Abogado del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad renuncia a seguir con la defensa, mientras el Tribunal convoca para marzo para el juzgamiento

Entre el 10 y el 11 de marzo próximo se realizará en Quito la audiencia de juzgamiento por el delito de oferta de tráfico de influencias contra Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta Verónica Abad . Así lo definió el Tribunal de Juicio de la Unidad Anticorrupción, el cual está presidido por la jueza Clara Soria.El pasado 16 de enero la segunda convocatoria fue declarada fallida debido a que el abogado de Francisco Sebastián B. A., Oswaldo Trujillo, por un tema de “fuerza mayor” no asistió a la diligencia. El tema que finalmente impidió que Trujillo llegue a la audiencia fue un allanamiento en su casa y oficina dentro de una investigación previa por tráfico de influencias , acción que terminó con la detención del abogado, pues se le encontraron varias armas y municiones que no pudo justificar su tenencia.Actualmente contra Trujillo se instauró un proceso penal por el delito de tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, previsto en el artículo 360.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Por esos hechos se le ordenó prisión preventiva, situación que le obligó a renunciar a la defensa del hijo de la vicepresidenta Abad.En una de las últimas providencias emitidas en lo que se conoce como el caso Nene se conmina al procesado a contar con un nuevo abogado de su confianza, para que ejerza su defensa dentro de la presente causa. Pese a lo señalado, el Tribunal, en el que además están los jueces anticorrupción Andrés Muñoz y Jorge Sánchez, solicitó se oficie a la Defensoría Pública para que se designe un defensor público con el fin de que asista a la audiencia de juicio señalada los días 10 y 11 de marzo de 2025, a partir de las 08:30.“Se deja constancia de la anticipación con la que se pone en conocimiento a la Defensoría Pública la necesidad de que se designe un defensor público, en aras de que el mismo cuente con el tiempo necesario para preparar la defensa técnica”, se explica desde la Sala de Juzgamiento.El 19 de noviembre pasado fueron llamados a juicio en calidad de autores directos del delito de oferta de tráfico de influencias Francisco Sebastián B. A. y Daniel Lenín R. P., exasesor de la vicepresidenta Abad. Pese a ello, el Tribunal de Juzgamiento convoca solo al primero para la respectiva audiencia, esto debido a que el exasesor vicepresidencial se encuentra prófugo de la justicia y al no ser el delito procesado susceptible de ser juzgado en ausencia, la etapa de juzgamiento quedó en suspenso hasta que sea detenido o se entregue voluntariamente.La jueza anticorrupción Karol Zambrano fue quien en noviembre pasado definió que ambos procesados debían ser llamados a juicio. Esto debido a que en audiencia se presentaron suficientes elementos de convicción que revelarían la responsabilidad de cada uno de los procesados en el delito investigado.Durante la diligencia preparatoria de juicio se escuchó el dictamen acusatorio del fiscal Leonardo Alarcón, quien señaló que la investigación del caso Nene giró en torno a la denuncia colocada en el buzón de denuncias de la Fiscalía General por Romel P. El denunciante habría asegurado que temía por su seguridad, pues había observado irregularidades en su paso laboral en la Vicepresidencia de la República.Según el denunciante, a él lo habrían contactado los dos hoy procesados para ofrecerle el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia de la República, pero a cambio pedían que del sueldo de $ 3.200 que iba a recibir, la víctima debía entregarles una buena parte de ese mensual. Primero se le exigían $ 2.000 mensuales y luego de una “negociación” la cifra quedó en $ 1.500. Romel P., quien actúa en calidad de víctima en el caso Nene, refirió en su denuncia que no habría podido pagar nada de lo pactado porque antes de reconocer su deuda y poder retirar una letra de garantía por $ 30.600 que le hizo supuestamente firmar Francisco Sebastián B. A., al denunciante lo habrían desvinculado del cargo en la Vicepresidencia de la República.En esta etapa el Tribunal deberá analizar si la prueba que expondrá la Fiscalía respecto al hijo de Abad se apega o no al delito tipificado en el artículo 286 del COIP. Esta norma aclara que la oferta de realizar tráfico de influencias mantiene penas privativas de libertad de tres a cinco años. (I)

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