Ecuador ya no solo es un país de tránsito. Detrás de la batalla de dos carteles mexicanos están el procesamiento y la distribución de la droga

Desde que Joaquín el Chapo Guzmán fue detenido en enero de 2016, el cartel de Sinaloa que él comandaba se ha venido debilitando en México y en otros países de la región, incluido Ecuador. Pero lejos de desaparecer, la lucha por el expendio de drogas se ha acentuado, porque su rival, el cartel Jalisco Nueva Generación, ha venido tomando un rol más protagónico y pretende ser la red más dominante del narcotráfico en la región.Informes confidenciales de la Policía de Ecuador, que a su vez se nutre de sus pares en Colombia y México, señalan que ambas organizaciones delictivas usan bandas locales para que libren batallas en su nombre. Oficialmente las autoridades dicen que “no se puede descartar” la infiltración de los carteles mexicanos en el país, pero agentes de Criminalística que realizan las pesquisas no tienen dudas de que esto ya es un hecho.Uno de ellos habla con este medio, bajo resguardo de su identidad, porque no está autorizado para hacerlo y, por supuesto, por motivo de su seguridad: “En las cárceles y en las calles es igual: tú sabes que si atrapas a uno de Los Choneros, ese está al servicio de Sinaloa; y si es uno de Los Lagartos, esos trabajan para los de Nueva Generación”, dice el agente. Y aunque las autoridades no lo digan abiertamente, basta ver las paredes de la Penitenciaría del Litoral para darse cuenta de la afinidad de cada banda con sus pares mexicanos. Si eso no bastara, está el testimonio de los mismos reos tras la matanza de febrero pasado, en la que perecieron 79 internos: hablaban abiertamente de la guerra interna entre los operadores locales de los carteles mexicanos que rivalizan en la región.Los Estados débiles son los objetivos prioritarios de las organizaciones y carteles del narcotráfico. Si logran penetrar las estructuras estatales, compran la lealtad de las instituciones de control (Ejército y Policía) y pervierten a los operadores de justicia, el resultado es siempre el mismo: desestabilización de la democracia y promoción de Estados fallidos, atravesados por la corrupción, dice el coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército.“Lo que estamos viviendo en nuestro país es un incremento de la presencia y activación del crimen organizado transnacional, que ya tiene cooptadas las estructuras gubernamental, de control y judicial. Estamos viendo la injerencia directa de dos grandes carteles mexicanos, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, empleando a bandas locales, Choneros por un lado y Lagartos por otro, para ejecutar un control territorial y operar los centros de acopio y distribución de la droga, que ahora también se procesa en nuestro país”, dice Pazmiño.El también magíster en Seguridad y Desarrollo cuenta en su blog que “en la presidencia de Álvaro Uribe (Colombia) se inició una lucha sin cuartel en contra del narcotráfico. Los resultados fueron la reducción de la producción de 1.000 toneladas anuales a 180, a través de un ataque sistemático por parte de la fuerza pública colombiana a los centros de acopio y plataformas internacionales de distribución de los carteles colombo-mexicanos, lo que afectó el corazón del narcotráfico y de los grupos narcoterroristas de las FARC y el ELN”.Según el agente de Antinarcóticos consultado por este medio, Ecuador ya no solo es un país de tránsito de la droga: “Aquí también se procesa y se distribuye”.Pazmiño corrobora lo dicho por el agente, y aporta cifras y fechas clave que, asegura, “los últimos Gobiernos no han querido ver”.A finales del 2005, cuenta Pazmiño, se realizó una reunión del narcotráfico internacional en una quinta cerca de Sinaloa, en la que participaron los carteles colombianos y mexicanos. En ella se planteó el traslado de la infraestructura de este negocio hacia otros países, donde los sistemas de seguridad, jurídicos y estatales eran débiles y sus autoridades o miembros fácilmente corrompibles.Ecuador y Venezuela fueron los países seleccionados para incrementar las estructuras existentes para contrarrestar las pérdidas millonarias ocasionadas por la fuerza pública colombiana. El efecto globo, entonces, se materializaba: reducción de la producción en Colombia e incremento en Venezuela y Ecuador.“Colombia hoy en día produce 1.800 toneladas anuales de droga. El 50% sale por Venezuela, el 37,5% sale por Ecuador y el resto por Brasil. Haciendo el cruce, sabemos que por nuestro territorio salen 600 toneladas, pero recién hemos capturado 120 toneladas el año pasado, lo que quiere decir que unas 480 toneladas siguen transitando libremente por el Ecuador”, dice Pazmiño, con base en información proporcionada por Colombia y que también consta en un análisis de Insight Crime , sitio especializado en crimen organizado.Y lamenta que las advertencias de aquellos informes no hayan sido consideradas antes: “Venimos advirtiendo hace muchos años que Ecuador ha cambiado de estatus para el narcotráfico. Lamentablemente las autoridades creen que seguimos siendo un país de tránsito, y esto no es verdad. Hace muchos años venimos siendo un país de acopio y distribución internacional, y de momento acabamos de dar un salto en la cadena delictiva: acabamos de transformarnos en un país procesador, eso lo demuestran los descubrimientos de laboratorios y cristalizaderos de cocaína, que es la última parte de la refinación de la droga”.Ese nuevo estatus, según Pazmiño, llama la atención de otros carteles internacionales que vienen en busca de la producción de droga, y advierte que no solo llegan de México: “Aquí están también la mafia italiana, albanesa, china, rusa y brasileña” .Dentro de los carteles, los mexicanos vieron la oportunidad de extender sus operaciones y tener el control total del negocio: desplazan a sus antiguos socios colombianos, los convierten en una empresa delictiva tercerizada y responden a sus nuevos capos, los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y cartel del Golfo .En Ecuador, Sinaloa puso a su servicio a Los Choneros, mientras que para Jalisco Nueva Generación operan Los Lagartos y otros grupos que libran sus batallas por ellos en la pugna, ya no solo por el envío de droga, sino por su procesamiento.Ricardo Camacho, experto en seguridad penitenciaria y exdirector de Rehabilitación Social, dice que no se puede negar la influencia de organizaciones criminales transnacionales, pero analiza algo más: ¿por qué nadie sabe quién o quiénes son los mayores narcotraficantes en Ecuador? Para este experto, conocer quién se ha beneficiado en el país de la alianza con los narcos mexicanos sería muy importante para desarmar esas estructuras; así como en México se conoce al Chapo, con nombre y apellido, en Ecuador deberíamos saber quién es el capo que está detrás de cada organización. Mientras eso no se sepa, nada cambiará: “Seguiremos persiguiendo al conductor del camión, al señor de la hacienda, a los pilotos de las avionetas, es decir, a los instrumentos, no a los líderes locales del narcotráfico. ¿A quién van a capturar si no conocen quién es el capo en Ecuador?”.Camacho, que también conoce la realidad de México, donde vivió varios años, dice que el sicariato —generado a partir de la pugna del narcotráfico— aún no produce tantas víctimas colaterales aquí como en aquel país: “El sicariato, con el cuento de que es ajuste de cuentas entre criminales, no puede quedar ahí, debe ser investigado y dar con los asesinos. No importa el motivo, la obligación de la Policía y el Estado es hallar y sancionar a los autores materiales e intelectuales”.“El narcotráfico y sus estructuras criminales buscan controlar los territorios, tal como ocurre en México”, saben en Antinarcóticos, que recientemente incautó dos avionetas procedentes de ese país que aterrizaron en un ingenio azucarero en Milagro, frustrando una operación de los narcotraficantes.Sobre las avionetas del narcotráfico, cada vez más frecuentes en Ecuador, Pazmiño sugiere que el nuevo Gobierno debería impulsar una “ley de derribo” , como tienen otros países, para facultar a la Fuerza Aérea a someter a las aeronaves ilegales y blindar al mismo tiempo su campo de acción y de respuesta ante el narcotráfico en el ámbito judicial.La disputa local que tienen Los Choneros, al servicio del cartel de Sinaloa, volvió esta semana a la discusión pública tras el asesinato al estilo sicariato del abogado Harrison Salcedo , defensor de quien fue líder de esa banda, Jorge Luis Zambrano, asesinado el 28 de diciembre del 2020, seis meses después de que su defensor lograra su libertad, en una decisión judicial polémica por la rebaja de la condena que llevó a alias Rasquiña a las calles y a su abogado al banquillo de los acusados, por presunto tráfico de influencias y asociación ilícita.Salcedo fue asesinado en Quito el miércoles 28 de abril, el mismo día en que debía presentarse de forma telemática a una audiencia en su contra por la liberación de su cliente, el abatido líder de Los Choneros, que la Fiscalía presume que fue lograda de forma fraudulenta y en la que también está involucrado el juez que dictó la orden.A la par del crimen en la capital, en Guayaquil se daba una nueva revuelta en la Penitenciaría que terminó con cinco internos muertos y una docena de heridos.El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, dijo que aún no conocían el motivo del crimen de Salcedo, pero adelantó su criterio: “El asunto es que (…) los clientes que tiene (Salcedo) se dedican a actividades reñidas por la ley y que son conocidas por todo el país”.Martínez dijo que, como Salcedo era abogado de la banda de Los Choneros, “obviamente esto pudo haber generado conmoción y alerta en la Penitenciaría de Guayaquil”, donde están encarcelados muchos de sus miembros. (I)

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