Cuál es el destino de los cadáveres sin identificar o sin un deudo que los reclame; estas acciones se agotan para hallar respuestas en laboratorio de Guayaquil

Sindy Mosquera, de 38 años, fue asesinada en la cárcel de mujeres de Guayaquil el 4 de julio pasado, presuntamente por otra interna, alias la Roja, según un reporte preliminar de la Policía. A la escena del crimen llegó personal de Criminalística, de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased), de Medicina Legal y Fiscalía.Ese es el primer eslabón en la investigación relacionada con una persona fallecida, tanto en una muerte violenta como en una aparente muerte natural si no hay una certificación médica. Ahí se recogen evidencias como balas, muestras de sangre y huellas. El cadáver de la ciudadana colombiana, que purgaba una pena por tráfico de drogas, fue trasladado en un vehículo de Medicina Legal al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, ubicado sobre la avenida José Rodríguez Bonín, en el suroeste de Guayaquil.Del 1 de enero al 23 de julio pasado, Medicina Legal de la Policía, del Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG), ha procesado 1.229 cadáveres en ese laboratorio. La mayoría correspondiente a muertes violentas: 235 por heridas de arma de fuego, por ejemplo, según los registros de la institución.“El fiscal emite la orden para la realización de la autopsia médico-legal del cadáver y la extracción de muestras pertinentes para el esclarecimiento del hecho, se le practica la autopsia, se emite la causa de muerte en el registro único del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), se toma contacto con los familiares. Los familiares proceden a entregar la identificación pertinente. Con esa identificación, personal del área de Necroidentidad realiza la verificación de la información con el Registro Civil y una vez que se ha determinado la validación se procede a la entrega del cadáver a los familiares”, detalla el mayor Édison Lima, jefe zonal de Medicina Legal del DMG de la Policía. El proceso dura 24 horas, aproximadamente.Para identificar el cuerpo de una persona que no contaba con algún documento en el que conste su nombre, apellido, lugar de nacimiento, número de identificación, huella, etc., personal especializado del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses levanta información dactilar del individuo para cotejarla con los registros de la base de datos del Registro Civil. Hay casos en los que no aparece un familiar a retirar el cuerpo, ya sea porque desconoce el paradero de su pariente, porque no hay familiares con vida, hay distanciamiento entre seres queridos u otros motivos, explica Lima.“La Policía Nacional con su área de Identidad Humana se hace cargo del cotejamiento de necrodactilia, el cotejamiento de huellas dactilares de los cadáveres, pero si esto no es posible se usan los métodos no rutinarios, como son la antropología forense y la genética forense”, añade la doctora Fabiola Robalino, responsable de las zonales 5 y 8 del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, institución rectora de las entidades públicas que se desenvuelven en esos ámbitos y que coordina acciones con la Fiscalía, cuyas oficinas funcionan en el edificio del Laboratorio de Criminalística.El análisis antropológico, explica Robalino, consiste en la identificación y posterior cotejamiento de las características físicas de los cuerpos para poder identificar a la persona.“La toma de fluidos para sacar un perfil biológico. Ellos (médicos legistas de la Policía) toman la muestra en la autopsia y nosotros en el laboratorio, con una orden fiscal, realizamos un procesamiento de esos fluidos para extraer el perfil biológico. Con ese perfil, lo elevamos a una base de datos nacional y se puede cotejar con toda la base de datos de desaparecidos”, agrega Robalino.Las muestras genéticas que se extraen de los cadáveres también sirven para compararlas con aquellas personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Un fiscal atiende la petición y ordena el examen. Quienes buscan a su pariente también pueden revisar un registro de fotografías de rasgos, cicatrices, tatuajes, entre otras señas de los cuerpos .Unas cinco personas por día llegan a ese laboratorio para preguntar por sus familiares desaparecidos.Si definitivamente el cadáver no pudo ser identificado, debido a que no había información en el Registro Civil o no hubo un familiar que retire el cuerpo, se realiza la inhumación, es decir, su sepultura en alguno de los cementerios que colaboran con el servicio forense. También hay casos en que los parientes no tienen recursos económicos para sepultarlos y se incluye a los cuerpos en las inhumaciones.Cerca de un 30 % de los cuerpos inhumados corresponden a personas que fueron identificadas, detalla el oficial a cargo, quien precisa que en el primer semestre del 2021, 62 cuerpos recibieron sepultura individual , en tres jornadas de inhumaciones. Cada sepulcro cuenta con un registro de localización por sistema de posicionamiento global para su rápida ubicación si aparece un familiar.“El fiscal emite la liberación de estos cadáveres. ¿A qué me refiero? A que si estos cuerpos ya no son sujetos de investigación. Todo cadáver que ingresa al laboratorio forense está sujeto a identificación, la causa de muerte, todas las incógnitas que se puedan despejar. Luego se llenan las carpetas de cada caso con los requisitos que dispone la ley, el Servicio Forense recibe el listado de casos con sus carpetas, este emite un documento al fiscal y el fiscal autoriza, y el Servicio Forense nos dice si ya está autorizado. Ahí hacemos en equis día para que sean trasladados (a los cementerios)”, detalla.El Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses también emprendió un proceso de identificación de cadáveres de víctimas de COVID-19 en los meses posteriores al inicio de la pandemia. A principios de julio, esta institución registraba 67 cuerpos que permanecían en un contenedor refrigerado, según Fabiola Robalino: “Hay algunos que ya están identificados, pero sus familiares por alguna razón no los han retirado. Tienen problemas económicos y no los retiran, o hay algún problema de documentación”.Un área de la planta baja del edificio sirve para la atención de casos de menores de edad que han sido objeto de alguna agresión. Hay una cámara de Gesell, una habitación acondicionada para evitar la revictimización.En la planta alta, en cambio, funcionan los laboratorios. Ahí Wilmer Yugcha, perito en genética forense, trabaja en la identificación de perfiles genéticos y su comparación con equipos tecnológicos. Los resultados son claves para confirmar o descartar coincidencias que ayudan a esclarecer hechos denunciados, como una violación sexual.“El médico legista toma los hisopos con las muestras, manda las prendas que en ese momento tenía la menor, el calzoncito, la falda, el short , etc. Se hace la prueba de ADN. Se toma la muestra referencial del presunto sospechoso, presunto violador, se comparan las muestras que le tomaron a la menor. Y efectivamente todo lo que había dicho la menor sí se determina porque se pudo encontrar material genético (del agresor) en el calzón y en las otras prendas”, explica Yugcha.El especialista refiere que una pericia de biología forense toma hasta 28 días, tiempo en el que hacen las repeticiones necesarias del proceso para garantizar la calidad de resultados. (I)

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