Se reinstala en la Corte Nacional la audiencia de juicio contra la exasambleísta Karina Arteaga, acusada del delito de concusión

Daniella Camacho (ponente), Luis Rivera y Byron Guillén son los jueces de la Corte Nacional de Justicia que estarán a cargo de continuar, este lunes 1 de agosto, la audiencia de juzgamiento contra la exasambleísta por Manabí por la alianza Unidad Primero-Alianza País, Karina Arteaga, y su exasistente y exjefa de despacho, Jenny Muñoz, ambas acusadas del delito de concusión.Arteaga llega a esta etapa del procesamiento penal pues la Fiscalía la acusa de que, en calidad de legisladora, habría exigido aportaciones indebidas a sus colaboradores en la Asamblea a través de terceros por un total de $ 44.950, que se habrían destinado a solventar gastos personales , como el pago de tarjetas de crédito, la compra de un vehículo, paquetes de viaje y alícuotas de un inmueble en Quito.Eran tres personas a las que se les formularon cargos inicialmente, pero el juez nacional Walter Macías, el 15 de octubre pasado, determinó el sobreseimiento de Jhon Arturo Álava, esposo de la exlegisladora procesada. A la continuación de la audiencia de juicio asiste el fiscal general subrogante, Wilson Toainga.El ilícito, según el fiscal Toainga, se realizó mediante violencia o amenazas, por lo que ante esta agravante se debía imponer a Arteaga una pena privativa de libertad de cinco a siete años. El artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) refiere sobre el delito de concusión que los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.Además se aclara en la norma que, si este ilícito se realiza mediante violencia o amenazas, el servidor público será sancionado con pena de cárcel de cinco a siete años.De momento, la causa de Karina Arteaga es la única de cuatro iniciadas dentro de lo que se conoció como el caso Diezmos.A la exasambleísta Norma Vallejo, hace pocas semanas, una decisión de mayoría de un tribunal de casación de la Corte Nacional le definió la suspensión condicional de la pena de dos años de cárcel. La exlegisladora nacional de Alianza País María Alejandra Vicuña está a la espera de que se emita una resolución ante el recurso de casación que planteó, y Nivea Vélez, exasambleísta por Loja por el Movimiento Municipalista, quien recibió una pena de un año de cárcel en calidad de autora del delito de concusión. Hasta el mediodía de este lunes cinco testigos fueron presentados por la Fiscalía para sustentar su teoría del caso. Entre estos estuvo Verónica Pinargote, excolaboradora de Arteaga y acusadora particular en este caso, quien mayo de 2019 acudió a la Fiscalía a denunciar que su exjefa en el 2018 le exigía parte de su sueldo mensual a cambio de mantenerla en su puesto de trabajo como asesora. Según la denunciante, su sueldo alcanzaba los $ 3.500, pero solo se le permitía quedar con la décima parte, pues todo lo demás debía ser depositado en una cuenta del esposo de la entonces legisladora ahora procesada. La defensa de Pinargote, Miguel Revelo, sostiene que esta comprobado que la ahora exasambleísta Arteaga solicitó dinero, el cual provenía de la remuneración que su cliente recibió por tres meses en la Asamblea Nacional. “Las pruebas están ya agregadas al proceso y será el Tribunal el que decida que sanción debe recibir esta exasambleísta (...) pero esperamos que el Tribunal pueda resolver a favor de los perjudicados ”. También habló la exempleada doméstica de Karina Arteaga, quien en su testimonio bajo juramento apuntó que ella nunca trabajó en la Asamblea, pero si recibió un sueldo de esa institución mientras seguía siendo doméstica en la vivienda de Arteaga. Al igual que Pinargote, ella aseguró que el dinero fue a parar en el pago de tarjetas de crédito del sobreseído y esposo de Arteaga, Jhon Álava. (I)

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