“Inacción o actuación sesgada” en una docena de casos de relevancia pública o política y “deficiente gestión administrativa” son las motivaciones del juicio político que presentó la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) en contra de la fiscal general, Diana Salazar.
El pedido de interpelación lo impulsa la legisladora correísta Gissela Garzón con el respaldo de sus coidearios. En el bloque hay 51 asambleístas.
En un documento de 100 páginas, Garzón expone una serie de supuestas “acciones u omisiones en los siguientes casos:
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- León de Troya
- Encuentro
- INA Papers o Sinohydro
- Lesa humanidad. Octubre del 2019
- Fraude procesal en caso Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo
- Caso Vacunados vip por tráfico de influencias y peculado contra el exministro de Salud Juan Carlos Zevallos
- Caso Tribunal Contencioso Electoral-Santiago Guarderas y Jorge Yunda
- Peculado y enriquecimiento ilícito contra Mauro Falconí, exministro de Salud
- Caso consulta popular 2018. Se usaron recursos públicos en la campaña electoral
- Petroecuador (Danubio)
- Sobornos
- Narcogenerales
Sobre estos procesos, en el pedido de juicio político se menciona que Salazar habría implementado “una verdadera justicia a la carta, selectiva, en la que el ritmo de cada investigación lo imponen los intereses políticos de la fiscal y grupos políticos de poder”.
“La fiscal general del Estado, encargada de investigar y procesar a personas que poseen fuero de corte, muy contrariamente a lo que sostiene públicamente, no es objetiva. Ha dejado de lado casos tan importantes como INA Papers, Reparto de Hospitales, Octubre 2019, Danubio, Narcogenerales, Pandora Papers, León de Troya, Encuentro, el asesinato de Rubén Cherres, Flopec, entre otros tantos. Esa responsabilidad es directamente imputable a la fiscal general ya que todos ellos tienen fuero de corte, bien sea porque involucran a un alto funcionario del Estado directa o indirectamente”, refiere el documento.
Respecto a su gestión se analizan tres cuestiones: productividad, acumulación de casos en investigación previa y la protección a la seguridad de los fiscales.
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En productividad se menciona que no hay información completa sobre los casos procesados y que lo poco que hay no se puede comparar. “Solo considerando el número de notitia criminis que se ha registrado desde 2020 tenemos un aproximado de 921.532 casos que han entrado a la Fiscalía de los que no se conoce en qué etapa se encuentran, ni cuál ha sido su resolución”.
En el segundo tema se menciona que hay 2.304 casos en indagación previa, algo que “es demasiado”, según la legisladora Garzón. Esto denota “una ineficiente gestión en el proceso de investigación y por lo cual se ha pedido desde la Asamblea Nacional que se complemente la información respecto a los casos que han superado los dos años de investigación previa reservada y que pueden ser archivados conforme el artículo 585 del Código Orgánico Integral Penal”.
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El documento reseña, en el tercer punto, que entre el 2022 y el 2023 han sido asesinados cinco fiscales. “La Fiscalía General, además de procesar individualmente estos casos, no ha estructurado ningún plan operativo para proteger a los fiscales de la violencia del crimen organizado, sobre todo de quienes se encargan de investigar delitos relacionados con el crimen organizado”.
En una entrevista con EL UNIVERSO, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, recordó que el juicio político a Salazar es el tercero que se presenta en la nueva Asamblea; los primeros son contra Fernando Santos, exministro de Energía, por los oficialistas de ADN; y el otro es contra Juan Zapata, exministro del Interior, de parte de los socialcristianos.
“La Ley Orgánica de la Función Legislativa es muy clara, los juicios políticos se tratan en la Comisión de Fiscalización en el orden que fueron ingresados... Hay seis juicios políticos pendientes, contando inclusive el del expresidente Guillermo Lasso Mendoza, que se tiene que ventilar porque hay un proceso legislativo que se debe de cumplir, ese digamos se trata de manera especial porque es el expresidente y todos los demás se tienen que tratar en el orden. Entonces, si fuera de ese hay cinco juicios políticos y hay tres más, el juicio a la fiscal general del Estado sería el octavo juicio político. Si usted calcula aproximadamente mes y medio o dos meses por juicio político, estaríamos hablando un término de quizás catorce meses para que sea tratado”, dijo.
De momento, RC solo contaría con sus 51 votos. Las otras bancadas han señalado que no apoyarán el proceso. Para censurar y destituir a la fiscal general se requieren al menos 70 votos. (I)
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