A 16 años de prisión por delitos como trata de personas con fines de explotación laboral (trabajo infantil) y mendicidad fueron condenadas siete personas.
Según informó la Fiscalía General del Estado, Ángel G., Luis B., Juan B., Manuel T., Juan T., Evelyn U. y Rosario S. fueron detenidos en un operativo en octubre del 2021, en el que ocho niños fueron rescatados.
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La entidad informó que en abril del año pasado inició una investigación previa luego que la Unidad de Investigación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Unipen) de la Zona 9, que corresponde al Distrito Metropolitano de Quito, reportó que en las avenidas América y Naciones Unidas, norte de la urbe, existía un grupo de personas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación laboral (trabajo infantil) y mendicidad.
Bajo ese escenario se pidieron las respectivas autorizaciones para realizar vigilancias y seguimientos.
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Mediante técnicas especiales de investigación se identificó a los procesados, quienes gestionaban y controlaban la venta informal a la que se sometía a los infantes e incluso los guiaban para cometer hurtos en locales comerciales del sector.
Los niños y niñas, de entre 2 y 13 años, eran trasladados desde La Colmena, en el centro de Quito, hasta la Plaza de las Américas, en el norte, en automotores o en buses de servicio público.
Allí, indicó Fiscalía, los obligan a generar dinero durante todos los días desde las 07:00 hasta las 23:00, mediante la venta informal o la mendicidad. Al finalizar la jornada entregaban lo recaudado.
Además, la entidad señaló que se evidenció que las víctimas eran sometidas con agresiones y amenazas, lo cual fue verificado con escuchas telefónicas realizadas.
Cuando las autoridades hacían controles, los procesados escondían sus identidades y las de los niños, agrediendo a quienes trataban de obtener información sobre ellos. También usaban a los menores de edad como escudo para alterar el orden público.
“La valoración técnica de los infantes permitió establecer que tenían un daño psicológico, pues se trastocó su proyecto de vida al vulnerar sus derechos fundamentales como el acceso a la educación, a la salud y a desarrollarse en un ambiente adecuado y sin riesgos ni violencia”, explicó la Fiscalía.
El fallo condenatorio incluye una multa de 300 salarios básicos unificados ($ 127.500) para cada uno de los procesados, una reparación integral y el tratamiento psicológico de las víctimas. (I)