La estrategia del Ejecutivo contra el crimen organizado y la optimización del Estado recibió un “golpe” jurídico con la reciente decisión de la Corte Constitucional (CC), que declaró inconstitucionales las leyes de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública, ambas aprobadas con carácter económico-urgente en la Asamblea Nacional.















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