El presupuesto general del Estado (PGE) de 2024, valorado en $ 35.536,04 millones, que fue presentado por el presidente Daniel Noboa el 20 de febrero, no fue aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional durante la sesión realizada el jueves 21 de marzo. En su lugar, el Parlamento aprobó una moción que observa el contenido de la proforma presupuestaria; con ello, el jefe de Estado deberá pronunciarse en un plazo de diez días.

La primera moción que se sometió a votación fue la presentada por la asambleísta del oficialismo Nathaly Farinango (ADN), presidenta de la Comisión de Régimen Económico, quien planteó aprobar el PGE acogiendo las conclusiones y recomendaciones del informe no vinculante, que no fue aprobado en la mesa legislativa. La iniciativa obtuvo 32 votos positivos, 57 negativos, 0 blancos, 40 abstenciones. No fue aprobada.

Farinango, en su ponencia, señaló que el país atraviesa por una crisis económica, que se prevé que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) para el año 2024 sea de 0,8 %, lo cual deja a Ecuador fuera del promedio de proyección de crecimiento regional, que es del 1,4 %.

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La legisladora dijo que si bien el país vive días difíciles, también se viven días de esperanza por el combate contra la delincuencia organizada. Señaló que con medidas tributarias como la autorretención de grandes contribuyentes, la tarifa del ISD del 3,5 %, “las finanzas públicas se han permitido un respiro”.

“Hoy estamos en un momento de austeridad y sacrificio, para mañana poder tener paz, estabilidad, trabajo y progreso”, destacó y conminó a llegar a consensos mínimos para lograr gobernabilidad.

Defendió que la proforma presupuestaria ha sido elaborada de manera técnica y que transparenta la realidad económica del país. E hizo un llamado a vigilar la ejecución de los recursos. Afirmó que la proforma cumple con las metas constitucionales para los sectores de educación y salud.

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La segunda iniciativa que se puso a votación del pleno fue la moción de observación de la proforma, que fue impulsada por el asambleísta Jorge Álvarez, del Partido Social Cristiano (PSC) y vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico.

En una primera votación la moción de Álvarez no tuvo los votos suficientes para ser aprobada. Luego, su compañera de bancada Dallyana Passailaigue propuso la reconsideración de la votación, lo cual fue aceptado por la mayoría del pleno; y en la segunda oportunidad sí se aprobó la moción de observación, con 73 votos afirmativos, 35 negativos, 0 blancos y 23 abstenciones.

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La resolución propuesta por el vicepresidente de la comisión incluye varias observaciones al contenido de la proforma del presidente Daniel Noboa.

Por ejemplo, señala que se parte de “supuestos macroeconómicos subestimados, porque el crecimiento del 0,8 % del PIB no agrupa todo lo relacionado al impacto de los atrasos de parte del Gobierno central sobre la economía, la crisis de inseguridad, fenómenos naturales, decrecimiento en la producción petrolera y decrecimiento de los ingresos tributarios en el 3,4 % en relación con el codificado a diciembre de 2023″.

También se indica que a los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) les corresponde un total de $ 2.988,60 millones en asignaciones, pero la proforma contempla un monto menor, restando recursos por concepto del modelo de equidad territorial.

De igual manera, se sostiene que la preasignación a las universidades muestra una reducción de $ 75,26 millones, que responde al decrecimiento del cálculo de recaudación por concepto de IVA.

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Se disminuye el presupuesto para el sector de la salud. “Se evidencia un decrecimiento de bienes y servicios de bienes y servicios de consumo en $ 267,6 millones, que ante la falta de información por parte del Ministerio de Economía y Finanzas no se puede observar en cuáles rubros específicos se realiza este ajuste”.


En el sector de educación se observa un recorte del gasto en nómina por un monto de $ 11,8 millones, obras públicas en $ 114,1 millones. Además, si bien en la proforma se refleja un aumento en egresos de capital por $ 1.382,6 millones, no se especifica el plan de implementación.

La asignación para el grupo conformado por el SNAI, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno y otros tiene un incremento del 2,1 % ($ 41,8 millones). Sin embargo, el presupuesto total de la Policía Nacional se reduce en $ 26,9 millones.

En cuanto al Plan Anual de Inversiones (PAI), la resolución de Jorge Álvarez apunta que el monto proyectado para este rubro “es el menor registrado desde el periodo de análisis y el menor desde 2009″.

“Lo que en esta proforma presupuestaria se ha considerado como inversión (1.732,9 millones de dólares) no es tal, porque se introducen ítems que evidentemente son gastos y pasivos que no tienen la característica de inversión. Para entender, la real inversión en obra pública es de 379,9 millones de dólares, lo que es realmente criticable porque corresponde apenas al 1,07 %, lo cual es inaceptable”, dice el texto.

Una vez que el pleno de la Asamblea resolvió por mayoría observar la proforma de 2024, ahora le corresponde al presidente Daniel Noboa pronunciarse respecto de si acoge las observaciones o se ratifica en su propuesta.

Al respecto, la Constitución de la República establece que en caso de observación de la proforma o programación por parte de la Asamblea Nacional, la Función Ejecutiva, en el plazo de diez días, podrá aceptar dicha observación y enviar una nueva propuesta, o ratificarse en su propuesta inicial. El Parlamento, en los diez días siguientes, podrá ratificar sus observaciones, en un solo debate, con el voto de dos tercios de sus integrantes. De lo contrario, entrará en vigencia la programación o proforma enviada en segunda instancia por la Función Ejecutiva. (I)