La vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, denunció ante una jueza de Quito que el gobierno de Daniel Noboa Azín ha emprendido una situación de acoso, hostigamiento para forzarla a renunciar a su cargo y deshacerse de ella.
«La Constitución ampara que —el presidente y vicepresidente de la República— podemos ser sometidos a fiscalización (en la Asamblea Nacional). Pero aquí, debido al afán de deshacerme de mí, el Ministerio del Trabajo de manera imprevista crea un acuerdo ministerial en donde se atribuyen la competencia para juzgarme», declaró Verónica Abad, al final de una audiencia pública de una acción de protección que ella interpuso para evitar el avance de un sumario administrativo que se abrió en su contra.
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La tarde de este jueves, 26 de septiembre de 2024, la jueza Gloria Mayorga Velarde, de la Unidad de Infracciones Flagrantes de Quito, presidió la audiencia pública de acción de protección interpuesta por Verónica Abad en contra de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez Figueroa, y una funcionaria de la dirección de Sumarios Administrativos, por el inicio de un sumario administrativo que está en análisis por no haberse presentado en la Embajada de Ecuador en Ankara (Turquía) antes del 1 de septiembre de 2024.
Abad cumple funciones de embajadora para mediar por la paz en el conflicto bélico entre Israel y Palestina desde diciembre de 2023 y, debido al incremento de las tensiones entre las dos naciones del Medio Oriente, el mandatario Daniel Noboa dispuso su traslado de Israel a Ankara, a través del Decreto Ejecutivo 353, emitido el 8 de agosto pasado.
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La vicepresidenta viajó a ese país el 9 de septiembre, pero, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, presidido por Gabriela Sommerfeld Rosero, la disposición había sido que esté en Turquía antes del 1 de septiembre.
Con ello, entre el 10 y 11 de septiembre se emitió un acuerdo ministerial suscrito por la titular del Ministerio del Trabajo que regula los sumarios administrativo y se abre este procedimiento a la segunda mandataria por, aparentemente, no haber cumplido la disposición de Cancillería y que contempla como sanción la destitución.
Durante la diligencia los abogados de la cartera del Trabajo y de la Procuraduría General del Estado solicitaron a la jueza Mayorga que declare improcedente el recurso constitucional, porque no se le han violentado sus derechos a Abad.
Caso contrario, plantearon los abogados de la accionante, que expusieron como prueba los decretos ejecutivos, resoluciones de la Función Ejecutiva y publicaciones en medios de comunicación de las declaraciones presidenciales y de funcionarios gubernamentales que se han dicho en su contra.
Al final de la audiencia, de manera virtual, intervino Verónica Abad y aseguró que estos procedimientos configuran un «evidente acoso, hostigamiento, pues están forzando» su renuncia al cargo.
«Esta intencionalidad ha venido acompañada por declaraciones públicas, en una campaña para desprestigiarme públicamente. Para tratar de legitimar este procedimiento que busca moldear y corromper el derecho conforme a sus fines arbitrarios. Esta intencionalidad que evidencio en esta sala se da por medio de los traslados inesperados a Israel, quitándome la protección y seguridad a mi persona y mi familia, entre ellos un menor de edad. Ahora estoy aquí en Turquía, en un hotel, acallada, amordazada, sin derecho a mi libre expresión y a mi obligación de rendir cuentas al país», manifestó la autoridad.
Relató a la magistrada que el régimen no le garantiza ni el derecho a trabajar en condiciones dignas, ya que la tienen en un hotel sin un escritorio y sin seguridad.
«Estoy sola y con mi núcleo familiar roto porque me he visto obligada a regresar a mis hijos por falta de garantías y seguridad al Ecuador. Temo por mi vida», añadió Abad.
Así también, cuestionó que se intente «torcer» el derecho y la Constitución buscando su salida de la Vicepresidencia y recriminó que «la ministra del Trabajo, entre gallos y medianoche, quiera desaparecer con un sumario administrativo a la segunda autoridad del país y los servidores de toda elección en el futuro», dijo.
La jueza Gloria Mayorga, después de casi cuatro horas de escuchar los alegatos de las partes procesales, suspendió la audiencia hasta el próximo lunes 30 de septiembre a las 17:00, cuando informará de su resolución. (I)