En medio de conflictos políticos y empañados por la sospecha de irregularidades, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) arranca, a mediados del 2021, seis concursos públicos para la selección de 44 autoridades de seis instituciones del Estado, que culminarán entre julio y agosto del 2022.
Estos procesos se inician con la organización del concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para designar a los titulares de la Defensoría Pública y de la Contraloría del Estado. En el caso de esta última, luego de la crisis que enfrenta la institución cuando su extitular Pablo Celi fue involucrado en una investigación por presunta delincuencia organizada en el caso Las Torres.
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Carlos Riofrío es el actual contralor subrogante. Y el titular debería estar designado en mayo próximo.
Los otros concursos corresponden a la renovación parcial de dos vocales —principales y suplentes— del Consejo Nacional Electoral (CNE), de dos delegados al Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras, de los nueve representantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), de los 25 representantes de la sociedad civil ante los Consejos Nacionales de Igualdad (CNI) de Género, Intergeneracional, de Movilidad Humana, de Pueblos y Nacionalidades y de Discapacidades.
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Estas autoridades se eligen por comisiones ciudadanas de selección, conformadas por cinco personas elegidas por la ciudadanía, también por concurso de méritos e impugnación; y cinco delegados de las funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Electoral, Judicial y de Transparencia y Control Social.
El Consejo no ha conformado ninguna comisión para que empiecen formalmente con los concursos.
En la elección del contralor del Estado y de los vocales del CNE, las carpetas de los postulantes a ser comisionados aún están en etapas de revisión de sus expedientes.
En la integración de la comisión ciudadana que elegirá al defensor público, se deben sortear a los 30 postulantes mejor calificados, que pasarán a la fase de impugnación ciudadana.
El proceso para integrar la comisión que elegirá a los vocales electorales está en la etapa de revisión del cumplimiento de requisitos y calificación de méritos de unos 85 concursantes.
Esta renovación debía concluir en este 2021, pero el CPCCS se retrasa y los consejeros electorales están prorrogados en funciones. Se desconoce hasta cuándo.
Tampoco hay fecha para hacer el sorteo público que definirá a los consejeros, principales y suplentes, que culminarán su primer tercio en funciones, como lo establece el artículo 218 de la Constitución. Se resuelve que se hará “luego” del 20 de noviembre del 2021.
Respecto de los concursos para elegir a los miembros de Copisa, CNI, Consejo de Desarrollo de Fronteras se desconoce cuándo empezarán.
Se convoca a integrar la veeduría ciudadana para vigilar la elección de los miembros de los Consejos de Igualdad, pero no hay interés de la ciudadanía en participar, por lo que se volverá a hacer un nuevo llamado a inscribirse.
A la espera de los reglamentos, está la renovación parcial de dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que debería estar lista en abril del 2022, pero según el cronograma interno esto tardará.
110 autoridades de control del Estado se eligen por tres vías contempladas en la Constitución
Sobre la designación del titular de la Defensoría del Pueblo se estaría elaborando un reglamento. En tanto, César Córdova, exsecretario del CPCCS, continuará como defensor encargado, tras la destitución y censura por juicio político de Freddy Carrión.
Otro concurso que se realizará, pero por terna remitida por el presidente de la República, es el del superintendente de Compañías.
Víctor Anchundia es destituido y censurado en un juicio político que tramita la Asamblea Nacional, y el presidente Guillermo Lasso debe remitir una terna de candidatos para ocupar ese cargo en un plazo de 30 días.
Los consejeros preveían aprobar el reglamento de designación el 29 de diciembre, pero no alcanzan los votos para ese efecto.
Uno de los cambios que se podrían realizar en la normativa es que los candidatos escogidos por el jefe de Estado no acrediten tener título de cuarto nivel en diversas materias.
Para este proceso solo debe conformar la veeduría ciudadana; el pleno resolverá si los candidatos no incumplen requisitos legales o están incursos en prohibiciones; se convocará a impugnación ciudadana, y de quienes la superen, con el voto de mayoría o por unanimidad el Consejo designará al que considere. (I)