La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, no logra apoyos en la Asamblea Nacional respecto a su petición de que se fiscalice a las ministras del Trabajo, Ivonne Núñez, y de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, por persecución política.
Abad, el pasado 18 de septiembre presentó un oficio a la Asamblea Nacional para que se fiscalice a las dos ministras, porque desde que se emitieron los decretos ejecutivos nombrándola como embajadora en Israel se ha registrado un trato persecutorio y denigrante en su contra desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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En el caso de la ministra del Trabajo, su pedido está relacionado por el sumario administrativo que se le inició en esa cartera de Estado, atribuyéndole indebidamente funciones que no le corresponden. Abad sostiene que el procesamiento y una eventual destitución de su cargo solo es competencia de la Asamblea Nacional.
El Ministerio del Trabajo abrió un sumario administrativo a la vicepresidenta de Ecuador el 10 de septiembre de 2024, porque aparentemente habría incumplido la orden emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de llegar a Ankara antes del 1 de septiembre. Verónica Abad llegó el lunes 9.
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Por ello, Abad solicitó al pleno que “con base en los antecedentes expuestos, la normativa legal aplicable y los motivos señalados” se fiscalice y realice control político a ambas ministras y “se determine su responsabilidad política en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de otras responsabilidades derivadas de los hechos denunciados”.
Para tratar el tema, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, convocó a la sesión 963 a las 09:30, pero las negociaciones previas de las bancadas dilataron que el tema sea tramitado antes del mediodía y la sesión se suspendió a las 13:16 y hasta las 16:00 no se reinstalaba.
Debate
Las conversaciones entre bancadas se centraron en descifrar si la Asamblea Nacional tiene entre sus atribuciones fiscalizar a un funcionario público por persecución política, y determinar si dentro de la ley orgánica de la Función Legislativa contempla esa causal.
En medio de los diálogos, las bancadas legislativas lograron que el Ministerio del Trabajo modifique el Acuerdo Ministerial n.° MDT-2024-175, donde se incluye a la diplomacia del servicio exterior como objeto de sumarios administrativos; pero también se incluía a los asambleístas y servidores.
Tras los forcejos y diálogos telefónicos, el Ministerio del Trabajo modificó el Acuerdo y excluyó de los sumarios administrativos “ a los servidores públicos que pertenezcan a la Función Legislativa a través de la Asamblea Nacional”.
Las conversaciones entre las bancadas lograron armar un texto de resolución donde se ratifica que los funcionarios públicos que ocupan cargos de elección popular son susceptibles de destitución, revocatoria de mandato, así como aplicación de impedimento de cargo público, única y exclusivamente por las causales y procedimientos establecidas en la ley y la Constitución de la República.
Además, se espera encargar a la Comisión Permanente de Garantías Constitucionales para que en un plazo de quince días remita al pleno de la Asamblea Nacional un informe relativo a la aplicación del Acuerdo Ministerial n.° MDT-2024-175.
El coordinador de la bancada Construye, Camilo Salinas, comentó que entre las causales para un enjuiciamiento político no está la persecución política, y además advirtió que si se da paso al pedido se crearía un precedente totalmente nefasto, porque mañana cualquier persona puede documentar por persecución política un acto de juicio político.
Además, dijo que la Asamblea Nacional estaría creando una nueva causal de fiscalización, por lo tanto, el pleno debe motivar bien la resolución donde se determine si es procedente o no el pedido realizado por la vicepresidenta Abad.
Lucía Posso, del partido Avanza, lamentó que la falta de capacidad y madurez de las dos máximas autoridades del país de sentarse a resolver sus diferencias sigan invocando a los poderes del Estado para resolver una pugna interna que le afecta a todo el país.
Dijo que se ha utilizado a la Función Judicial, al poder Legislativo, al Tribunal Contencioso Electoral en esta disputa de dos personas que se eligieron mutuamente para llevar a cabo un proyecto político. Hoy nuevamente acuden a la Asamblea a un tema que “pretenden que les demos resolviendo, cuando se debería resolver de otra manera”.
Manifestó que la causal de fiscalización por persecución política resulta un poco compleja, pero manifestó que tampoco está de acuerdo en la manera en la que se intenta desvirtuar la posibilidad de la vicepresidenta Verónica Abad, de acceder al espacio que le corresponde constitucionalmente.
Jaime Guevara, del grupo de asambleístas independientes, dijo que revisaron la petición de la vicepresidenta, donde advierte que se pretende aplicar una sanción con lo que señala la Losep, algo que a su criterio es improcedente, porque no está cumpliendo una tarea de un funcionario regular, sino que se ampara en la ley de servicio exterior.
Aunque no quiso adelantar criterio, Guevara manifestó que realmente sí es persecución política lo denunciado por Abad, porque el jefe inmediato de la vicepresidenta es el presidente de la República, y es el que debe imponer cualquier acción en contra de la vicepresidenta.
En todo este proceso se observa que el pleito entre la vicepresidenta y presidente se pretende trasladar a la Asamblea, por ello, dijo que el Parlamento debe limitarse a aprobar un exhorto, porque si se aplica lo que solicita la vicepresidenta, Verónica Abad, no tendría asidero legal; lo que cabe es devolver la petición por improcedente. (I)