Las oficinas de los jueces Patricio C. y Jorge M. –procesados en el caso Plaga por el presunto delito de delincuencia organizada–, ubicadas en la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, fueron allanadas la noche de este viernes, como parte de las diligencias investigativas.
Así lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE) en la red X, donde adjuntó fotos del procedimiento que se ejecutó junto con la Policía Nacional en las oficinas de los magistrados investigados.
#AHORA | #CasoPlaga: como parte de las diligencias investigativas por presunta #delincuenciaorganizada, #FiscalíaEc allana las oficinas de Patricio C. y Jorge M. (jueces procesados en esta causa), ubicadas en la Corte Provincial de Justicia de #SantoDomingoDeLosTsáchilas. pic.twitter.com/dHAN59zdEk
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 13, 2024
Según Fiscalía, el juez Jorge M. habría colaborado con una presunta cúpula criminal, aceptando una acción de habeas corpus para favorecer a un procesado por tráfico de migrantes a cambio de $ 60.000, que habrían sido gestionados por el presunto líder Cristian R., abogado que es procesado en otros casos de corrupción, prófugo de la justicia y exdefensor del narcotraficante fallecido Leandro Norero.
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En tanto que sobre el juez Patricio C. se detalló que su rol de colaboración sería similar al del procesado Jorge M., pues también formó parte del tribunal que resolvió la acción de habeas corpus a favor de un procesado por tráfico de migrantes a cambio de $ 60.000.
El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió hace una semana la suspensión por tres meses y sin sueldo a siete jueces y una secretaria en Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro y Guayas, que están siendo investigados por delincuencia organizada en este caso. La identidad se desconoce, pues la Judicatura protegió sus nombres.
Caso Plaga: un juez detenido y allanamientos en cinco provincias ejecuta la Fiscalía
El caso Plaga se inició el 3 de abril de 2024, cuando la Fiscalía General del Estado realizó un operativo simultáneo en ocho provincias en el que hubo catorce personas detenidas, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada.
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En esta red están involucrados jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros servidores, que otorgaban acciones de garantías constitucionales a personas privadas de la libertad a cambio de dinero o favores. (I)
