La aprobación de la pregunta H de la consulta popular celebrada el pasado 21 de abril supone la incorporación de doce delitos a la lista de aquellos en los que no se permite que los sentenciados se acojan a beneficios penitenciarios, como el régimen abierto o semiabierto, y cumplan parte de sus penas en libertad, pero controladas por las autoridades judiciales.