Que no se evidenció dolo y tampoco perjuicio económico, argumentos que entrarán en debate en la fase de apelación del caso de los helicópteros Dhruv

“Que en el mentado proceso contractual, de los hechos planteados, no se evidencian a su vez que los elementos planteados del tipo penal de peculado se encuentren, por ejemplo, aquel del verbo rector abusar (...). En tanto se insiste que las actuaciones —o si se quiere llamar conductas— no caen en la esfera de lo penal, por lo tanto no hay dolo. A lo cual se suma el siguiente elemento decidor que es el perjuicio económico, factor que en el presente caso tampoco se ha evidenciado”.

Ese es parte del argumento del fallo con el que el juez nacional Luis Rivera decidió sobreseer a las 18 personas que fueron acusadas por la Fiscalía de un peculado que comprende hechos relacionados con el proceso preparatorio, precontractual, contractual y de ejecución relacionado con la adquisición de siete helicópteros Dhruv por parte del Estado ecuatoriano, representado por el Ministerio de Defensa, y la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India, representada en Ecuador por la compañía Sumil C. A.

La primera en rechazar los argumentos del juez de la Corte Nacional fue la fiscal general, Diana Salazar. Ella dijo que planteaba de forma oral el recurso de apelación al auto de sobreseimiento, pues considera que existen los “suficientes” elementos de convicción que sustentan la acusación oficial de que en el caso existe el delito de peculado, así como la participación de los hoy favorecidos con el fallo de primera instancia.

Juez Luis Rivera dice que se recuperó ‘más del 100 % del dinero invertido’ en la compra de los Dhruv con el cobro de seguros por los cuatro helicópteros caídos que dejaron tres muertos

Fernando Gándara, abogado del general Carlos Morales, ex director ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional, luego de calificar como “profesional” el actuar de Rivera en este caso, resaltó el fallo en el que el juez determinó que no existe dolo ni peculado. Piensa que, aunque es un derecho de la Fiscalía el apelar la decisión, la institución no hizo un trabajo adecuado ni tuvo la correcta información.

“Este caso no debió haberse iniciado nunca. Para establecer el peculado debería definirse la lesividad, es decir, demostrarse en qué cantidad y matemáticamente establecer quién se benefició de ese valor. Peculado es el abuso de fondos públicos en favor del funcionario público o de una tercera persona. Eso jamás pudo demostrar la Fiscalía. (...) El Dhruv era el helicóptero más barato de todos los helicópteros ofrecidos y no se demostró que la calidad de la aeronave haya sido el problema por el cual se siniestraron”, explicó Gándara.

En ese sentido, el juez Rivera resaltaba que la contratación de los siete helicópteros Dhruv se realizó por $ 45 millones y que las siete aeronaves fueron aseguradas; y, si bien hubo cuatro aeronaves accidentadas, respecto de ellas la compañía de seguros canceló al Estado ecuatoriano aproximadamente $ 53 millones.

“El Estado ecuatoriano recibió por concepto de pago de seguros, adicionalmente existen tres aeronaves que siguen operativas, cuyo valor —a partir del contrato— cada una oscila en los $ 6 millones. Es decir, que si el valor del contrato fue por $ 45 millones, se pagó por el seguro de las aeronaves accidentadas 53 millones, aproximadamente, resultando por tanto una diferencia a favor del Estado no solo por el pago del seguro de las aeronaves accidentadas, más el valor de los tres helicópteros, ergo no se ha evidenciado perjuicio”, aclaraba el juez de la Corte Nacional.

Sobre la adquisición de los helicópteros Dhruv, el entonces presidente Rafael Correa sostenía que la decisión de comprarlos fue la correcta, pero “se tuvo mala suerte”. Aun así, afirmaba que su Gobierno tuvo todos los resguardos del caso: seguros, garantías y demás. Su ministro de Defensa, Fernando Cordero, sustentaba la teoría de que no existían pérdidas para el Estado, ya que en ese momento se habían recuperado más de $ 51 millones en seguros.

“Porque compramos esos helicópteros tan baratos, a $ 6 millones, $ 7 millones; ahora cuestan $ 16 millones, que el seguro nos reponía el valor actual del helicóptero. (...) El país no ha perdido un solo centavo. ¿Pero se perdieron vidas, presidente? Quién más que yo para sentir aquello”, apuntaba durante una de sus sabatinas Correa.

La docente universitaria y penalista Paulina Araujo critica el que se pretenda hacer creer que porque el seguro pagó ya no existe el delito de peculado. Eso, para ella, es un argumento “bien traído de los cabellos” en un caso en el que hay aeronaves que se accidentaron causando muertos y heridos, y otras que fueron declaradas inservibles.

Desde su perspectiva, en el caso Dhruv hay una contratación viciada desde la parte precontractual y luego de ejecución que derivó en la compra de objetos inservibles. “Que luego el seguro haya cubierto no quiere decir que nos alejamos de la conducta ilícita que parte del abuso de fondos públicos. (...) Las personas no actuaron de una manera mínimamente responsable en cómo se tenían que administrar los recursos públicos”, remarca.

Para Araujo, cuando se refiere a un delito de peculado se está hablando de que no solo se afecta el erario público (la plata pública), sino también la eficiencia y el correcto funcionamiento de la administración pública. La catedrática insiste en que, si estuvimos frente a la compra de objetos inservibles, es evidente —anota— que el “ejercicio del poder en la administración pública fue deficiente”.

Jeannine Cruz, miembro de la comisión que reconstruirá el informe sobre el asesinato del general Jorge Gabela, oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que mantenía que en la contratación de los helicópteros Dhruv existieron irregularidades, piensa que es inaceptable la decisión de un juez que tiene una “clara identidad política” y que ha sido muy funcional al Gobierno del 2008, que dio luz verde para la contratación.

¿Qué pasó con los siete helicópteros Dhruv que compró la Fuerza Aérea Ecuatoriana?

“Jamás debieron comprar los Dhruv. (...) El juez señala que la aseguradora ha cancelado los siniestros de los helicópteros. Por el primer helicóptero paga $ 5,6 millones; por el segundo helicóptero caído paga $ 16 millones; por el tercero, $ 13,8 millones, y por el cuarto, $ 16 millones. Quienes entendemos de contratación pública, en el momento de dar luz verde para la contratación hay esta aseguradora. Pero el problema va más allá: el problema es que existieron personas que fallecieron”, refirió Cruz.

El penalista Marcelo Dueñas no está de acuerdo con que se diga que el delito de peculado desaparece porque el procesado paga o reconoce el hecho cometido y pide disculpas. Para él, este es uno de los puntos en los que se centrará el debate en la fase de apelación.

“El peculado existe porque es una conducta que está tipificada en la norma penal. La conducta puede ser haber favorecido de manera directa, haberse beneficiado de fondos públicos, haber favorecido a un tercero para la adquisición. Esto tiene que ver con el fondo público; por eso constituye peculado. Y no por el hecho de que se haya cobrado una garantía, que es una póliza de seguros, desaparece la conducta”, sostuvo Dueñas.

Tres jueces que no hayan conocido nada relativo al proceso por peculado deberán, por sorteo, hacerse cargo de la audiencia de apelación a la que se llegará una vez se dé paso a la petición escrita que presente la Fiscalía. El tribunal deberá escuchar los argumentos de las partes procesales que intervengan en una diligencia. (I)