En el 2022 unos 55 funcionarios judiciales, entre jueces, fiscales y hasta sus asistentes solicitaron resguardo policial en Ecuador por amenazas, pero esta cifra se elevó a 700 durante el 2023, año en el que el entonces ministro del Interior, Juan Zapata, firmó el Acuerdo Ministerial 055, con el que se definió un protocolo para dar protección a los funcionarios previo a un análisis de riesgo.