Una acción de protección con medidas cautelares ante la justicia ordinaria y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decrete medidas cautelares en contra del Estado ecuatoriano son parte de las primeras acciones a las que recurrió la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, para contrarrestar la sanción administrativa que la suspendió del ejercicio del cargo por 150 días.
La tarde de este 11 de noviembre de 2024, el equipo de defensa de la segunda mandataria acudió hasta el Palacio Legislativo en Quito para exhortar a sus miembros a tomar una postura sobre lo que consideran una “arrogación de funciones” en la que habrían incurrido el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Relaciones Exteriores por sancionarla con un sumario administrativo.
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“La Asamblea Nacional tendría que pronunciarse si existe una arrogación de funciones de los ministerios y, de ser el caso (...) que se detecten indicios de una responsabilidad penal, que se informe a la Contraloría General y a la Fiscalía General para que investiguen”, indicó Damián Armijos, abogado de Abad.
Armijos junto con Dominique Dávila, defensa técnica de la vicepresidenta, informaron que se planteó una acción de protección en la justicia ordinaria para que de ella se desprendan medidas cautelares en contra de esta suspensión temporal.
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Lo mismo hicieron ante la CIDH, dijo Armijos, a la que se había enviado un oficio para que dicte medidas cautelares que garanticen el orden constitucional y el respeto de los derechos humanos de la vicepresidenta y que se proteja su vida y seguridad.
El 8 de noviembre último, Verónica Abad fue sancionada con una suspensión temporal sin remuneración por 150 días, en su condición de vicepresidenta de la República, al haberse configurado la falta grave establecida en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Esto es: abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos.
La sanción procedió luego que, el 11 de septiembre, el Ministerio del Trabajo abrió un sumario administrativo al concluir que la funcionaria no llegó a Ankara (Turquía) antes del 1 de septiembre de 2024.
Esto en el marco de que Abad cumple funciones de embajadora por la paz en Israel por decisión del presidente de la República, Daniel Noboa Azín, con quien mantiene una enemistad pública.
Debido al conflicto bélico en los países del Medio Oriente, Noboa ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores, por decreto ejecutivo del 8 de agosto de 2024, que sea trasladada de forma temporal a Ankara para que continúe sus funciones.
Según el viceministro de Relaciones Exteriores, Jaime Augusto Barberis Martínez, se requirió a la segunda mandataria que le informe cuándo iba a viajar a Turquía, lo que debía ser antes del 1 de septiembre de 2024.
Sin embargo, ella llegó a ese país el 9 de septiembre.
Esto dio lugar a este proceso administrativo, y el 7 de noviembre se realizó una audiencia virtual reservada por la servidora Ruth Stefanía Espinoza Avilés, directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Ministerio del Trabajo, quien aplicó la sanción de suspensión de la segunda mandataria.
Según los abogados de la vicepresidenta, la suspensión no está en firme hasta que se evacúen todos los recursos horizontales, de apelación y de revisión a los que recurrirán para evitar la ejecución.
Armijos aseguró que Verónica Abad sigue siendo vicepresidenta de la República, aunque Daniel Noboa nombró como segunda mandataria por encargo a Sahira Moya, quien venía desempeñándose como titular de la Secretaría Nacional de Planificación. (I)