La Asamblea Nacional, con 106 votos, aprobó en segundo y definitivo debate el proyecto de ley orgánica de participación de las rentas del Estado, que busca asignar recursos a Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos por la industrialización del petróleo.

El texto aprobado tiene como objeto regular la participación de los Gobiernos autónomos descentralizados en las rentas del Estado y sus empresas públicas que se generan por industrialización de petróleo en las provincias, cantones o parroquias rurales de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos.

Según el texto, los recursos que se obtendrían por la aplicación de esta ley se distribuirán de la siguiente manera: el 10 % para los Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales del cantón donde se industrialice el petróleo; en el caso de Santa Elena, el porcentaje se distribuirá entre las parroquias Ancón, José Luis Tamayo, Anconcito y Atahualpa; y entre las parroquias rurales del cantón Libertad que se crearen en el futuro; el 50 % para los Gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos donde se industrialice el petróleo; y el 40 % para los Gobiernos autónomos descentralizados provinciales de los cantones del área de industrialización.

Tras la aprobación del proyecto a las 18:40 de este 26 de marzo de 2025, la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, resaltó que este proyecto permitirá a las tres provincias recibir regalías y que va a representar más obras para la gente para seguir dignificando la vida de los ciudadanos.

“Si el pleno de la Asamblea Nacional se trasladó a esta provincia es porque el Estado tiene una deuda pendiente con todos los esmeraldeños, una deuda que se deriva del abandono y el olvido de los últimos gobiernos”, subrayó Veloz, quien destacó que la provincia tiene una tasa de desempleo del 8,6 %, la más alta del país con un indicador de empleo adecuado con tendencia a la baja y el de subempleo con tendencia al alza.

Indicó que Esmeraldas es la tercera provincia del país con menor cantidad de empresas por cada 10.000 habitantes, con una tasa que ronda las 280 empresas, muy por debajo del promedio nacional, situado en unas 460. Además, dijo que tres de cada cuatro emprendimientos son creados en condiciones de subsistencia y franca necesidad. Fundamentalmente por eso y porque hoy seis de cada diez personas en la provincia de Esmeralda sufren pobreza multidimensional y el 26,5 % de la población vive en pobreza extrema.

Dijo que se trata de un paso histórico de sesionar en territorio por el bienestar de los esmeraldeños, y manifestó que espera que el proyecto sea sancionado y promulgado de forma inmediata en el Registro Oficial.

La asambleísta Victoria Desintonio (RC), ponente del proyecto, empezó dirigiéndose al presidente Daniel Noboa: que no fueron 3.900 barriles, sino 25.000 barriles de petróleo derramados en Esmeraldas; que la verdad no se tapa con discursos, sino que se enfrenta con responsabilidad. Cuestionó a la bancada ADN por señalar que la Revolución Ciudadana pretende hacer un “show político” en Esmeraldas.

La ley que se debate es un acto de justicia para tres provincias que han dado todo para el país: riqueza, desarrollo y trabajo. Cuestionó que tres días se demoró el Gobierno en llegar a Esmeraldas y tres días para declarar la emergencia, cuando las familias hervían agua contaminada para beber.

En Santa Elena hay desnutrición infantil que alcanza al 30 % de los niños menores de 5 años; en Sucumbíos no hay medicinas ni pupitres en las aulas de clase.

Los recursos se distribuirán un 10 % para las juntas parroquiales, 50 % para los municipios y el 40 % para las prefecturas de las tres provincias beneficiarias. Y además indicó que Flopec regresaría a Esmeraldas.

Samuel Celleri, de la bancada del PSC, manifestó que Esmeraldas sigue siendo el motor pujante del país, que ha enfrentado desastres naturales. Anunció su apoyo al proyecto de ley, así no lo haya presentado su bancada.

“Somos la única provincia que tiene una refinería de lata, donde en sus alrededor la gente sigue majando lodo y no tiene servicios básicos en sus alrededor. No venimos a solicitar favores ni a depender de la buena voluntad de nadie, sino exigir justicia y no la justicia de la vista gorda”.

El legislador Jhon Polanco (ADN) destacó que el petróleo ha financiado el crecimiento en el Ecuador y que la provincia de Esmeraldas ha sufrido contaminación, enfermedades y abandono por los Gobiernos anteriores; que la Constitución es clara, que el artículo 408 establece que los recursos naturales pertenecen al Estado y que estos deben generar beneficios para los Gobiernos locales.

Históricamente, Esmeraldas ha sido vista de lejos y marginada de la administración pública, especialmente en el correísmo, cuando atracaron a Petroecuador y se llevaron millones de recursos, y se puede ver quiénes están en las cárceles, otros con grillete y otros prófugos de la justicia.

Dijo que el actual Gobierno estudia la modernización de la refinería de manera técnica y sin corrupción, y que no se puede seguir permitiendo que este crecimiento económico no progrese.

Cecilia Baltazar, del movimiento Pachakutik, anunció el respaldo al proyecto, que a su criterio permitirá la distribución directa de los recursos a los Gobiernos autónomos descentralizados y que no se esperarán las dádivas del Gobierno central. Los recursos serán destinados a la entrega del agua potable, manejo de desechos sólidos, proyectos para proteger el medioambiente, entre otros.

Patricia Mendoza, de la Revolución Ciudadana (RC), comentó que la provincia de Esmeraldas ha sido olvidada por los últimos Gobiernos y que la provincia espera mucho como acción de retorno. Resaltó que el proyecto de ley que garantizará el cumplimiento del artículo 274 de la Constitución y que la propuesta hace justicia a la provincia verde frente al abandono estatal.

El proyecto de rentas petroleras no es solo es una iniciativa legislativa, sino un acto de justicia histórica, porque permite generar recursos de un dólar por cada barril refinado y que se traducirá en obras públicas para los esmeraldeños.

El proyecto aprobado pasará a conocimiento del Ejecutivo para su sanción o veto dentro de un plazo de 30 días. (I)