamiento y violencia en el país, reflejo de la crisis carcelaria en Ecuador . ¿Qué es lo que se ha propuesto como meta esta Comisión? El primero es parar los enfrentamientos y las muertes, estos son los pilares de un proceso de paz que es más largo. Otro objetivo es humanizar las cárceles, que son verdaderas bodegas de seres humanos, sobre todo en megacárceles donde están hacinados, quince en lugar de tres en una celda. Y después tenemos que hacer propuestas al Gobierno sobre estrategias que se pueden implementar para reducir la violencia y se pueda apoyar la rehabilitación de las personas privadas de la libertad, porque sin eso es imposible lograr una reinserción en la sociedad. Este conflicto en las cárceles repercute en toda la sociedad. Eso está claro. Adentro y afuera de los centros de rehabilitación intervienen poderes (ilegales) que actúan en el Ecuador y en el exterior. Es un problema sistémico. El Estado tiene que recuperar su espacio y en otros centros recién tenerlo. ¿Qué han podido ver en la Penitenciaría? No pudimos entrar a los pabellones, pero descubrimos que allí no hay Estado, hay un autogobierno. Son ‘empresas’ (delincuenciales) las que controlan las cárceles, que producto de la economía ilegal manejan unos $ 20 millones al año, ‘empresas’ que tienen sus propias reglas, su propio comisariato y su propia seguridad. Mueven millones, pero con un agravante, que los negocios ilícitos no se pagan con dinero, sino con drogas, lo que genera microtráfico, porque necesitan vender las dosis para tener recursos. Entonces si estoy en una ‘empresa’ que me paga con droga, yo tengo que venderla para tener dinero y eso se vuelve un círculo vicioso. Es un buen negocio manejar así las cárceles. Claro, pero la economía ilegal se maneja adentro y afuera de ellas. Por eso impactar en las cárceles implica impactar en los barrios y no solo vamos a trabajar con las personas privadas de libertad, es también trabajar con sus familiares, con los funcionarios del sistema de rehabilitación social.Las visitas nuestras a las cárceles no dicen todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. También hemos sostenido reuniones con los demás comisionados, porque no solo buscamos producir documentos sino involucrarnos y promover soluciones. ¿Y qué han hecho hasta ahora? Ya nos reunimos los comisionados con casi todos los cabecillas o líderes de los diferentes grupos, eso fue en la segunda visita que hicimos, allí estuvimos con nueve de ellos (no todos juntos, sino por separado, aclara). Solo estuvieron ellos y nosotros, no la Policía, la condición es que los diálogos no se graban ni se toman fotos, no hay autoridades públicas presentes, solo ellos, uno por uno, y nosotros. ¿Qué han dicho ellos? Eso no se puede contar porque es confidencial, pero ellos han expresado como común denominador su voluntad de parar los enfrentamientos, en algunos más claros que otros, pero para eso ponen algunas condiciones y tenemos que ver cómo se ponen en marcha esas condiciones, que no son hacia el Estado, sino entre los grupos confrontados. Pero se habla de varios líderes en esos doce pabellones que tiene la Penitenciaría. Son en realidad dos grupos los que están enfrentados, cada uno tiene una serie de aliados, afines entre ellos, pero son dos bandos. Y hay un grupo que es neutral y al que los dos bandos enfrentados le respetan esa neutralidad. Cuando digo grupos hablo también de pabellones. Ahora tenemos que trabajar en esas condiciones para acordar que no se van a producir más muertes. ¿Se ha fijado un plazo? Bueno, el decreto nos da un tiempo de seis meses de acción, veremos si después se requiere más tiempo, pero es claro que debemos empezar por parar los enfrentamientos y las muertes y se ve que hay voluntad para eso. Cuando se logre un acuerdo se comunicará a la ciudadanía, no podemos decir los avances porque se quemarían procesos. ¿Qué conclusión sacó de esas visitas? Los miembros de la Comisión tenemos una visión bastante clara de cuáles son los conflictos, dichos por los mismos actores, y a partir de allí tenemos claridad en los pasos que deben seguirse, que no son iguales en todos los centros de rehabilitación. Ponemos el acento en Guayaquil porque es aquí donde se han producido los hechos más violentos y porque los grupos que aquí se confrontan tienen miembros también en otros centros de rehabilitación donde puede repercutir.Los privados de libertad no todos pertenecen a bandas ni son jefes de ellas, están allí porque deben buscar protección, porque si no se integran los golpean o los extorsionan, eso genera violencia, viven con una zozobra que allí adentro no se habla. Se acuestan pensando qué pasará en la noche, con todo lo que han visto, cuerpos incinerados o mutilados, eso genera ansiedad y miedo; y el que tiene miedo ataca como mecanismo de defensa. ¿Cómo ve las acciones del Estado en el tema de la crisis carcelaria? Está tratando de recuperar espacio, ya ha empezado un censo para saber realmente quiénes son los privados de libertad, por qué están allí, cómo está la salud, hay una gran cantidad de personas con tuberculosis, lo que habla de las condiciones (del hacinamiento) en la que viven en la Penitenciaría.El censo permitirá ordenar, clasificar de manera adecuada a las personas que están allí y con eso trabajar en la rehabilitación. Por su lado, el Consejo de la Judicatura elaboró un informe que entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que habla de que hay 9.000 personas con prisión preventiva, 11.000 personas más con garantías pendientes, es decir, se podría bajar el hacinamiento si se cumplieran los aspectos legales que hay que cumplir.Entonces usted tiene allí a personas que no son culpables, pero sí están entre los muertos. Este desastre de falta de conocimiento y de presencia estatal les corresponde corregir a las autoridades. A nivel personal, no como integrante de la Comisión, ¿qué podría sugerir para afrontar la crisis carcelaria? Creo que se debe separar el Ministerio de Gobierno y crear un Ministerio de Seguridad, porque con todos estos relajos, y esto es solo una parte, no veo cómo la ministra de Gobierno podría ocuparse. Esta es una opinión personal, pero ya la lancé. Y hay soluciones que requieren recursos. Necesitamos centros de rehabilitación más pequeños, porque no se puede realizar un efectivo control en estas megaestructuras que han terminado siendo bodegas humanas.En concreto, estamos convencidos de que es posible avanzar en algunas cosas rápidamente, creo que las condiciones internas se están dando entre los actores enfrentados, tienen voluntad para llegar a acuerdos entre ellos para parar los enfrentamientos y las muertes. La rehabilitación es urgente, hay ejemplos positivos en Latacunga que deberían ser replicados en otros centros. (I)

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