Todo lo que debe saber sobre la vinculación de Ronny Aleaga al caso Metástasis

Otro exasambleísta fue vinculado a un caso de presunta delincuencia organizada. Se trata de Ronny Aleaga, de las filas del correísmo.

El viernes 15 de marzo, la fiscal Diana Salazar ubicó a Aleaga como uno de los trece nuevos vinculados al caso Metástasis como colaboradores de una estructura criminal que fue liderada por el narcotraficante Leandro Norero, la cual tenía como objetivo obtener fallos judiciales favorables, beneficios penitenciarios y acceder a información privilegiada de la Policía y la Fiscalía. Norero, a quien se le conocía con el alias de Patrón, buscaba que todos los objetivos de la “empresa criminal” conformada lleguen no solo a él, sino a sus familiares y cercanos a la organización que mantenía.

Aleaga participó de forma virtual en la audiencia para vincular a trece nuevos procesados en este caso, que ahora pasa a tener 52 personas investigadas en la fase de instrucción fiscal y que se instaló pasadas las 08:10 del viernes.

En una corta y breve intervención, el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) solicitó al juez de la Corte Nacional Felipe Córdova poder ejercer su derecho a la defensa en libertad para precautelar su seguridad.

No obstante, para la fiscal Salazar la única medida cautelar adecuada para los trece nuevos colaboradores de la “cúpula criminal” del caso Metástasis era la prisión preventiva. Por ello, la mañana del viernes 15 de marzo, la titular de la Fiscalía solicitó al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Felipe Córdova que disponga para todos esa medida cautelar de orden personal y así se posibilite que asistan al procesamiento y evitar cualquier injerencia en la causa judicial.

Y, en el caso de Aleaga, como Fiscalía maneja la información de que este abandonó el país por vía terrestre el 26 de diciembre de 2023 por la frontera norte con Colombia y no se tiene confirmación oficial de un retorno al país, pidió una orden de localización y captura para Interpol.

En la exposición relacionada al exasambleísta, la fiscal Salazar lo ubicó como “colaborador de este grupo de delincuencia organizada, se aseguraba de callar a las voces capaces de entorpecer esa operatividad criminal, así como de comunicar los trabajos desarrollados en el marco de la fiscalización, en el marco del control político, a fin de guiar las decisiones que se tomen en su gestión delictiva. No estaba para realizar las leyes, sino para acoplar la estrategia de persecución a sus opositores para acallarlos, ya sea mediante la presentación de denuncias, de informes y también de requerir información que era luego coordinada y trabajada directamente con el líder de esta estructura, Xavier J.

En el relato de la Fiscalía en el tema Aleaga se recordó que a raíz del proceso de lavado de activos contra Norero y la filtración de una foto denominada “la foto de los Tetones”, en la que es visible que está el procesado y líder de esta organización, Xavier Jordán. En ese momento, explicó Salazar, surgieron varios relacionamientos públicos entre la cúpula de la delincuencia y sus colaboradores.

Alias ‘Ruso’

En ese contexto se habría dado la participación y la colaboración de los encargados, en este caso Ronny Aleaga, alias Ruso. Según la fiscal general, Diana Salazar, los esfuerzos de estos “encargados”, como Aleaga, estaban direccionados a “silenciar a la persona, y como en efecto lograron hacerlo, a la persona que representaba la mayor fuente de develación de sus actividades delictivas: el candidato a la Presidencia Fernando Villavicencio. Lo silenciaron finalmente”.

Salazar le recordó al juez Córdova, quien dirige la diligencia de Metástasis, que Fernando Villavicencio a esa época ya había denunciado públicamente los “hilos de la mafia manejados por Xavier Jordán y Leandro Norero”. Esas revelaciones, anotó la fiscal general, incluso generaron varios enfrentamientos en el pleno de la Asamblea Nacional con el también entonces legislador Ronny Aleaga.

La Fiscalía sospecha que alias Ruso es Ronny Aleaga. Ese alias aparece en un sinnúmero de conversaciones ubicadas en varios teléfonos encontrados en la celda del narcotraficante Leandro Norero, luego de su asesinato dentro del Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga, el 3 de octubre de 2022.

Al Ruso se lo ubicaría como el operador político de Norero y Xavier J. El exlegislador correísta por la provincia del Guayas fue parte de la pandilla de los Latin King, banda que entró en un proceso de pacificación en el gobierno de Rafael Correa, e incluso integró el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en la anterior Asamblea Nacional.

52 vinculados

Entre los vinculados están el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronny Aleaga, la exfiscal provincial de Guayas Yanina Villagómez, la académica Myriam Delgado y la colombiana Claudia Garzón, ambas exintegrantes de la Comisión de Pacificación de Cárceles durante el gobierno de Guillermo Lasso.

La lista de vinculados la completan los empresarios Elio A., Ángel L., Marcel L. y Eduardo R.; Romel T., exadministrador de una constructora; los guías penitenciarios Katherine G. y Carlos M.; la teniente de Policía y perita Doris O.; y Juan Pablo J., proveedor de insumos médicos a hospitales públicos de Guayaquil y que al momento es procesado por el delito de peculado.

La Fiscalía tiene claro que del expediente se desprenden los suficientes elementos de convicción para pedir al juez de la Corte Nacional Felipe Córdova que vincule a todos los sospechosos a una instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada que ha permanecido abierta 91 de los 120 días dispuestos. Los elementos expuestos fueron diálogos, videos, fotos, mensajes de audio que habrían sido ubicados en varios celulares de propiedad de Norero, que han sido explotados durante la etapa preprocesal de investigación previa y en el decurso de la instrucción fiscal.

En este segundo grupo de vinculados a la causa en la que ya son procesados un exjuez de Corte Nacional, varios jueces y exjueces de las provincias de Cotopaxi, Guayas, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, policías, agentes penitenciarios, abogados en libre ejercicio, empresarios, fiscales y funcionarios judiciales, la fiscal Diana Salazar ubica a los vinculados como los colaboradores de la estructura que tuvo en la cúpula a Gilmar C.; el abogado de Norero, Christian R.; Daniel Salcedo y Xavier J. y los abogados en libre ejercicio Hélive A., alias Estimado, y Javier N., alias Novi o Novita.

Salazar justificó el pedido de prisión preventiva solicitado en información del propio expediente del caso Metástasis, en el que se encontraron datos y conversaciones que revelan el nivel de poder e injerencia política, por ejemplo, en el caso de Aleaga y el movimiento político por el que fue asambleísta; la posibilidad de que estando en libertad los procesados puedan atentar contra el equipo de fiscales y policías que investigan el caso o puedan obstaculizar la investigación a través de la red de influencias en funcionarios judiciales que han demostrado tener la mayor parte de los vinculados.

Otros de los procesados que se tiene constancia que estarían fuera del país, según un informe de la Unidad Nacional de Investigaciones de la Policía Nacional, serían la colombiana Claudia Garzón, quien dejó el país en el 2022, y los ecuatorianos Marcel L. y Eduardo R., el primero habría salido de Ecuador en marzo pasado y el segundo, en octubre de 2023.

Para los cuatro la fiscal Salazar solicitó una orden de localización y captura, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del reglamento de la Interpol (Policía internacional, por sus siglas en inglés), para que sean trasladados al Ecuador y que puedan enfrentar a la justicia y el proceso penal.

Finalmente, como medidas reales se ordenó para los trece procesados la retención de cuentas de ahorro y pólizas que los sospechosos mantengan en seis bancos localizados en Ecuador y la prohibición de enajenar bienes que los investigados tengan en las ciudades de Quito, Riobamba, Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayaquil, lugares en donde se radicarían estos. La Procuraduría se sumó al pedido y pidió que se agregue la ciudad de Santa Elena, en la provincia del mismo nombre, donde viviría otro de los procesados. (I)