La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) planteó este jueves, 14 de marzo, iniciar un juicio político al exsecretario de la Administración y Gabinete de la Presidencia en el gobierno de Guillermo Lasso, Sebastián Corral, por incumplimiento de funciones.

La legisladora correísta Patricia Núñez explicó que la denuncia en el juicio político es por un “incumplimiento sistemático en sus funciones”.

“No cumplió como debía cumplir. De hecho, a pesar de que sabía que había cometido una ilegalidad se presentó ante los medios de comunicación a decir que estaba claro de esa ilegalidad y que no le importaba”, agregó.

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El expresidente Lasso, mediante Decreto Ejecutivo 662 de 9 de febrero de 2023, designó y posesionó a Corral Bustamante como secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República, sin considerar que es accionista de las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel C. A. y Teleamazonas Guayaquil S. A., las cuales mantienen con el Estado contratos de concesión de frecuencias prorrogadas.

En el examen se determinó que no se validó la información registrada, ni se verificó la prohibición determinada en la Constitución de la República, ocasionando que se habilite y permita el ejercicio del cargo público a una persona con prohibición para ocupar un cargo de rango de ministro de Estado.

El artículo 152 de la Constitución numeral 2 prevé que “... no podrán ser ministras o ministros de Estado... 2. Las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderadas de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que mantengan contrato con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual...”.

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En el examen también se señala que se exceptuó el análisis de fondos, inversiones y bienes en el exterior, ya que el examinado, en la declaración patrimonial jurada de 28 de febrero de 2023, dijo no tener directa o indirectamente bienes o capitales en países o jurisdicciones considerados paraísos fiscales.

En ese sentido, Núñez responsabilizó al Ministerio del Trabajo, al excontralor general del Estado, así como también al expresidente de la República Guillermo Lasso.

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“Haremos este juicio político porque me da la potestad la Constitución en el artículo 120 numeral 9, así como también en el artículo 131″, mencionó.

Indicó que su bancada procederá con una investigación de acuerdo con las declaraciopnes patrimoniales de Corral.

Según la asambleísta Núñez, Corral en las declaraciones patrimoniales “en un principio plantea una deuda de aproximadamente $ 6 millones y luego, al final de su gestión, la deuda es apenas de $ 2 millones”.

“Además, el señor (Corral) tenía en una cuenta de banco en Panamá dineros, y se habla de un efectivo de $ 240.000. Un funcionario público no puede tener dinero en paraísos fiscales”, cuestionó. (I)

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