Un tema de fuerza mayor de Oswaldo Trujillo, abogado de Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, obligó a los jueces anticorrupción Clara Soria (ponente), Andrés Muñoz y Jorge Sánchez, integrantes del Tribunal de Juicio del denominado caso Nene, declarar fallida la audiencia de juzgamiento señalada por el delito de oferta de tráfico de influencias.
La diligencia estaba convocada para las 08:30 en el segundo piso de la Unidad Judicial Norte, en Quito; pero este jueves, 16 de enero de 2025, se declaró fallida la audiencia y el tribunal señalará nueva fecha y hora.
El pedido de Trujillo fue presentado oralmente y ante ello la jueza ponente decidió declarar fallida la diligencia a costa del defensor y aplicó una multa de dos salarios básicos unificados para el profesional. Dispuso que la Defensoría Pública defina un abogado para que, de ser el caso, en el próximo llamado represente al acusado y no se violente su derecho a tener un defensor.
Publicidad
Soria adelantó que se notificará lo más pronto posible la nueva fecha para la audiencia, pero adelantó que no sería en enero o febrero debido a que el calendario de audiencia está copado.
Aunque el 19 de noviembre pasado fueron llamados a juicio, en calidad de autores directos dentro del caso Nene, Francisco Sebastián B. A. y Daniel Lenín R. P., hijo y exasesor, respectivamente, de la vicepresidenta Abad, el Tribunal de Juzgamiento convocó solo al primero para la respectiva audiencia. Para el exasesor vicepresidencial quedó en suspenso la etapa de juzgamiento porque el delito procesado no es susceptible de ser juzgado en ausencia y el sospechoso se mantiene en calidad de prófugo.
La jueza Karol Zambrano fue quien en noviembre pasado definió que ambos procesados debían ser llamados a juicio. La decisión se dio, dijo la jueza anticorrupción, porque en la audiencia se presentaron suficientes elementos de convicción que revelarían la responsabilidad de cada uno de los procesados en el delito investigado, los cuales deben ser analizados en juicio por un tribunal.
Publicidad
Durante la diligencia preparatoria de juicio se escuchó el dictamen acusatorio del fiscal Leonardo Alarcón, quien señaló que la investigación del caso Nene giró en torno a la denuncia colocada en el buzón de denuncias de la Fiscalía General por Romel P. El denunciante habría asegurado que temía por su seguridad, pues había observado irregularidades en su paso laboral en la Vicepresidencia de la República.
El hijo de la vicepresidenta y único enjuiciado asistió personalmente a la diligencia, principalmente porque esta es la etapa que por ley el procesado está obligado a asistir. No emitió declaración alguna a la prensa.
Publicidad
Según el denunciante, a él lo habrían contactado los dos hoy procesados para ofrecerle el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia de la República, pero a cambio pedían entregarles mensualmente una buena parte del sueldo de $ 3.200 que iba a recibir. Primero se le exigían $ 2.000 mensuales, y luego de una “negociación” la cifra quedó en $ 1.500.
Romel P., quien actúa en calidad de víctima en el caso Nene y acudió a la diligencia personalmente, refirió en su denuncia que no habría podido pagar nada de lo pactado porque antes de reconocer su deuda y poder retirar una letra de garantía por $ 30.600, que supuestamente le hizo firmar Francisco Sebastián B. A., al denunciante lo habrían desvinculado del cargo en la Vicepresidencia de la República.
En esta etapa, el tribunal deberá analizar si la prueba que expondrá la Fiscalía respecto al hijo de Abad se apega o no al delito tipificado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta norma aclara que la oferta de realizar tráfico de influencias mantiene penas privativas de libertad de tres a cinco años.
Tras la declaratoria de audiencia fallida, Sebastián B. anunció que su abogado, Oswaldo Trujillo, dará una rueda de prensa para dar a conocer los motivos de fuerza mayor y lo que “está pasando hoy en día”.
Publicidad
Al referirse a la situación de la vicepresidenta Verónica Abad, indicó que es una situación muy compleja que se vive en el país, se ha visto que existen muchas denuncias, incluso de jueces, por presiones que han existido para que se resuelva de cierta forma y a conveniencia del Gobierno de turno. Sin embargo, aclaró que el caso Nene es aislado a la situación de su madre.
David Mesa, abogado de Romel P., víctima en el caso Nene, manifestó que la causa de fuerza mayor aludida por el abogado de Sebastián B. deberá ser justificada en legal y debida forma ante el tribunal, que deberá convocar a una nueva audiencia. Si existiese una segunda inasistencia de parte del abogado del procesado, se ha ordenado que se cuente con la Defensoría Pública con el fin de que la audiencia pueda llevarse a cabo y no haya dilaciones en este caso. (I)
