Entre búnkeres subterráneos y aplicaciones de mensajería difíciles de rastrear, la familia de alias “Fito” construyó una sofisticada infraestructura de videovigilancia y espionaje sostenida con ayuda de servidores policiales.
El acta de audiencia del caso Blanqueo Fito expone que integrantes del círculo cercano de José Adolfo Macías Villamar y del grupo Los Choneros accedían a información privilegiada sobre operativos policiales y allanamientos antes de su ejecución.
El documento judicial detalla comunicaciones, pericias tecnológicas y vínculos que evidencian filtraciones dentro de estructuras estatales.
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Según el expediente, varios miembros del entorno familiar y operativo del cabecilla criminal manejaban datos sensibles relacionados con investigaciones en curso. Esta capacidad les permitía anticiparse a acciones de la fuerza pública y reducir el impacto de los operativos.
Familiares recibían información reservada
El acta identifica casos concretos sustentados en pericias a celulares.
Entre ellos consta Irene P., cuñada de Fito, cuyos equipos muestran vínculos con el círculo de seguridad del cabecilla. Los informes técnicos concluyen que tenía acceso a datos reservados sobre investigaciones y allanamientos.
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Además, el expediente menciona a Jorge P., alias “Teniente”. Las extracciones de su dispositivo revelan conversaciones mediante la aplicación Zangi Private Messenger con presuntos miembros de la organización. En esos chats, el procesado recibía alertas sobre operativos policiales previstos.
Un dato clave señala que “Teniente” conocía desde el 31 de mayo de 2025 un operativo específico antes de su ejecución. Esta información consta de forma explícita en el acta de audiencia.
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Estructura de vigilancia y monitoreo
El documento judicial también describe la infraestructura tecnológica utilizada por la organización.
En un búnker subterráneo en Montecristi, donde se ocultaba alias Fito, la Policía incautó sistemas de videovigilancia, cámaras y dispositivos de grabación.
Asimismo, en propiedades vinculadas a familiares, como inmuebles asociados a Yandry M., hermano de Fito se encontraron equipos similares. Estos sistemas permitían monitorear movimientos y reforzar la seguridad interna del grupo.
El acta agrega que familiares cumplían funciones estratégicas como enlaces para obtener información de investigaciones. Esta red combinaba vigilancia física con inteligencia interna.
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Indicios de infiltración en la Policía
La Fiscalía sostiene que el acceso a información privilegiada se explica por posibles vínculos con miembros activos de la fuerza pública. El acta menciona a varios servidores policiales que mantenían relaciones financieras con el entorno de Fito.
Entre ellos figura un sargento segundo, quien registraba movimientos de dinero en cuentas relacionadas con familiares del cabecilla. También aparece otro policía, identificado como receptor de transferencias.
Además, el expediente incluye a un tercer agente, procesado por ingresar artículos prohibidos a un centro penitenciario.
Uso de tecnología para evadir controles
Las investigaciones detallan el uso de herramientas digitales diseñadas para garantizar anonimato.
Entre ellas destaca Zangi Private Messenger, una aplicación que no almacena mensajes en servidores y permite comunicaciones cifradas.
Según el expediente, esta plataforma facilitaba el intercambio de información sin dejar rastros accesibles. Su funcionamiento con bajo consumo de datos y registro anónimo dificultaba el seguimiento por parte de autoridades.
Cómo avanza el caso Blanqueo Fito
El acta de audiencia donde se revela esta información es parte del caso Blanqueo Fito; una causa investiga una presunta red de lavado de activos liderada por alias Fito, cabecilla de Los Choneros. La Fiscalía General del Estado acusa a los procesados de operar un entramado familiar y empresarial para ocultar dinero de origen ilícito.
La investigación se originó tras un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que detectó movimientos inusuales. El monto del presunto blanqueo supera los $ 25 millones, según consta en el expediente.
Los fondos provendrían de actividades como narcotráfico, extorsión y otros delitos vinculados al crimen organizado. Para ocultarlos, la red habría utilizado empresas fachada, bienes de alto valor y transacciones financieras simuladas.
El juicio por este caso avanza en su quinto día de audiencia. El tribunal mantiene la presentación de pruebas testimoniales y periciales dentro de esta etapa procesal.
Sin embargo, la diligencia se suspendió recientemente por problemas técnicos y se reinstalará el lunes 27 de abril a las 09:00. La causa continúa activa para seis personas naturales y dos jurídicas. (I)
