Carlos M. fue sentenciado a 29 años y 4 meses de cárcel por el delito de violación con una pena agravada, tomando en cuenta que fue realizada desde un docente a uno de sus alumnos. La sentencia fue anunciada este lunes, 23 de septiembre.
Todo empezó en 2018, cuando la víctima, un estudiante de 12 años, con una discapacidad auditiva, fue abusado sexualmente por su profesor.
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Desde ese entonces habría iniciado una serie de abusos sexuales sistemáticos en el ámbito educativo. El delito se cometió desde que la víctima tenía 12 años hasta que cumplió 15.
Según la Fiscalía General del Estado (FGE), el abusador utilizó un lugar de almacenamiento de implementos deportivos, en el colegio. Después trasladaba a su víctima hacia su domicilio, ubicado a una cuadra del centro educativo.
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En la audiencia de juzgamiento, la fiscal presentó como pruebas: el testimonio de la madre del adolescente, quien narró que durante un campamento su hijo –en lenguaje de señas– le contó a una profesora lo que Carlos M. le obligaba a hacer.
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Este relato habría sido corroborado por la profesora, quien señaló que, tras interpretar el relato del adolescente, informó al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) del colegio, y este a su vez notificó a las autoridades.
La médica legista también presentó un informe con las huellas encontradas en el cuerpo del adolescente, producto de la perpetración del delito. Además, la perita psicóloga expuso que al haberse cometido el delito en el paso de la infancia a la adolescencia, la víctima presentaba confusión y comportamientos sexuales no acordes con su edad.
En su alegato de cierre, alimentado por los testimonios y pruebas documentales, la fiscal afirmó que el docente tuvo conocimiento y voluntad de agredir sexualmente a su alumno, cuando cursaba séptimo año de educación básica y apenas tenía 12 años.
Esto alimentó el caso para que se demuestre que al ser el profesor “existió una relación de poder sobre la víctima”.
Además de la sentencia, el condenado deberá pagar una reparación de $ 5.000 a la víctima.
Para este caso se tomó el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): que establece una pena de 22 a 26 años de privación de libertad por violación a una víctima menor de 14 años.
También, el Tribunal aumentó la pena en un tercio, al considerar las circunstancias agravantes 1 y 8 del artículo 48 del COIP: que un docente cometa el delito en una institución educativa. (I)