El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por la vicepresidenta Verónica Abad en contra de la sentencia que desestimó su denuncia por presunta violencia política de género en contra del presidente Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld y los exfuncionarios del Gobierno, Esteban Torres y Diana Jácome, quienes son ahora eventuales asambleístas electos.
El pasado 24 de diciembre, el TCE resolvió negar y archivar la denuncia que meses atrás presentó Abad y ahora debe resolver si ratifica o modula la sentencia de primera instancia o acepta la denuncia de la vicepresidenta. Por ahora solo se ha dispuesto conformar el tribunal dejando fuera a dos jueces que ya conocieron la causa en el primer fallo.
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“En la denuncia analizada se observa que si bien es cierto las expresiones que se alegan como faltas fueron proferidas en contra de una mujer, no se puede constatar que las presuntas faltas se hayan cometido durante el proceso electoral o con motivo de este, por lo tanto, este juzgador estima innecesario verificar si las expresiones se efectuaron con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos”, recoge el fallo, emitido en diciembre.
En tanto, en el auto de admisión del recurso presentado por Abad en contra del fallo se indica que los jueces Fernando Muñoz Benítez y Guillermo Ortega Caicedo se encuentran legalmente impedidos de intervenir en la presente causa. Por lo que previo al trámite respectivo, se pide convocar a los jueces suplentes con el fin de que integren el pleno jurisdiccional que resolverá la presente causa.
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El tribunal que se integre debe resolver si ratifica o modula la sentencia de primera instancia o acepta la denuncia de la vicepresidenta.
En esta denuncia, Abad acusa al jefe de Estado de haber “mermado su participación como mujer en las decisiones políticas del Estado”; a la canciller Gabriela Sommerfeld por haber mencionado que no es “agradecida” con Noboa por haberla enviado de embajadora.
A Torres por haber mencionado que sería “nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y acciones del presidente asuma el poder, porque lo primero que hará en el primer día es revertir las victorias que el Gobierno ha tenido”; y a Jácome por cuestionarla que “si asume el cargo de presidenta (…) hay muchos grupos políticos que están apoyándola (…), sabemos que hay reuniones y acuerdos entre ellos, y eso no lo vamos a permitir (…), tenemos identificados los respaldos y apoyos que tendría esa funcionaria (…), estás pensando en beneficio propio y en venganza (…), miren ustedes, ustedes son padres algunos, si tu hijo está preso tú te regresas o prefieres mantenerte porque quieres el poder, lo dejo ahí para ustedes y para la audiencia”.
El pedido de la vicepresidenta era que se sancione a Noboa, Sommerfeld, Torres y Jácome por incurrir en una infracción electoral muy grave contemplada en el artículo 270 del Código de la Democracia, por violencia política, y los obligue a pagar una multa de 70 salarios y la suspensión de derechos de participación por cuatro años.
Como causales apuntaba la amenaza o intimidación en cualquier forma a una o varias mujeres o a sus familias, y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan, entre otras. (I)