Extorsión, delito que cada vez más se canaliza a través de llamadas y mensajes telefónicos; Fiscalía llama a denunciar para combatirlo

No es un mecanismo nuevo, pero a través de él se siembra zozobra en la ciudadanía, en las potenciales víctimas, que cada vez más se animan a denunciar. La extorsión es un delito que se canaliza a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o de WhatsApp.“Somos de la organización de Los Choneros, creo que yo que usted ha logrado oír o escuchar de nosotros, parte de nuestro movimiento”. Es así como suelen empezar quienes llaman a personas para supuestamente advertirlas de que su vida corre peligro y le piden un aporte económico a cambio de protección o de no hacerles daño.En otras ocasiones quienes llaman a amenazar o intimidar a sus interlocutores se hacen pasar como miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o de cualquier otra organización relacionada con actividades ilícitas.Muchas de esas llamadas provienen desde los centros carcelarios del país e incluso desde el extranjero.Según cifras policiales, en el 2021 hubo 1.628 casos de extorsión digital, una estadística mayor a la registrada en 2019 y 2020.El fiscal Édgar Escobar refiere que lo primero es denunciar el hecho ante la Fiscalía , en el edificio La Merced, ubicado en Córdova y Víctor Manuel Rendón, donde hay atención de 08:00 a 17:00.En el Cuartel Modelo (avenida de las Américas) está la Fiscalía de flagrancia, que atiende las 24 horas, los siete días de la semana.“Se ha vuelto común este tipo de llamadas, porque las personas muchas veces tienen miedo a denunciar, pero tienen la obligación, obviamente, de acercarse a la Fiscalía y poner una denuncia para que la Fiscalía pueda intervenir y actuar inmediatamente en coordinación con la Policía Nacional”, expresa el funcionario.El fiscal que por sorteo reglamentario de ley recibe la causa lleva adelante la investigación en coordinación con un agente policial.Las investigaciones previas por este delito pueden durar hasta un año. Y durante ese lapso las personas amenazadas o intimidadas pueden pedir a la Fiscalía que se las ingrese al Programa de Víctimas y Testigos. “La protección a la víctima es un derecho que posibilita solicitar al Estado medidas de protección para resguardar su integridad física o de miembros de su familia frente a eventuales atentados en su contra, mientras dure el proceso”, explica Escobar.A inicios de este año varios comunicadores sociales denunciaron formalmente y a través de sus redes sociales haber sido víctimas de intento de extorsiones. Uno de ellos comentó que lo llamaron de parte de la banda de Los Choneros, grupo delictivo relacionado con carteles internacionales del narcotráfico.Ana (nombre protegido) recibió esta semana una llamada con fines extorsivos supuestamente de parte de alias Fito y alias Junior, dos de los líderes de Los Choneros.Este último también es identificado como cabecilla de Los Águilas, célula que se desprendió de Los Choneros, pero que es su aliada en la disputa contra Los Lobos y Los Tiguerones por el control de las cárceles y lucha por territorio en las calles para la distribución de drogas.El hombre que la contactó se identificó como Carlos Eduardo H. y le dijo que la llamaba desde un teléfono satelital a través del cual la comunicación se escuchaba “en el penal R8 Guayaquil”.Le pidió $ 1.000 “como modo de agradecimiento” por no haber atentado contra ella y ninguno de sus familiares, tal como presuntamente se lo habían pedido a la banda personas conocidas por Ana, en tres ocasiones.En primera instancia le dijo que el dinero sería usado en adquirir insumos para la operación de una niña con problemas pulmonares. Luego el hombre mencionó que la plata también serviría para comprar balas que se usarían en la propia protección de la mujer y finalmente sostuvo que el monto sería destinado a una fundación.Durante ese diálogo telefónico no se concretó nada, puesto que la mujer adujo no tener dinero y debió cortar la comunicación, ya que se encontraba en su lugar de trabajo. Aunque con nerviosismo y con más dudas que certezas, ella decidió denunciar el hecho.El artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que “la persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para tercero, obligue a otro, con violencia o intimidación, a efectuar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero”, incurre en delito de extorsión sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.No obstante, hay situación de agravantes por las cuales la sanción puede ampliarse de cinco a siete años. Estas son:- Si la víctima es una persona menor de 18 años, mayor a 65 años, embarazada, alguien con discapacidad o que padezca enfermedades que comprometan su vida.- Si el delito se da con la intervención de alguien con quien la víctima mantiene relación laboral, comercio u otra similar o con una persona de confianza o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.- Si el constreñimiento se ejecuta con amenaza de muerte, lesión, secuestro o acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común.- Si se comete total o parcialmente desde un lugar de privación de libertad.- Si se comete total o parcialmente desde el extranjero. (I)

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