A través de un oficio entregado en la Asamblea Nacional, la vicepresidenta Verónica Abad acusa al presidente de la República, Daniel Noboa Azín, de cometer delito de sedición y pide fiscalizar y censurar a ocho ministros de Estado incluida a la vicepresidenta encargada, Cynthia Gellibert, por presuntamente vulnerar el ejercicio de sus funciones.
Abad remitió el oficio a la presidenta encargada de la Asamblea, Esther Cuesta, para que tramite la solicitud de fiscalización y control al ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo; ministro de Gobierno, José de la Gasca; ministra del Trabajo, Ivonne Núñez; ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega; al ministro de Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo; a las dos vicepresidentas de la República encargadas, Sariha Mora y Cynthia Gellibert; y, al secretario general de la Vvicepresidencia, Juan Francisco Román.
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El delito de sedición está tipificado en el artículo 342 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con una pena de cárcel de cinco a siete años.
“Art. 342.- Sedición.- Las o los servidores militares o policiales que empleando armas, con el fin de impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigente, serán sancionados con pena de privación de libertad de uno a tres años, cuando realicen cualquiera de los siguientes actos:
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1. Desobedecer, dentro de una operación militar o policial, órdenes legítimas recibidas.
2. Pretender impedir la posesión de cargo de un superior o destituirlo de su función.
La o el servidor militar o policial que incite a miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional a cometer actos de sedición, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.
La o el servidor militar o policial que haga apología de este delito o de quienes lo cometan, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a un año.
La o el servidor militar o policial que no adopte las medidas necesarias o no emplee los medios racionales a su alcance para evitar la sedición en las unidades o servicios a su mando o que, teniendo conocimiento de que se trate de cometer este delito, no lo denuncie a sus superiores, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a un año.
Si los hechos tienen lugar en situación de peligro para la seguridad de la unidad o del servicio frente a las o los sediciosos, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Si los hechos tienen lugar, en situación de conflicto armado, estado de excepción, peligro para la seguridad de la unidad, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años”, recoge el COIP.
Según Abad menciona en el oficio, el presunto delito se habría cometido el pasado 23 de diciembre cuando, junto con su equipo de trabajo, acudió a las oficinas de la Vicepresidencia de la República en Quito para retomar el despacho de las actividades inherentes al cargo y se encontró con que la institución estaba militarizada.
“La razón de la militarización responde, según lo informado por los agentes militares a mi equipo de trabajo, a una disposición por parte del presidente de la República de que se me impidiera el ingreso a mi despacho”.
Afirma que dentro de la instalación de la Vicepresidencia decenas de funcionarios estuvieron retenidos e impedidos de salir de la instalación, debido a que la fuerza militar no solo bloqueó su entrada al edificio sino también la salida de los servidores públicos que se encontraban adentro, obstaculizando no solo la movilización de aquellas personas en contra de su voluntad, sino también impidiendo que la institución funcione con normalidad.
Ante estos hechos, cuenta, que se dirigió a la Fiscalía de Flagrancia a informar “del cometimiento de estos actos que se adecúan al presunto delito de sedición y que fueron cometidos de manera flagrante”.
Simultáneamente presentó un acto urgente para obtener, conservar y preservar las evidencias de este delito que “fue cometido a ojos del mundo entero”. La petición dice que fue despachada por la Fiscalía de Flagrancia, pero un juez negó la petición.
En tanto, este jueves mediante el decreto n.° 512, el presidente Daniel Noboa ordenó mantener la designación como vicepresidenta de la República a Cynthia Gellibert Mora, quien previamente ejercía como secretaria general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia.
De acuerdo con el texto, la designación se mantiene hasta que Abad “se presente y tome posesión de las funciones asignadas mediante Decreto Ejecutivo n.° 490 de 23 de diciembre de 2024, en la Embajada del Ecuador en la República de Türkiye”.
Abad Rojas fue designada el pasado 23 de diciembre de 2024 como consejera con funciones temporales en la embajada del Ecuador en la República de Turquía, pero no se ha presentado en el cargo, lo cual, según la Presidencia, “evidencia un incumplimiento con las funciones asignadas, situación que configura fuerza mayor y ausencia temporal del cargo”. (I)