El trámite de la acción de protección de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en contra del gobierno de Daniel Noboa camina a cumplir 40 días sin que haya un fallo, mientras en las últimas horas se habla de denuncias penales y hubo una advertencia a la jueza.
Han transcurrido 37 días desde que la segunda mandataria presentó una acción de protección en la justicia ordinaria con la que pretende que se declare la nulidad de una resolución del Ministerio del Trabajo que, a través de un sumario administrativo, la suspendió en el cargo por 150 días. Esta sanción está vigente desde el 8 de noviembre.
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Se esperaba que este lunes, 16 de diciembre, la jueza de la Unidad Judicial de la Familia de Quito, Nubia Vera Cedeño, dicte su fallo, pero suspendió la diligencia por cuarta ocasión por pedido de la accionante.
Se convocó para este miércoles, 18 de diciembre, desde las 09:00 a la reinstalación.
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La medida se adoptó porque la defensa de Abad, Dominique Ávila, alertó de que una de las salas de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha no entregó la documentación física de una primera acción de protección de Abad que llegó a su sede.
A su juicio, el expediente físico es preciso porque la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, habría expresado a un medio de comunicación que Abad y sus abogados están incurriendo en “delitos de perjurio, fraude procesal y abusando del derecho”.
Esta primera acción de protección fue en contra de la resolución del Ministerio del Trabajo con la que se le abrió el sumario administrativo, acusándola de no llegar a Ankara (Turquía) antes del 9 de septiembre, para continuar con su función de embajadora por la paz en Israel.
La jueza que conoció el caso negó el recurso a Abad, quien a su vez apeló y el proceso está en conocimiento de un tribunal de la sala anticorrupción de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Esta última trasladó el caso a la Corte Constitucional (CC) para aclarar lo que sería ‘una duda razonable’. Pero el tribunal de alzada, de acuerdo con escritos ingresados en el sistema judicial, envió el expediente físico a la CC.
En ese sentido, Ávila solicitó que se pida el expediente también a la Corte Constitucional.
La jueza aceptó la solicitud de la accionante y pidió a la Sala que se materialice; es decir, que se envíen los documentos físicos a la Unidad Judicial de Quito.
La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez Figueroa, rechazó estas acciones porque el objeto sería dilatar el momento en que la jueza dé la resolución, ya que esos documentos “no tienen nada que ver” con la acción de protección, manifestó.
Apuntó que el primer recurso jurisdiccional que siguió Abad en contra del ministerio es el mismo que se sustancia en la actualidad.
“No tiene nada que ver la consulta (que hace el tribunal) respecto a la decisión que debe adoptar. Esto constituye un tema de trascendencia porque usted -dijo Núñez a la jueza- estaría impedida de resolver esta acción, y cuya declaración (sentencia) debe ser la improcedencia”, opinó la ministra en la diligencia en la que participó de manera virtual.
La vicepresidenta de la República, quien es custodiada por un grupo de seguridad público, acusó a Núñez de hacer acusaciones irresponsables, culpando a ella y a su equipo de defensa de “fraude procesal, perjurio”, añadió Abad.
Aseguró que el orden constitucional está siendo atentado de manera flagrante y adelantó que hablaría con sus abogados para iniciar, de ser el caso, acciones en contra de Núñez.
En la diligencia llamada para este miércoles, lo previsto es que las partes procesales expresen sus alegatos finales sobre esta acción constitucional, ya que la semana anterior concluyó la exposición de decenas de abogados que se presentaron en calidad de amicis curiae.
Luego, lo previsto es que la jueza Nubia Vera dé a conocer su fallo de forma oral o, al contrario, convoque a una nueva fecha. (I)