En los siete meses que quedan para concluir el periodo legislativo transitorio, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional evacuará al menos seis solicitudes de juicio político que están ‘en cola’ desde hace siete meses y que corresponden a exministros de Estado, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El último proceso que cerró la Comisión fue el de la ministra del Interior, Mónica Palencia, cuyo trámite concluyó el 9 de octubre pasado cuando la presidenta de ese cuerpo colegiado, Pamela Aguirre (RC), sometió a votación la moción para aprobar un informe que recomendaba el juicio político, pero no obtuvo una mayoría de votos.
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El expediente y las posiciones de los asambleístas de la mesa pasaron a conocimiento del pleno de la Asamblea, y este 17 de octubre, con 89 votos, resolvió llamar a juicio a Palencia por incumplimiento de funciones en dos causales expuestas por el correísmo: irrupción de la fuerza pública a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, y la falta de un plan de seguridad para enfrentar la violencia en el país.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz (RC), convocará para el próximo miércoles 23 de octubre al juicio político.
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Marcelo Espinel, subdirector del Observatorio Legislativo, señala que hay dos factores que marcan el curso del trámite de los procesos de interpelación política. El primero, es legal que se determina por el orden en que ingresan y se tratan los juicios apegados a lo que señala la ley orgánica de la Función Legislativa luego de que son calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
El segundo factor es el político, que se determina por la composición de la mesa de Fiscalización. Según Espinel, sus integrantes actúan en función de los intereses de las agrupaciones políticas a las que pertenecen y no a un real deseo de fiscalización a las autoridades. “Si un presidente no tiene mayoría en la Asamblea, su Gobierno va a ser más fiscalizado. Pero esto ha ocurrido siempre”, dice Espinel.
En cambio, para la Comisión Nacional Anticorrupción, existe una falta de ética sobre el tratamiento de los juicios políticos en la Comisión: no hay un debate de ideas de los legisladores, sino que caen en discusiones, gritos y hasta golpes de mesa. Eso ha llevado a que se reúnan de forma telemática para evitar los enfrentamientos. Así se desarrolló el proceso contra la ministra Mónica Palencia.
Según la Comisión Anticorrupción, el manejo de los juicios ha evidenciado el interés de arremeter contra las autoridades que no están aliadas.
Por ejemplo, añade, para adelantar el proceso de la fiscal Diana Salazar, los asambleístas del oficialismo y del correísmo retiraron las firmas de apoyo de los juicios de los tres exministros de Guillermo Lasso que ellos mismo habían impulsado. De esa forma, los juicios contra el exministro de Economía Pablo Arosemena, el exsecretario de la Administración Sebastián Corral y la exsecretaria de Educación Superior Andrea Montalvo, se archivaron.
Los cuestionamientos sobre el manejo de los juicios políticos surgen incluso desde los miembros de la mesa. El legislador Ramiro Vela (ADN-Aliados) acepta que la falta de imparcialidad le ha restado credibilidad al trabajo .
“No se miran las causales de los juicios. En el tema de la fiscal, la mayoría decidimos que no prosperara porque no había causales; todos hemos visto cómo han sido detenidos jueces, fiscales y hasta autoridades judiciales”, dijo.
Proceso en curso
La Comisión de Fiscalización, el martes 15 de octubre, activó el siguiente juicio político dirigido en contra de la exministra de Energía y Minas del gobierno de Daniel Noboa, Andrea Arrobo, fue planteado por los asambleístas: Jaime Moreno y Ana Galarza, de la bancada Construye, y Vicente Taiano, del bloque del PSC.
La solicitud de juicio contra Arrobo fue presentada el 24 de abril, con 40 firmas de respaldo, y el 8 de mayo fue calificado por el CAL. Las acusaciones tienen relación con un supuesto incumplimiento de funciones y negligencia en el manejo del sector eléctrico para solventar la crisis energética del mes de abril de 2024.
Según las acusaciones, hasta abril de 2024 no se efectuaron las contrataciones que generarían energía adicional necesaria para satisfacer la sequía o estiaje, lo que significó depender de la contratación de energía eléctrica importada de Colombia, pero luego se conoció que el país vecino no venderá energía al Ecuador generando cortes del servicio.
Andrea Arrobo estuvo a cargo del Ministerio de Energía y Minas desde el 23 de noviembre de 2023, cuando empezó el mandato de Daniel Noboa. El 16 de abril, en medio de la crisis energética, el presidente de la República exigió la renuncia de la entonces funcionaria y además motivó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.
Al momento este proceso está en la etapa de contestación de las acusaciones y la presentación de pruebas de descargo cuyo plazo vence en 15 días, contados desde el día 10 de octubre.
Solicitudes de juicio ´en cola´
La Ley Orgánica de la Función Legislativa determina los plazos para el trámite de un juicio político, que empieza con la calificación, notificación, contestación, presentación de pruebas de descargo, actuación de prueba, elaboración de informe y aprobación del informe para conocimiento del pleno. Todos esos plazos, sin solicitar tiempos adicionales, tienen una duración de 30 días.
En la lista de solicitudes pendientes para el trámite en la Comisión constan los siguientes: Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Juan Esteban Guarderas vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el excanciller Gustavo Manrique, el juez del TCE Fernando Muñoz y la vocal del CPCCS Johanna Verdezoto.
1. Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral
El juicio político al juez electoral Ángel Torres fue calificado por el CAL el pasado 26 de junio. Construye impulsó este juicio luego de que Torres procesara una denuncia en contra de la agrupación por una infracción electoral. Esto desató críticas hacia el juez, quien luego presentó una querella por calumnias contra la legisladora Ana Galarza. Por ello, el pasado 1 de julio, Construye retiró la interpelación. Sin embargo, el trámite sigue en la Comisión de Fiscalización hasta determinar el cumplimiento de requisitos.
2. Juan Guarderas, miembro del CPCCS
En junio pasado, la legisladora correísta Ana Cecilia Herrera formalizó el pedido de juicio político contra el vocal del Consejo de Participación Juan Esteban Guarderas, por supuesto incumplimiento de funciones. Se lo acusa de una supuesta violación del deber de reserva y protección al denunciante, de una presunta falsificación de firma en la queja contra la vicepresidenta Verónica Abad ante el TCE y de presunto tráfico de influencias y violación de la independencia judicial. El proceso fue calificado el 26 de junio.
3. Gustavo Manrique, excanciller de Guillermo Lasso
La legisladora Jadira Bayas (ADN) fue la proponente del juicio político contra el excanciller Gustavo Manrique. El CAL calificó el proceso el pasado 26 de junio de 2024. Bayas sostiene que el canje de deuda por $ 1.100 millones para la conservación en las islas Galápagos que impulsó Manrique genera un perjuicio para el Estado, pues cada año se deben pagar $ 18 millones por intereses y que no hay garantía de que los fondos vayan a ser utilizados solo para Galápagos.
4. Fernando Muñoz, juez electoral
El proceso contra el juez electoral Fernando Muñoz es impulsado por el asambleísta Roberto Cuero, de la bancada de la Revolución Ciudadana. Lo acusa de interferir en el proceso en el cual se analizaba la sanción por una presunta falta electoral que habría cometido el exalcalde de Quito Jorge Yunda. En su pedido constan tres causales: vulnerar la independencia judicial, vulnerar el principio de celeridad procesal y arrogarse funciones. El Consejo de Administración legislativa calificó el juicio el pasado 28 de julio.
5. Johanna Verdezoto, vocal del CPCCS
El juicio contra la consejera Johanna Verdezoto es impulsado por la legisladora Ana Cecilia Herrera (RC) por la causal de incumplimiento de funciones. Ella menciona que Verdezoto fue señalada por un supuesto conflicto de intereses en el concurso para la designación del defensor público y que además enfrenta una denuncia por concusión y perjurio vinculada con un contrato de arrendamiento, con lo cual habría incumplido la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Orgánico Administrativo. El CAL calificó este proceso el 29 de julio pasado. (I)