“La historia da cuenta de que Ecuador es un Estado que siempre ha tenido idas y venidas en el irrespeto al ordenamiento jurídico. Y eso pasa por el mismo defecto: que el poder político ha buscado tomarse la institucionalidad, no servir desde ella”, señala el constitucionalista José Chalco-Salgado al hacer una evaluación de la crisis institucional que vive el país.
Crisis institucional que tiene muchos ejemplos: los constantes escándalos en el manejo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que es órgano de designación de las autoridades de control y que ha terminado con vocales destituidos por juicios políticos; fallos de la Corte Constitucional por no acatar sus decisiones o procesados penalmente por hechos de corrupción; o la cooptación de la justicia por grupos de poder político, económico y delincuencial, que se evidenció con los casos Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla y otros, que salpicaron a jueces, fiscales y servidores judiciales; o la imposibilidad del Ejecutivo y el Legislativo de ponerse de acuerdo sin que haya pugnas de por medio; o la precarización de la educación y la salud públicas, que han generado malestar en la ciudadanía.
En la encuesta que todos los años realiza la Corporación Latinobarómetro en 18 países de la región se incluyó en el 2024 una pregunta en la que se les pidió a los ciudadanos que respondan cuánto cambio necesitan sus sociedades. Había cuatro opciones: “está bien como está, “se requieren pequeños cambios”, “se requieren cambios profundos” y “se requieren cambios radicales”.
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Un 2 % de los ecuatorianos votó por la primera; un 27 %, por la segunda; un 35 %, por la tercera; y un 36 %, por la cuarta. Es decir que, entre las opciones 3 y 4, más de las dos terceras partes del país aspiran a que se concreten cambios que les den un giro importante a sus condiciones de vida personal y como parte de un colectivo social.
Tanto Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, como Luisa González, de la alianza Revolución Ciudadana-RETO, listas 5-33, coinciden en que el país necesita urgentemente cambios en su institucionalidad. Pero discrepan en las vías para hacerlo.
En los planes de trabajo que presentaron en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el momento de inscribirse ambos hablan de temas generales.
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Así, por ejemplo, Noboa dice que quiere “construir instituciones sólidas y confiables que promuevan la igualdad, justicia, el respeto a los derechos humanos y el mejoramiento del servicio, a través de la capacitación continua a los funcionarios públicos para mejorar la rendición de cuentas y promover una cultura de ética y cumplimiento a la normativa vigente”.
Mientras que González plantea “poner en marcha todas las reformas normativas necesarias para recuperar la estructura institucional de nuestro país y el reconocimiento de derechos humanos garantizando el pleno respeto al contenido de la Constitución”.
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El presidente-candidato no habla de las vías para hacerlo posible. Recién en el discurso de campaña Noboa ha dicho que impulsará una asamblea constituyente para hacer reformas a la Constitución en varios aspectos, como eliminar a los presos de los grupos vulnerables, modificar la forma de aplicación de la prisión preventiva o eliminar el Consejo de Participación Ciudadana.
Convocar a una constituyente es una de las tres vías que constan en la Constitución para realizarle modificaciones cuando se trata de cambios en la estructura del Estado y que restringen derechos y garantías. Las otras dos son la enmienda, cuando se trata de cambios “menores” que no implican la alteración de la estructura del Estado o regresión en derechos; y la reforma parcial, cuando son cambios en la estructura, el carácter o los elementos constitutivos del Estado, pero que no restringen derechos. Cada vía tiene su procedimiento, que puede ser a través de la Asamblea Nacional, consultas populares y referéndums. En todos los casos se requieren pronunciamientos previos de la Corte Constitucional.
En el documento de González, en cambio, sí propone reformas legales en varios ámbitos que se tramiten en la Asamblea Nacional, aprovechando la mayoría que tendrá el correísmo en el próximo periodo legislativo. Aunque no da detalles de sus contenidos.
En varias entrevistas recientes, ella ha dicho que la constituyente no es necesaria por el momento; que primero hay que resolver los problemas más urgentes que tiene el país, como la inseguridad, la deserción escolar, la falta de centros de salud pública y medicamentos o el desempleo. Pero no descarta hacerla más adelante, aunque en el pliego de peticiones que le ha hecho su nuevo aliado, el movimiento Pachakutik, está no hacerla.
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Chalco-Salgado sostiene que el reto del nuevo Gobierno es blindar la institucionalidad democrática del país más allá de maquillajes discursivos. “Hay que pensar en una reestructuración profunda de la Constitución, que podría ser a través de una constituyente, pero en el tiempo adecuado, que no sea solo discurso de campaña sino fruto de un consenso social”, agrega.
El constitucionalista y exasambleísta Héctor Muñoz admite que hay reformas profundas que no pueden hacerse por la vía legislativa, como la bicameralidad del Parlamento o romper con el hiperpresidencialismo, pero opina que no es momento para una constituyente porque hay que atender antes cuestiones como la lucha contra la inseguridad, generar estabilidad en lo económico y, principalmente, hacer inversión estatal en lo social. “Para todo esto no se requiere una constituyente, sino voluntad política”, indica. (I)
Lo que propone Daniel Noboa en el eje institucional
1. Fortalecer las instituciones públicas y promover una gestión eficaz al crear programas y acciones con el robustecimiento del sistema de gobierno abierto en las diferentes entidades del sector público para impulsar una cultura de transparencia.
2. Garantizar el libre acceso a la información como un derecho fundamental, facilitando la participación ciudadana en la toma de decisiones y el control social sobre la gestión pública mediante la implementación de políticas y normas de transparencia.
3. Fortalecer el apoyo desde el Gobierno central a los diferentes organismos de control para que se investiguen casos de corrupción, que hayan minado la confianza ciudadana en las instituciones, respetando la independencia de poderes.
4. Garantizar el ejercicio de los derechos de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción a través de la realización de asambleas, colectivos, mesas de trabajo para elaborar, ejecutar y controlar las políticas y servicios públicos.
5. Agilizar y simplificar los trámites administrativos mediante la modernización de las instituciones públicas, promoviendo la digitalización de los servicios y optimizando los procesos internos.
6. Modernizar la gestión institucional pública a través de una evaluación integral, reestructuración y establecimiento de metas claras y medibles, alineadas con los planes de desarrollo nacional, para garantizar una mayor eficiencia y pertinencia en la prestación de servicios públicos.
7. Diseñar una estrategia territorial nacional que impulse la participación ciudadana, fortalezca las capacidades locales y garantice una distribución equitativa de los recursos.
Lo que dice el plan de gobierno de Luisa González en reforma institucional
1. Reinstitucionalizar el país a través de un proceso constituyente participativo.
2. Garantizar el principio de independencia de las funciones del Estado y generar condiciones desde la ciudadanía para un pacto por la justicia independiente e imparcial, en donde la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral, la Función Judicial y sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos asuman el compromiso irrestricto de cumplir con efectividad y probidad la garantía de que los procesos judiciales se resuelvan en apego a las normas constitucionales, convencionales y legales, y a los procedimientos y tiempos judiciales correspondientes.
3. Promover la adopción de leyes orientadas a evitar la intromisión de los poderes fácticos, incluidos los poderes económicos y mediáticos, en la administración de justicia, asegurando las posibilidades para hacer realidad el principio de imparcialidad de las y los jueces.
4. Defender la soberanía nacional y rechazar la aplicación de la extraterritorialidad de la ley: no a los tratados de asistencia recíproca; no a la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio.
5. Impulsar la reforma de la ley electoral para evitar la dispersión electoral y la erosión de la legitimidad del gobierno, aumentando la proporcionalidad del sistema.
6. Impulsar la democratización y modernización de las campañas electorales, promoviendo debates de calidad con atención a la paridad de género, generación y etnia, y la transparencia de los aportes y las cuentas de campaña.
7. Impulsar la democratización de los partidos: incorporar la paridad a los órganos directivos de los partidos y hacer obligatorias las primarias para acceder a presidir esos órganos.
