Resolver si el Ejecutivo debe o no entregar $ 265 millones para ‘mejorar’ el servicio de justicia, decisión que está en manos de una jueza de Pichincha

El próximo miércoles 19 de abril, la jueza de Pichincha Cecilia Pareja dará a conocer si acepta o no la acción de protección presentada como ciudadano por Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), contra el primer mandatario, Guillermo Lasso, y el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, con el fin de exigir el “presupuesto suficiente” para el trabajo de la Función Judicial.

La resolución resumirá los argumentos dados por las partes en más de doce horas de una audiencia que se suspendió el pasado 10 de abril.

En la diligencia participaron más de 20 víctimas que recordaron sus casos médicos, administrativos, para fundamentar la teoría de Terán de que se está afectando la dignidad humana de los funcionarios del sistema de justicia y de sus usuarios al tener desde el Ejecutivo un “goteo muy limitado” de recursos durante los últimos diez años. Terán señaló que no solo está solicitando $ 265 millones como reparación integral, sino que pide “que sea declarado vulnerador de los derechos el Poder Ejecutivo, representado por Guillermo Lasso y su ministro de Finanzas”.

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En vereda contraria estuvieron abogados de la Presidencia de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Secretaría de Planificación y de la Procuraduría General del Estado. Desde el Gobierno se aseguró que el CJ devuelve fondos -por ejemplo, en los últimos diez años habrían devuelto $ 500 millones de $ 4.500 entregados-, que la demanda no tiene sustento y que ha existido un cumplimiento efectivo por parte de la Función Ejecutiva respecto de los presupuestos que se envían a la Función Judicial.

Según Terán, quien asumió su propia defensa, a la jueza Pareja le fueron entregados informes que revelan que en el sistema de justicia existen al momento 651.485 causas represadas. El accionante sostenía que por el problema estructural que atraviesa la Función Judicial se estima que las causas en materias civiles, contencioso administrativas y tributarias, inquilinato, laboral, contravenciones, penal, tránsito,... demoran en promedio entre cinco, seis y hasta ocho años.

También recordó que hoy hay 267 jueces provinciales a nivel nacional, pero se requieren 364 y que todavía no es lo que se ajusta al estándar internacional. Que hay 101 tribunales distritales, cuando lo óptimo es tener 123; que para tribunales penales existen 186 juzgadores y lo que se necesitan son 243; que existen a nivel nacional 1.362 unidades judiciales, cuando lo que se requiere son 1.888.

Dijo además que de los informes entregados en la acción de protección se desprende que hacen falta diez conjueces en la Corte Nacional de Justicia; que del total de las unidades propias con las que cuenta la Función Judicial, el 93 % de la infraestructura está en malas condiciones y apenas el 7 % presenta condiciones adecuadas; que el 99 % de la flota de vehículos del CJ cumplió su vida útil; que para el concurso de Méritos y Oposición del Banco de Elegibles, carreras fiscales y fiscales provinciales se requiere un monto aproximado de $ 1,7 millones.

Para Wilman Terán, todo lo relatado, a partir de una merma constante en el presupuesto de la Función Judicial, ha impactado directamente en la eficiencia del servicio. “Debe haber un acceso material, real, que permita que la maquinaria judicial se movilice; si este acceso material no permite movilizar la maquinaria judicial, sucederá la violación del derecho al acceso a la justicia, la violación en la demora injustificada de los usuarios del servicio de justicia”.

El ex defensor público general Ernesto Pazmiño reconoce que la falta de recursos económicos puede generar complicaciones en el servicio de justicia, pero el problema de esta sector no es económico, sino que lo que falla es el modelo de gestión, su autonomía e independencia y la falta de liderazgo y conocimientos técnicos para conducirla.

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“La generalidad de los jueces y fiscales no están capacitados. Lo que debe funcionar adecuadamente es la Escuela de la Función Judicial, convertida en una universidad de posgrado para capacitar por cuatro años a quienes han ganado un concurso para ingresar como jueces, fiscales o defensores públicos. Si desean plata, que sea para ello y para fortalecer el sistema de justicia y no para ‘negociar’ algún contrato millonario”, anotó Pazmiño, quien cree que si el MEF no ha transferido los recursos necesarios, lo que procedía en este caso era una acción de incumplimiento.

Terán planteó insistentemente que existe una incoherencia entre lo orgánico funcional y la partida presupuestaria, es decir, el orgánico funcional es mayor y la partida presupuestaria es menor. No cree que el Gobierno o los encargados de las arcas fiscales deberían asustarse por entregar $ 265 millones, ya que es fácil resolver ese tema si se toca algo de los $ 8.200 millones existentes en las reservas internacionales y activos externos, refirió.

El penalista Miguel Revelo sostuvo que habría sido más fácil que Wilman Terán, como presidente de la Judicatura, presente un plan con las necesidades reales que tiene la Función Judicial y de esa forma, conforme determina la norma, exigirle al Ejecutivo, sin la necesidad de una acción de protección como ciudadano, que desembolse los valores que se requieren. Él ve muy difícil que un juez dé paso al recurso planteado.

Para el jurista, es indiscutible que la Función Judicial está en crisis y el hecho mismo de que no se tengan los materiales necesarios para trabajar evidencia esa crisis. Pese a ello, indicó, el problema no está únicamente en que no se dé dinero; para él, el problema está en que el CJ no planifica, en que se necesita personal competente y conocedor del manejo del sector público para que puedan planificar y con el dinero que se les entregue ejecutar esos procesos.

La jueza Pareja convocó para las 09:00 la reinstalación de la audiencia en el piso 11 del Complejo Judicial Norte, en Quito. Para ese punto, la magistrada no solo habrá analizado lo dicho en la diligencia del lunes último, sino también la información extra que solicitó respecto a que se determinen las fechas en las que se entregaron las asignaciones presupuestarias de manera anual a la Función Judicial desde el 2013 hasta abril del 2023 y cuáles son los productos que no se han realizado por parte del Consejo de la Judicatura. (I)