A la par del anuncio de la salida del cargo de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, la Contraloría General del Estado avanza en el análisis de dos temas polémicos de su gestión: la extensión por 30 años de los contratos de las concesiones viales de la provincia y el proceso de reconstrucción del puente colgante Gonzalo Icaza Cornejo.
El pasado lunes, 6 de abril del 2026, Aguiñaga hizo pública su decisión de retirarse anticipadamente del cargo, el próximo 14 de mayo, por cuestiones de índole personal.
En un oficio del 9 de marzo pasado, el Ministerio de Infraestructura y Transporte le solicitó al contralor general, Mauricio Torres, que inicie “las acciones de control que estime pertinentes” relacionadas con la extensión por 30 años más de las concesiones viales a las empresas Conorte S. A. y Concegua S. A., resuelta en febrero del 2025 por el Consejo Provincial del Guayas, que está integrado además por los alcaldes y los presidentes de las juntas parroquiales rurales.
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El MIT argumentó que había solicitado información a la Prefectura sobre el estado de dichas concesiones que, en principio, vencían en julio del presente año.
Pero que el Gobierno Provincial no se la entregó alegando que “el control del buen uso de los recursos públicos, la determinación de responsabilidades por manejo de recursos y la auditoría externa de legalidad financiera corresponden, de manera privativa y excluyente, a la Contraloría General del Estado, conforme al régimen constitucional y legal de control”.
Tras este pedido y como parte de su plan de trabajo anual, la Contraloría inició dos exámenes especiales: uno por la extensión de los contratos ya mencionados y otro por la caída del puente colgante, que conectaba Daule con Nobol a la altura del río Magro.
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El puente colapsó el 19 de marzo de 2025 cuando lo atravesó una caravana de tráileres y provocó la muerte de cinco personas y que varios vehículos cayeran al lecho del río. Además se destruyó la tubería que abastecía de agua potable a la comunidad Magro, en Daule, y el cantón Lomas de Sargentillo.
Según información de la Prefectura, los trabajos de desmontaje de la infraestructura dañada tienen un avance de más del 50 %, pero no se ha realizado ninguno en la construcción del nuevo puente, que es parte del circuito vial a cargo de Conorte.
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Sobre este hecho hay en marcha una investigación en la Fiscalía.
De los resultados de estos exámenes dependerán las acciones legales de índole administrativo y hasta penal que tomen tanto la Contraloría como el MIT.
Decisión unánime
La decisión de extender los contratos de concesión se tomó de manera unánime por las autoridades que participaron en la sesión del Consejo Provincial el 14 de febrero del 2025, según consta el el acta respectiva que conoció EL UNIVERSO.
Son los siguientes:
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- Marcela Aguiñaga Vallejo, prefecta
- Carlos Serrano Bonilla, viceprefecto
- Gabriel Balladares Espinoza, alcalde de Playas
- Rodolfo Cantos Acosta, alcalde de El Empalme
- Wilson Cañizares Villamar, alcalde de Daule
- Luis Chonillo Breilh, alcalde de Durán
- Sandy Gómez Quezada, alcaldesa de Balao
- Ney Jaramillo Toapanta, alcalde de Pedro Carbo
- Julio Meza Tobar, alcalde de Balzar
- Isidro Morán Espinoza, alcalde de Lomas de Sargentillo
- Viviana Olivares Coll, alcaldesa de Yaguachi
- Álex Quinto Castro, alcalde de Colimes
- Juan Carlos Rivera, alcalde de Naranjal
- Alejandro Rosado Mendoza, alcalde de General Elizalde (Bucay)
- Marvin Salas Cercado, alcalde de Nobol
- Luis Alfredo Suárez Bedor, alcalde de Palestina
- Mabel Tenezaca López, alcaldesa de El Triunfo
- Ubaldo Urquizo Mora, alcalde de Santa Lucía
- María Fernanda Vargas, alcaldesa de Simón Bolívar
- Yilda Rivera Cavagnaro, concejala de Samborondón, delegada del alcalde Juan José Yúnez
- Rommel Moreira Tomalá, presidente de la junta parroquial de Virgen de Fátima
- Nancy Loor Zambrano, presidenta de la junta parroquial de El Rosario
- Valeria Calderón Calle, presidenta de la junta parroquial de Mariscal Sucre
- Adín Orellana Martínez, presidente de la junta parroquial de Taura
De iniciarse alguna acción penal por esta decisión, que se derive -por ejemplo- de las investigaciones de la Contraloría General, la salida de Aguiñaga de la Prefectura no la eximiría de las responsabilidades ya que se tomó en ejercicio de su cargo.
E incluso alcanzaría a todos los integrantes del Consejo que aprobaron la resolución.
En el artículo 48 del Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización (Cootad) se señala que “Los integrantes del consejo provincial serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades competentes de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes”.
“Tienen las siguientes atribuciones: a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del consejo provincial; b) Presentar proyectos de ordenanzas provinciales en el ámbito de sus competencias; c) Intervenir en el consejo provincial de planificación, en las comisiones permanentes, especiales y técnicas; y, en las delegaciones y representaciones que designe el consejo provincial; y, d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo provincial de acuerdo con este Código y la ley”, agrega.
En tanto que el artículo 195 de la Constitución menciona que “la Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal”.
Andrés Ortiz, abogado experto en derecho municipal, explica que la acción penal para perseguir el delito prescribe, pero mientras esto no ocurra este podrá ser investigado. Y si se trata de delitos contra la Administración pública, como peculado, cohecho y otros, son imprescriptibles.
Recuerda que Aguiñaga y los otros integrantes del Consejo Provincial tienen fuero de corte provincial, conforme lo señala el artículo 208 del Código Orgánico de la Función Judicial.
“Se sujetan a fuero de corte provincial, por infracciones cometidas con ocasión del ejercicio de sus atribuciones, las gobernadoras y los gobernadores, la gobernadora o el gobernador regional, las prefectas o los prefectos, las alcaldesas y los alcaldes, las y los intendentes de Policía, las juezas y jueces de los tribunales y juzgados, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el comandante general del Ejército, el comandante general de la Marina, el comandante general de la Fuerza Aérea y el comandante general de la Policía”, dice el texto.
En el caso de la prefecta, aunque haya renunciado, su fuero se mantiene hasta que prescriban las acciones legales, dice Ortiz.
Contraloría audita otros GAD
Las auditorías a la Prefectura del Guayas son parte de las 59 las acciones de control que realiza al momento la Contraloría General del Estado a gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de todo el país, según un comunicado de prensa de la institución divulgado este martes, 7 de abril del 2026.
Las dos provincias donde más exámenes se están realizando son Pichincha y Guayas, con doce y once gobiernos locales.
Las otras provincias son: Azuay, Manabí y Orellana, con cinco GAD auditados cada una; Chimborazo, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, con tres cada una; Cañar e Imbabura, con dos; y El Oro, Esmeraldas, Loja, Los Ríos, Morona Santiago, Napo, Santa Elena y Sucumbíos, con uno cada una. (I)
