El secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, afirmó que la propuesta de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) y del Gobierno de debatir una resolución de apoyo a la cooperación internacional para la lucha contra el crimen organizado transnacional es “netamente electoral y política”.
El funcionario respondió así al pedido realizado por la canciller Gabriela Sommerfeld de que el Legislativo, sin perder más tiempo, debe tratar la propuesta del gobierno de Daniel Noboa sobre la incorporación de fuerzas especiales de países aliados para el apoyo a las acciones de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra los grupos de delincuencia organizada transnacional.
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El secretario Muñoz sostuvo que desde el Gobierno existe una gran confusión jurídica respecto de este tema. Porque lo que se ha presentado por la parte de la bancada de Gobierno es una solicitud de resolución que realmente no tiene ningún efecto jurídico, únicamente declarativo y político, es decir, no es que para que el presidente pueda implementar este plan de seguridad de cooperación internacional se requiere una aprobación por parte de la Asamblea, recalcó.
Insistió en que es una confusión que tienen los abogados de la Presidencia y que, por supuesto, busca confundir a la ciudadanía. “Yo entiendo que seguramente por temas político-electorales buscan hacer esto”.
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Según Muñoz, para que la ciudadanía esté muy clara, “el presidente para poder realizar las acciones de cooperación internacional no requiere de una aprobación de la Asamblea; y esto además ya lo dijo la Corte Constitucional”.
El secretario general del Parlamento mostró y dio lectura del dictamen 9-23-T1/24, en el cual para el acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos relativo a las operaciones contra actividades marítimas, transnacionales ilícitas, dijo textualmente que para su ratificación no requiere aprobación legislativa. Es decir, “realmente se le pide seriedad al Gobierno que sus abogados hagan bien su trabajo o bien cambien de abogados, pero que definitivamente no busquen confundir a la ciudadanía”.
Muñoz, quien este viernes 21 de febrero apareció solo ante la prensa, comentó que el tema de cooperación de seguridad internacional es un tema eminentemente de responsabilidad de gestión del presidente de la República y del Ejecutivo, y que para eso se necesita capacidad, se necesita voluntad política, y que “la Asamblea no le puede dar negociando los acuerdos al Ejecutivo, eso ya depende de ellos”.
Recordó que la Asamblea Nacional le aprobó por unanimidad el apoyo a la declaratoria de conflicto armado interno. Apoyó las reformas al COIP aprobadas en consulta popular con mayoría en las que se reformaban todos los tipos penales pedidos por el presidente de la República.
De igual forma, dijo, se aprobó el incremento al IVA para la seguridad, es decir, las herramientas que le ha podido dar la Asamblea al presidente durante este año han sido absolutamente contundentes y todo lo que ha pedido. Entonces, “él tiene ahora la sartén por el mango y si es que desea, pues, esta cooperación internacional, ya corresponde a él evidentemente negociar con los demás países”.
El funcionario legislativo advirtió que si es que se va a firmar algún otro tipo de acuerdo, debe pasar por un filtro de la Corte Constitucional, quien decidirá que tiene que pasar o no por la Asamblea.
Muñoz insistió en que el cambio en el orden del día de la sesión 1.012 no genera ningún efecto jurídico, es simplemente “un objetivo netamente electoral, porque no tiene ningún impacto real, el presidente no necesita ese respaldo para poder realizar las acciones en seguridad... simplemente, es un tema político, un tema electoral”.
Anunció que para el próximo martes, 25 de febrero, en la tarde se convocará al pleno para abordar este tema y ahí se tratará lo que se tenga que tratar.
Dijo que no se sabe cuáles son los países con los que se va a llegar a un acuerdo, cuáles son los pormenores de ese acuerdo. Y esto no es de hacer tabla rasa a la Constitución o un voto en plancha “cuando ni siquiera se conocen los pormenores, esto es un tema serio, la seguridad no puede ser utilizada como un tema político-electoral, sino que debe analizarse de acuerdo a la ley y a la Constitución”, insistió. (I)