Este martes, 21 de abril, arrancó el cuarto día de audiencia de juicio en el caso Blanqueo Fito, una investigación que involucra al entorno cercano de José Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de Los Choneros.
En esta etapa, la justicia procesa a seis personas naturales y dos empresas por su presunta participación en una red de lavado de activos. La Fiscalía General del Estado continúa con la presentación de pruebas testimoniales.
Según la Fiscalía, alias Fito habría estructurado un entramado familiar para dar apariencia legal a recursos de presunto origen ilícito. Las investigaciones comenzaron tras un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) por movimientos inusuales injustificados.
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El caso apunta a una red que involucra a familiares, allegados y empresas vinculadas al cabecilla criminal. De acuerdo con las indagaciones, este esquema habría permitido movilizar más de $ 20 millones.
Procesados y avance judicial
En marzo pasado, tras 17 días de audiencia preparatoria, un juez llamó a juicio a Fito y a 16 miembros de su círculo familiar, además de varias empresas relacionadas. Sin embargo, la etapa de juicio se mantiene activa solo para parte de los procesados.
Las autoridades suspendieron el proceso para once personas y dos empresas debido a que no han sido localizadas. Mientras tanto, seis personas y dos compañías enfrentan el juicio en curso.
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Quiénes han sido notificados
El expediente judicial confirma la notificación de varios implicados. Entre ellos figura José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien recibió la notificación el 25 de junio de 2025 mientras permanecía privado de la libertad.
También constan Yandry M., con domicilio en el Centro de Detención Provisional; Verónica B., detenida desde mayo de 2024; y Ángel B., recluido en el CRS Manabí n.º 3.
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A ellos se suman Dolores Z., localizada en el CDP, e Inda P., quien fue ubicada en Argentina, deportada y actualmente comparece a través de su defensa.
Adolfo Macías, identificado como líder de Los Choneros, permanece en una prisión de Estados Unidos tras su extradición en julio de 2025. Su caso se mantiene como uno de los procesos más relevantes contra estructuras de crimen organizado en Ecuador. (I)
